Gamaliel Jiménez
En apretada votación y apenas por la minima diferencia, los diputados locales aprobaron en lo general y lo particular, reformas y adiciones a la Ley de Ecología del Estado de Tlaxcala, en la que establecieron la prohibición a los establecimientos comerciales del uso de bolsas de plástico, popotes, y artículos de unicel.
En sesión ordinaria, los legisladores locales tlaxcaltecas, pretende inhibir el uso de los derivados del polietileno y poliestireno, específicamente a los de un solo uso, con el fin de reducir el uso de estos materiales, que son parte de los contaminantes principales que se generan en el mundo.
Por tal motivo, y pese a la controversia generada en el pleno del Congreso, los congresistas avalaron esta norma que prohibirá a los establecimientos mercantiles que prestan sus servicios en la entidad usen bolsas, popotes y envases no biodegradables así como los derivados del poliestireno (unicel) con fines de envoltura, transportación, carga, traslado y consumo de alimentos y bebidas.
Además, establecieron la imposición de multas para aquellos comercios que incumplan con la norma que dependiendo de la causal y gravedad pueden ir de los cinco a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente en la entidad; es decir, desde 422.45 pesos a los 422 mil 450 pesos, las cuales serán aplicadas por la Coordinación General de Ecología.
De igual forma, establecieron que las autoridades destinarán recursos y difundirán la aplicación de sus medidas de concientización a la ciudadanía sobre esta nueva disposición y para incentivar a la gente para que vaya dejando de usar estos artículos.
Pese a que al final, en la discusión en lo particular uno posiciones encontradas entre la diputada del PVEM, Maribel León Cruz y el diputado perredista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, con respecto al contenido de los artículos transitorios, al final el dictamen sufrió ligeras modificaciones.
De esta manera establecieron que la entrada en vigor será un día después de su publicación, mientras que las multas y la modificación que deben hacer los ayuntamientos a sus ordenamientos en la materia, será a partir del 2019.
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