Organización pide la destitución del director del SOAPAP

Hipólito Contreras

Este año se cumplieron siete años de privatización del servicio del agua en Puebla capital y municipios del área conurbada, durante este periodo la empresa Concesiones Integrales , o Agua de Puebla, que obtuvo la concesión por 30 años y con posibilidad de ampliarse hasta 60 más, ha incurrido en una serie de irregularidades y violaciones a los derechos humanos, al no garantizar los servicios a la población, afirmó Marco Antonio Mazatle Rojas, integrante del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano.

La empresa, aseguró, incrementó las tarifas en un 500 por ciento, ha cortado el servicio a más de cien mil familias en los últimos dos años a quienes cobra sin otorgarles el agua, estas acciones ilegales violan el artículo cuarto constitucional han sido solapadas no sólo por el gobierno del estado sino por el operador del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, Gustavo Gaytán Alcaraz, quien en lugar de vigilar el comportamiento de la concesionaria ha sido omiso, el año pasado la Comisión Inspectora del poder legislativo del Congreso aprobó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del SOAPAP, al encontrar elementos para iniciar un proceso penal y la inhabilitación como servidor público contra Gustavo Gaytán Alcaraz por presunta malversación del recurso público.

Indicó que actualmente el SOAPAP cuenta con un presupuesto anual de mil 400 millones de pesos, lo que se duplica por su recaudación, pero tiene una deuda de mil 572 millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el gobierno del estado tendrá que pagar en un plazo que concluye el 30 de julio del 2028.

Los poblanos desconocemos en qué se utilizó dicho recurso, las autoridades no han exigido al SOAPAP, ni el gobierno del estado ni el SOAPAP han hecho pública las listas de las compañías, los nombres de sus propietarios, no descartamos que la mayoría de las empresas han sido subcontratadas por Concesiones Integrales y quizás son propiedad de políticos morenovallistas debido a que a través de ellas el ex gobernador fallecido Rafael Moreno Valle habría pagado favores, mientras miles de poblanos no tienen agua, situación que resulta grave durante la pandemia porque aumentaría el número de muertes y contagios.

Aseguró que tampoco funcionan las 17 plantas tratadoras de aguas residuales pero la empresa cobra el saneamiento a los ciudadanos.

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