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El relator* especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, ha instado este viernes a las autoridades guatemaltecas a reforzar la protección del poder judicial y de los funcionarios públicos del país, después de que un magistrado encargado de juzgar los casos presentados contra altos funcionarios del Gobierno indicara que había sido amenazado y perseguido por desconocidos.
“Estoy muy preocupado por una serie de acciones recientes destinadas a debilitar el Estado de derecho y la independencia judicial en Guatemala”, ha declarado el experto en derechos humanos de la ONU.
“Se está abusando del derecho penal para atacar a funcionarios públicos y de la justicia, las mismas personas que protegen y garantizan los derechos humanos, que están fortaleciendo el estado de derecho y haciendo grandes avances en la lucha contra la impunidad en el país”, dijo.
“Recuerdo a Guatemala su obligación de investigar con prontitud los actos de hostigamiento o amenazas contra los jueces”.
Vigilancia y acoso
Los jueces Yassmín Barrios, Miguel Gálvez, Erika Aifán y Pablo Xitumul presentaron el 21 de junio una solicitud a la fiscalía en la que afirmaban estar sometidos a una mayor vigilancia y acoso.
Los referidos jueces juzgan casos de que involucran a funcionarios del gobierno pasado o actual, miembros de poderosas pandillas y miembros de las organizaciones militares o paramilitares. Los tribunales especiales han condenado a altos funcionarios, como el expresidente Efraín Ríos Montt.
Tales tribunales se crearon para ayudar a reforzar la independencia del poder judicial guatemalteco y combatir la corrupción; los jueces asignados a ellos se consideran muy competentes.
Los cuatro se enfrentan a más de 30 cargos penales, algunos de ellos de hace varios años. Han pedido al Fiscal General que desestime las denuncias espurias o mal fundadas presentadas como represalia por el desempeño de sus funciones oficiales con independencia. “Es evidente que muchos de estos casos, aunque sean frívolos, se arrastran para presionar a los jueces”, dijo García-Sayán.
El experto de la ONU también expresó su alarma por las decisiones de la Corte de Constitucionalidad de levantar la inmunidad que había protegido a los jueces Aifán y Xitumul contra el procesamiento en casos separados en su contra.
“Guatemala debe dejar inmediatamente de abusar de la ley para acosar a los jueces”, dijo el experto independiente. “Si esta tendencia tan preocupante continúa, los fiscales, abogados y testigos en casos relacionados con la lucha contra la corrupción o la justicia transicional también pueden verse amenazados”.