Son las grandes empresas agrícolas las que acaparan el agua en el país, denuncia analista

Hipólito Contreras

El gobierno mexicano abandonó el campo hace sexenios, medianos y pequeños productores regionales carecen de información para desarrollar en el corto plazo su empresa y no tienen una diversificación productiva que les permita utilizar mejor la infraestructura, sus accesos al agua de riego son complicados y costosos, son los grandes productores los que la acaparan, afirma la analista Abigail Angélica Correa Cisneros.

Esto, señaló, los pone en desventaja con los rancheros que cuentan con lo necesario para sacar a flote la producción, empiezan a acaparar los recursos, en este caso el agua, y dejan al resto librando día a día los problemas para subsistir.

El caso de Chihuahua en el acaparamiento del agua no es aislado, señaló, la pugna por el agua está en gran parte de México. Hace unos días el Frente Campesino en Defensa del Agua y la Tierra, denunció que persisten los malos manejos en módulos de riego en Coahuila. Hay huachicoleo de agua destinada al riego agrícola.

La Universidad de Chapingo presentó una medición satelital, pagada por la Conagua, donde se demostró que el ciclo agrícola 2019 tuvo un excedente de 20 mil hectáreas en el Distrito 017. Los afectados denunciaron que hay robo de agua en donde están involucradas las mesas directivas de los módulos y el personal de la Comisión en la región. El saqueo representa un monto mayor a los 200 millones de pesos.

Por ejemplo, empresas como Ara y GEO en Ixtapaluca, Estado de México, tienen concesiones para “uso agrícola,” un uso exento del pago de derechos, pero sus pozos están rodeados por inmensas unidades habitacionales.

El artículo 4º de la Constitución mexicana afirma que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.”

Sin embargo, 47 por ciento de los mexicanos no tiene acceso constante al agua potable. Según el artículo 2 Constitucional, los pueblos indígenas tienen el derecho al uso preferente y a la administración de las aguas en los territorios que habitan u ocupan, pero la Conagua está otorgando enormes volúmenes de agua a las comisiones estatales de agua, como base para acueductos que despojarían a zonas indígenas y campesinas para surtir a megaproyectos urbanos industriales o extractivos, como parte del “uso público urbano.”