Excelsior

Por medio de recursos legales que pueden estar años en revisión, algunos jueces y magistrados se resisten a acatar medidas y sanciones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Es el caso de 35 juzgadores que recurrieron a la Corte para frenar su traslado a otros estados, luego de que el CJF decidió reasignarlos por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción.

Mediante las llamadas revisiones administrativas, que resuelven de manera inapelable cualquiera de las dos salas de la SCJN, los jueces argumentan motivos familiares, personales e incluso académicos para revertir los cambios de adscripción.

Además, algunos jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por evidente incompetencia durante la administración del ministro Arturo Zaldívar, también buscan que la Corte revierta su castigo.

En febrero, el CJF destituyó y multó a dos magistrados federales en Campeche por “notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”.

Magistrados y jueces defienden zona de confort

Pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido readscribir a jueces y magistrados por diversos motivos, ya sea por necesidad, nepotismo o sospechas de corrupción, al menos 35 juzgadores han buscado frenar sus traslados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por diversas razones, como el que se encuentran estudiando algún posgrado, motivos familiares, cuestiones personales, entre otros, los impartidores de justicia tratan de revertir las determinaciones del CJF mediante las llamadas revisiones administrativas.

Y no sólo eso, también algunos de los jueces y magistrados sancionados, suspendidos o cesados por “notoria ineptitud” durante la administración del ministro presidente Arturo Zaldívar, también buscan que la Suprema Corte de Justicia revierta su castigo.

La decisión está en manos de cinco ministros de alguna de las dos salas que componen el máximo tribunal del país luego de que alguno de ellos realice el respectivo proyecto de sentencia, el cual será inapelable.

Por ejemplo, en febrero pasado el Consejo de la  Judicatura Federal determinó destituir a dos magistrados federales en el estado de Campeche por “notoria ineptitud y faltar a su declaración patrimonial, así como desempeñar su cargo obteniendo beneficios adicionales”.

Tras una serie de investigaciones iniciadas el año pasado por la Comisión de Disciplina a raíz de denuncias, los consejeros de la Judicatura impusieron también a ambos magistrados de circuito sanciones económicas.

Se trata de David Alberto Barredo Villanueva y Freddy Gabriel Celis Fuentes, únicos magistrados designados para el estado de Campeche dentro del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.

Ambos juzgadores interpusieron ante la Corte un recurso de revisión administrativa, el cual sigue en curso, con el objetivo de revertir la determinación del Consejo y volver a sus puestos.

El Consejo de la Judicatura también determinó la destitución de un juez de distrito en el estado de Veracruz, por actos de corrupción, con lo que suman tres juzgadores removidos de sus cargos en menos de un mes.

Se trata de Anuar González Hemadi, de Veracruz, quien se encontraba suspendido desde marzo de 2017, luego de que otorgara un amparo a item, acusado de abusar sexualmente, junto con otros dos jóvenes, de una menor de edad en 2015.

Este juzgador también impugnó su destitución ante la Suprema Corte. Se espera que el próximo año se resuelva su caso.

También una magistrada federal de Querétaro que fue readscrita a otro estado de la República por el Consejo de la Judicatura Federal alegó ante la SCJN el interés superior de su menor hijo para evitar el cambio de sede.

Ella ya fue enviada a otro circuito, sin embargo, si la Corte concluye que se deben proteger lo derechos del infante, podría volver a Querétaro.

Desde finales de noviembre de 2017 a diciembre de 2018 un total de 16 funcionarios judiciales, 14 de ellos jueces y magistrados, fueron sancionados por el CJF por  indisciplina.

Los castigos impuestos van desde apercibimientos privados y amonestaciones hasta suspensión en siete casos y la destitución de un juez de distrito.

En otro tema, el pasado jueves el Consejo de la Judicatura aprobó un Plan integral de combate al nepotismo.