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La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos denunció que se ha iniciado una nueva oleada de detenciones y ataques, coincidiendo con el tercer aniversario de las protestas contra las reformas del sistema de seguridad social, la falta de respuesta estatal al incendio en la Reserva Natural Indio Maíz y la represión violenta de los manifestantes.

Mary Lawlor destacó que desde 2018, cada 18 abril,día en que se iniciaron las protestas por las modificaciones al sistema de seguridad social, se ha convertido en un punto álgido de las manifestaciones que coincide con el aumento de la represión.

“Nicaragua no debe criminalizar prácticas legítimas como la participación en protestas pacíficas, especialmente si las personas defensoras se enfrentan a una detención prolongada”, dijo la relatora especial, y añadió que “el Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas”.

Dos ejemplos de maltratos de activistas en prisión: Celia Cruz y John Christopher Cerna Zúñiga

Lawlor destacó específicamente las detenciones de dos defensores de las garantías fundamentales, Celia Cruz y John Christopher Cerna Zúñiga, quienes habrían sufrido malos tratos en prisión.

Celia Cruz, mujer trans y activista de derechos humanos, fue detenida el 21 de abril de 2020 tras una serie de incidentes con las fuerzas de seguridad durante el aniversario de protestas en la isla de Ometepe.

La relatora destacó que, pese a su identidad de género, Cruz fue encarcelada en una prisión para hombres, dejándola expuesta a agresiones sexuales y violencia verbal. La defensora de los derechos humanos fue liberada el pasado 25 de abril tras un año de detención.

En el otro caso, el líder estudiantil y defensor de derechos humanos John Christopher Cerna Zúñiga fue detenido el 20 de febrero de 2020 y sentenciado a doce años de prisión por un delito relacionado con el “tráfico de estupefacientes”. Cerna Zúñiga alega que su detención estaría relacionada con su trabajo como activista de derechos humanos.

Según la información que tiene Lawlor, durante su estancia en prisión ambos habrían sufrido malos tratos, agresiones físicas, verbales y sexuales, falta de acceso a medicamentos y servicios médicos básicos, y reclusión en celdas de máxima seguridad con mayor vigilancia, registros y aislamiento.

La experta recordó que los defensores de derechos humanos continúan buscando la verdad, la justicia y la reparación de las personas asesinadas durante las protestas de 2018 y enfatizó que enfatizó que Nicaragua debe redoblar sus esfuerzos para garantizar el derecho a la reunión pacífica y la defensa de los derechos, especialmente en el marco de las elecciones generales previstas para noviembre de este año.

“La labor de las personas defensoras es más esencial que nunca. Su papel en la protección de los derechos humanos y la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”, recalcó Lawlor.

ONU Derechos Humanos rechaza el arresto de Cristiana Chamorro en Nicaragua

El representante para América Central de la Oficina de Derechos Humanos ha rechazado la orden de arresto, inhabilitación para cargo público y la persecución penal contra Cristiana Chamorro, una de las principales precandidatas presidenciales en Nicaragua.

“No puede haber elecciones libres y creíbles sin garantizar los derechos humanos de todos los candidatos y votantes”, dice Alberto Albrunori en un video publicado en Twitter, en referencia a los comicios previstos para noviembre. “Las acciones del ministerio público y el órgano judicial contienen elementos que dan la impresión de ser arbitrarios y de querer evitar que ella ejerza su derecho a la participación política presentándose a las elecciones de noviembre”.

La Oficina considera que estas medidas “unidas a la disolución de los partidos políticos, a los ataques continuados a la prensa y a la persecución penal a los integrantes de la Fundación Violeta Barro de Chamorro describen un escenario sombrío para los derechos humanos”. El representante reitera su petición al Gobierno de Nicaragua para que “garantice un proceso electoral democrático en el que todas las sensibilidades políticas se vean reflejadas y que cesen los ataques contra la oposición, la prensa independiente y la sociedad civil”.