EL UNIVERSAL

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos agentes de seguridad privada y el migrante que originó el incendio registrado el lunes pasado en la Estancia Migratoria Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 personas.

Se precisó que el migrante responsable está hospitalizado y en breve será dado de alta.

La fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, dio a conocer que hasta ayer ya se habían cumplido cinco de las seis órdenes de aprehensión que se giraron “por el delito de homicidio doloso, así como con dolo eventual y por delito de lesiones en contra de 67 extranjeros: 12 salvadoreños, un colombiano, 12 venezolanos, 28 guatemaltecos y 14 hondureños”.

Sobre dos órdenes más de aprehensión que están pendientes, la funcionaria indicó que ya se están analizando y se hacen las diligencias para que sean fundadas y motivadas.

La fiscal refirió que la estancia, de acuerdo con los documentos oficiales, está a cargo de la oficina de representación del INM en Chihuahua, que es supervisada por la dirección que coordina las oficinas estatales.

“Analizamos esta cadena de responsabilidades para saber qué acciones u omisiones sean punibles, es que nosotros vamos a hacer la investigación… la FGR seguirá analizando obligaciones y posibles acciones u omisiones y en su caso solicitar órdenes de aprehensión, vamos a actuar con transparencia. Vamos a proteger los derechos humanos de las víctimas y de los imputados”, enfatizó.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, remarcó que no habrá impunidad y se actuará contra quienes sean responsables de la tragedia, pues no se protegerá a nadie y se llegará hasta sus últimas consecuencias.

“La investigación, reitero, está a cargo de la Fiscalía General de la República, y del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades, sin importar quién sea. Repito, no habrá impunidad. Lo digo de manera más coloquial, hasta donde tope”, afirmó la funcionaria.

Precisó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador se iniciará un proceso para lograr la reparación del daño a los familiares de las víctimas mortales.

“Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción; sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas.

Rodríguez Velázquez aseguró que el gobierno federal tiene como alta prioridad el respeto a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su condición migratoria: “Por eso refrendamos nuestra solidaridad con las familias y naciones hermanas afectadas por los hechos”, apuntó.

En este sentido, informó que se estableció una mesa de trabajo con personal del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que hay representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela para apoyar en todos los trámites que se requieran para las víctimas y sus familias.