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“Se contrataron empresas que le cobran al gobierno por el servicio de los penales, o sea se privatizó también lo de las cárceles”, afirmó el presidente de México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obradr, dijo este jueves en su conferencia de prensa que el motivo por el cierre del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente con sede en Puente Grande, Jalisco; se debió a que gobiernos anteriores contrataron el servicio de “penales privados”.
“Todo era negocio, ayer estuvimos viendo, porque se está cerrando en penal de Puente Grande, porque se contrataron penales privados, o sea se contrataron empresas que le cobran al gobierno por el servicio de los penales, o sea se privatizó también lo de las cárceles, entonces estamos pagando por cárceles federales que no ocupamos, tenemos nueve mil espacios en cárceles federales, y tenemos que pagar como si estuviesen llenas, porque son los contratos que heredamos,
Entonces estamos apoyando a estados en donde las cárceles están saturadas, donde hay hacinamiento, y estos reclusorios como Puente Grande que estaba totalmente abandonando, y que tenía apenas 400 reclusos, le vamos a dar al terreno otra utilidad, vamos a hablar con el gobierno de Jalisco”, indicó el mandatario mexicano.
El gobierno mexicano anunció este lunes el cierre definitivo de la cárcel de Puente Grande, prisión del estado de Jalisco famosa por ser la primera fuga del capo del narcotráfico Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana notificó la clausura del Centro Federal de Readaptación Social número 2 “Occidente” del Sistema Penitenciario Federal en el Diario Oficial de la Federación.
Las personas ahí presas “serán trasladadas a los centros federales de readaptación social que determine el Comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento sus derechos humanos”, afirmó el acuerdo.
La cárcel de Puente Grande es una de las más conocidas en México por ser la prisión de la que “El Chapo”, ahora condenado y preso en Estados Unidos, se fugó en enero de 2001 al sobornar a los custodios tras estar detenido ahí desde 1995, después de su primera captura en 1993.
Años después, en 2015, “El Chapo” se fugó de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a través de un túnel, en su segunda huida de un penal mexicano.
Puente Grande también es conocido por los motines de sus reclusos de alta peligrosidad, como reflejó una riña reciente que en mayo dejó siete muertos y nueve heridos.
En julio, las autoridades federales trasladaron a más de 300 detenidos a otras prisiones con el argumento que eran medidas por la pandemia de la Covid-19, que ha dejado centenares de muertos en las cárceles mexicanas.
Asimismo, la prisión era famosa por las “narcofiestas” que realizaban los reclusos, como mostraron imágenes difundidas en abril pasado en las que presuntos reos y guardias bebían alcohol y se bañaban en una piscina dentro del lugar.
“Los derechos de los trabajadores adscritos laboralmente al Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, serán respetados conforme a la ley, por lo que serán reubicados en otros centros penitenciarios federales”, prometió el acuerdo de este lunes.
El anuncio ocurre justo un año después de la clausura de la vieja prisión de Topo Chico, inaugurada en 1943 y representativa de la violencia en las cárceles mexicanas, en la ciudad de Monterrey.
La pandemia de la Covid-19 también ha exhibido la crisis en las prisiones en México.
En las cárceles mexicanas hay al menos 3,350 casos de Covid-19 y 325 muertos entre presos y guardias, según la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal).
En su “Mapa Penitenciario de Covid-19”, AsiLegal también ha registrado 20 incidentes de violencia durante la pandemia.
En el acuerdo de este día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no precisó el plazo para cerrar el penal al señalar que los pasos pendientes “continuarán su trámite conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio, ante la autoridad penitenciaria correspondiente”.
También estableció que la Secretaría “determinará en su momento el destino final del bien inmueble”.
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