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“Haber perdonado a los contratistas de Blackwater es una afrenta a la justicia y a las víctimas de la masacre en la plaza Nisour [de Bagdad], así como a sus familias”, aseveraron este miércoles los expertos* de la ONU en derechos humanos integrantes del Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios.

El Grupo advirtió que el perdón otorgado por el saliente presidente estadounidense Donald Trump a cuatro guardias de seguridad privados acusados de crímenes de guerra en Iraq viola las obligaciones que tiene Estados Unidos según el derecho internacional y socava las leyes humanitarias y derechos humanos a nivel global.

El pasado 22 de diciembre, Trump anunció su perdón a los cuatro contratistas de la empresa Blackwater que habían sido condenados en abril de 2015 por el asesinato de al menos 14 civiles desarmados, dos de ellos niños, en la concurrida plaza Nisour de Bagdad en 2007. Durante esa masacre también resultaron heridas 17 personas en una acción atroz que causó conmoción mundial.

Un tribunal de Estados Unidos procesó y halló culpables de múltiples crímenes a los mercenarios, sentenciando a tres de ellos -Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard-, a 30 años de prisión por intento y voluntad de asesinato; y dictando cadena perpetua para el cuarto, Nicholas Slatten, por asesinato en primer grado.

Puerta a la impunidad

La presidenta del Grupo de Trabajo, Jelena Aparac, recordó que las Convenciones de Ginebra “obligan a los Estados a hacer rendir cuentas a los criminales de guerra aun cuando éstos hayan actuado como contratistas privados de seguridad”.

En este sentido, los expertos llamaron a todos los Estados parte de esas Convenciones a condenar los perdones presidenciales.

“Garantizar la rendición de cuentas por esos crímenes es fundamental para la humanidad y para la comunidad de naciones”, recalcó Aparac.

Los especialistas aseveraron que los perdones, amnistías y otras formas de exculpación “abren la puerta a futuros abusos cuando los países contraten compañías militares y de seguridad privadas para ejercer funciones inherentes al Estado”.

En este sentido, el Grupo de Trabajo hizo patente una gran preocupación por la posibilidad de que al permitir que las empresas privadas de seguridad operen con impunidad en los conflictos armados se aliente a los Estados a evadir sus obligaciones con las leyes humanitarias, delegando cada vez más sus funciones militares al sector privado.

El Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios está integrado por Jelena Aparac, Lilian Bobea, Chris Kwaja, Ravidarn Daniel y Sorcha MacLeod.