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El juez Carlos Giovanni Ruano, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala, enfrenta un proceso de antejuicio que busca retirarle la inmunidad para que la Fiscalía pueda abrir un proceso penal en su contra, en un caso que podría ser una represalia por su labor oficial en un caso de corrupción en las altas esferas del gobierno.

La relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados* expresó su grave preocupación por el caso, subrayando la importancia de la independencia del poder judicial.

“Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben estar sujetos a medidas penales o disciplinarias por el desempeño de sus funciones”, dijo Margaret Satterthwaite.

El proceso de antejuicio

La experta detalló que el procedimiento de antejuicio en contra del juez Ruano “pretende retirarle la inmunidad de la que gozan los jueces contra la persecución penal indebida” y afirmó que esa inmunidad “es esencial para la función judicial, ya que protege a los jueces de influencias o intimidaciones indebidas”.

En Guatemala, los jueces, ministros, diputados y el presidente deben pasar un proceso de antejuicio antes de ser investigados por el Ministerio Público. Se trata de un derecho que les da inmunidad frente a denuncias en su contra.

Cuando la denuncia es contra un juez, la Suprema Corte de Justicia decide si la denuncia procede y, de ser así, asigna a un juez pesquisidor que escuchará al denunciado y al denunciante para después recomendar si se le debe o no retirar la inmunidad al impugnado, en cuyo caso la Fiscalía puede empezar una investigación.

La Corte Suprema de Justicia evalúa entonces la recomendación del juez pesquisidor y puede ordenar que se le retire la inmunidad al juez en cuestión.

Magistrada de la Suprema Corte

El magistrado Carlos Giovanni Ruano es acusado de haber grabado a una magistrada precisamente de la Corte Suprema de Justicia, presionándolo para que dejara salir de la cárcel a su hijo. La solicitud de antejuicio fue presentada en octubre pasado, tan sólo un mes después de que esa magistrada se hubiera reinstalado en el máximo tribunal del país.

La relatora especial se refirió con alarma a los patrones de criminalización contra operadores de justicia que se han desempeñado en casos de corrupción o de serias violaciones de derechos humanos en Guatemala.

Satterthwaite afirmó que este caso parece representar el más reciente de una serie de ataques en contra de juezas, jueces y fiscales, e instó a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar su protección.

Abuso de la ley

Más aún, la experta advirtió que en Guatemala “se está abusando de la ley penal para apuntar a los operadores de justicia, las mismas personas que protegen y garantizan los derechos humanos, quienes están fortaleciendo el estado de derecho y dando grandes pasos en la lucha contra la impunidad en el país”.

En este sentido, urgió a las autoridades a tomar medidas de emergencia que garanticen que los jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales no sufran agresiones ni represalias por su trabajo.

La relatora especial de la ONU ha estado en contacto con el gobierno guatemalteco para plantearle su preocupación al respecto.