Rossi A. G.
· Para el Dr. Manuel Guerrero, director del Departamento de Comunicación, la propuesta legislativa convertiría a medios públicos en espacios propagandísticos
· La Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que determina que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional
Otorgar el control de los medios públicos a la Secretaría de Gobernación (Segob) es una “tentación autoritaria”, afirmó el Dr. Manuel Alejandro Guerrero, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
De acuerdo con el académico de la IBERO, las modificaciones hechas por los legisladores al artículo 27 de la LOAPF, cuya redacción determina que la Segob será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, convertiría a los medios públicos como Canal 11, Canal 22, TV UNAM, IMER, entre otros, en espacios propagandísticos del gobierno en turno.
Advirtió que sería inconstitucional si el Senado aprueba estos cambios y un freno a los avances en la materia, que desde 2013 se logró con reformas a las telecomunicaciones y la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).
“Se trata de un grave retroceso porque se está confundiendo el significado de sistema público de radiodifusión con uno gubernamental. La experiencia mundial nos dice que cuando los gobiernos controlan los medios públicos la tentación es que se conviertan en vocerías de los gobiernos en turno. Si no hay todas las precauciones para garantizar la autonomía de estas entidades, terminan siendo capturadas por los intereses políticos y eso es peligroso”, alertó Guerrero Martínez, investigador y autor del texto Los medios de comunicación y el régimen político (2010).
Añadió que de aprobarse la iniciativa, se acabaría con el SPR como se conoce hasta ahora: autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, presupuesto y decisiones propias, ya que el presupuesto saldría de Segob, entidad que quedaría como la responsable de los contenidos y la difusión.
“Aunque no tenga la capacidad de crear contenidos, Segob supervisaría los canales 11, 22 y TV UNAM (entre otros) y perderían autonomía. Asimismo, sería la responsable de la distribución de las señales, lo cual significa un retroceso porque un sistema público de radio y televisión no lo queremos como un sistema de propaganda de los gobiernos”.
Afirmó que es un despropósito tener canales pagados por el erario (gubernamentales como TV Mexiquense, por ejemplo) cuando se convierten en vocerías o en distractores para que la gente esté alejada de lo que debe ser la intención real, es decir, la formación del ciudadano, la discusión de los problemas sociales y las miradas y las voces que no están representadas en los medios comerciales. Todo esto se pierde cuando los canales se convierten en vehículos propagandísticos.
Guerrero dijo que no se puede dejar de lado la Ley de Publicidad Gubernamental, misma que da a la Segob el control absoluto de la supervisión de las campañas y los mensajes, con lo que concentra completamente el poder de comunicación. “Si a eso le sumamos el control de medios públicos, entonces tenemos una ‘secretaría de comunicación gubernamental y supervisión de contenidos’, lo que contraviene la intención de tener una sociedad más libre, democrática y abierta”.
Hace unos días, alrededor de 42 organizaciones, 103 especialistas de medios de comunicación y universidades firmaron el desplegado de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que pide al Senado y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador detener las reformas avaladas por los diputados, ya que representa un grave error en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
Destacaron que la Segob no deberían tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión. Mencionaron que los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión establecen que la regulación de los medios estará a cargo de autoridades independientes del poder político o económico, y que los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el derecho a la información que tienen los ciudadanos.
“La participación de la Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato”, recordaron.