Animal Político

La investigación por la cual México solicitó a Reino Unido la extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, señala que bajo su gestión como presidenta del DIF estatal el organismo entregó 112 millones de pesos a seis empresas fantasma por servicios que no se llevaron a cabo, y que fue ella quien ordenó que se agilizaran esos pagos.

El documento de la acusación, del que Animal Político tiene copia, señala que esto es equiparable a un delito de fraude específico cometido en agravio del erario público, y que ameritaría para Karime Macías una pena que va de los 5 a los 12 años de prisión, en caso de que sea encontrada culpable.

La carpeta de investigación que dio pie a la orden de aprehensión girada en contra de Macías el 25 de mayo de 2018 por un juez de Veracruz, fue integrada por el Ministerio Público bajo la gestión del entonces fiscal del estado, Jorge Winckler.

En aquel momento la Fiscalía informó que se había corroborado un daño patrimonial a las finanzas públicas, como resultado de una serie de contratos que el DIF local entregó a seis empresas que no tenían ninguna capacidad material ni humana para entregar los productos.

“Los contratos fueron para la supuesta adquisición de equipo médico, multivitamínicos, sistema de captación de agua, sistema de purificación pluvial, sanitario biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros, sin que existan datos o evidencia alguna de que estos hayan sido entregados a la población vulnerable que debiera atender esta dependencia”, declaró Winckler tras anunciar la orden.

Entre las pruebas que sustentan la referida investigación se encuentran copias de los contratos firmados con seis proveedores: Grupo Balcano SA de CV; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA SA de CV, todas ellas empresas ya catalogadas por el SAT como simuladores de operaciones. Es decir, compañías fantasma.

Además la Fiscalía cuenta con la declaración ministerial del exdirector del DIF Juan Antonio Nemi Dib, quien sostuvo que recibió supuestas instrucciones verbales de Macías para acelerar los pagos a las mencionadas empresas.

En agosto pasado Animal Político reveló la nota diplomática que México envió al Reino Unido, para pedir la extradición de Macías. El documento confirma que la petición obedece a la orden de aprehensión girada por el juez de Veracruz, por el mencionado delito.

Aunque la orden de aprehensión se giró desde mayo de 2018, la misma fue enviada al Reino Unido hasta octubre, y posteriormente se le hicieron varias correcciones, lo que provocó que el proceso se retrasara. Fue apenas la semana pasada cuando autoridades británicas citaron finalmente a Macías a comparecer, para ser notificada del proceso.

Caso débil y sin sustento: defensa
El equipo de defensa de Karime Macías, encabezado por los abogados Marco del Toro y Pablo Campuzano, sostuvo que la acusación en contra de su clienta es débil y carece de fundamento, por lo que adelantaron que de momento no piensan aceptar la extradición a México, y pelearán en los tribunales británicos para que la misma no se consume.

En México los abogados han intentado promover diversos recursos para anular la orden de aprehensión girada en mayo de 2018. A principios de octubre un juez rechazó conceder una demanda de amparo, pero los litigantes promovieron un recurso para que sea un tribunal federal el que revise el caso.

Los argumentos centrales de la defensa se enfocan en que la Fiscalía de Veracruz intenta imputar a Macías hechos en los que no tuvo participación, pues los contratos presuntamente irregulares no fueron firmados por ella, toda vez que el cargo de presidenta del DIF era honorífico y no tenia participación en decisiones administrativas.

Los abogados subrayaron además que el testimonio de Nemi Dib en contra de Macías carece de validez, pues el mismo exfuncionario promovió posteriormente una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, acusando que fue obligado y supuestamente torturado para inculpar a Macías.

Finalmente la defensa sostiene que el caso no tiene coherencia, pues se señala a la esposa de Javier Duarte de ordenar pagos a empresas sin que quede claro cómo es que ella se pudo beneficiar de eso.

Pagos fantasma fueron mucho mayores
La acusación que dio pie a la orden de aprehensión sostiene que el DIF de Veracruz entregó a seis empresas fantasma pagos por 112 millones de pesos, sin embargo, una investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad comprobó que los pagos fueron mayores.

La revisión de contratos y facturas obtenidos vía transparencia permitió identificar que el DIF Estatal dispersó 415 millones de pesos a un total de 33 empresas, entre ellas las seis señaladas en la acusación de la Fiscalía estatal.

Todas estas empresas forman parte de una misma red de 400 empresas fachada o de papel creadas por un despacho de contadores encabezado por Víctor López Gachuz, y que en total recibió más de 3 mil 600 millones de pesos provenientes de una decena de dependencias distintas en la administración de Javier Duarte.

Algunas de esas empresas no solo fueron utilizadas para recibir contratos sino también para triangular recursos y enviarlos a diversos fines. Por ejemplo, se comprobó que una empresa de esta red inyectó ilegalmente recursos en 2012 a la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.

El caso federal pendiente
Desde hace tres años la entonces PGR tiene abierta una carpeta de investigación federal por presunto enriquecimiento ilícito y fraude fiscal en contra de Karime Macías, que hasta la fecha no ha sido enviada ante un juez.

Lo anterior pese a que a través de diversos peritajes especializados en materia de contabilidad y evolución patrimonial se detectaron por lo menos 20 millones de pesos en cuentas bancarias relacionadas con Macías y sus familiares, que no tendrían una justificación en algún tipo de actividad lícita.

En diciembre de 2018 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público Federal por este caso, requisito indispensable para que la investigación pudiera ser judicializada por tratarse de delitos fiscales. Pero hasta ahora no se ha informado de algún avance en torno al caso.

Una situación distinta es la de Mónica Macías Tubilla, hermana de Karime Macías, a quien sí se le giró una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal por un monto que superaría los tres millones de pesos, e incluso se solicitó su localización a través de una ficha roja de INTERPOL. Las autoridades aun no han confirmado si esta orden ya pudo ser cumplimentada.

La extradición… ¿para cuándo?
Especialistas en Derecho internacional consultados por Animal Político indicaron que si la defensa de Karime Macías pretende combatir la solicitud de extradición – como sus abogados prevén hacerlo – el procedimiento judicial en el Reino Unido podría tomar de tres a seis meses antes, de que se tome una determinación.

La forma en que debe llevarse a cabo el procedimiento está regulado por un tratado de extradición que México y el Reino Unido firmaron desde el Siglo XIX (1887), pero que continúa vigente hasta la fecha.

Una de las particularidades que tiene el tratado específico entre ambos países es que contempla la valoración de las pruebas por parte de la autoridad que debe entregar a la persona fugitiva (en este caso el Reino Unido), para determinar si las mismas son suficientes y sustentan la apertura del procedimiento penal. Si dichas pruebas se consideraran insuficientes, la extradición podría ser negada.

Ayer se dio a conocer que mientras se desarrolle el juicio de extradición Macías podrá permanecer en libertad pero bajo diversas restricciones de movimiento. Cabe recordar que la esposa de Javier Duarte vive en el país británico desde hace mas de dos años y, en su momento, tramitó una solicitud de asilo político.