El Salvador consigue vencer definitivamente a la malaria

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La confirmación del hito llega como resultado de un compromiso por parte del Gobierno y los salvadoreños durante cincuenta años, en un país con alta densidad de población y cuyas características geográficas propician la enfermedad.

El director general de la Organización, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, se sumaba a la celebración al declarar que “la malaria ha afectado a la humanidad durante milenios, pero países como El Salvador son una prueba fehaciente e inspiración para todos los países que nos atrevemos a soñar con un futuro libre de malaria”.

El país centroamericano ha logrado disminuir la enfermedad de forma sostenida durante los últimos treinta años, con la excepción de un brote en 1996, con una continua disminución de casos que van de 9000 en 1990 a 26 en 2010. Desde el año 2017, El Salvador no ha notificado ningún caso autóctono de la enfermedad.

Durante los últimos años, Paraguay en 2018 y Argentina en 2019 lograron la misma certificación que hoy obtuvo El Salvador. Entre 1962 y 1973 siete países de la región obtuvieron este reconocimiento que también han alcanzado treinta y ocho países y territorios a nivel mundial.

Breve historia de la malaria en El Salvador

La batalla contra la enfermedad en El Salvador se inició en los años cuarenta del pasado siglo mediante el control del vector de la malaria, los mosquitos, con la construcción de los primeros drenajes permanentes en los pantanos, seguido por el rociamiento de interiores con el plaguicida DDT.

A mediados de los años cincuenta, la nación centroamericana impulsó una Campaña Nacional Antipalúdica y reclutó a una red de agentes comunitarios de salud para la detección y el tratamiento de la malaria en todo el país.

Las tareas de estos voluntarios, conocidos como “Col Vol”, consistía en registrar los casos y las intervenciones contra la malaria. Los datos que se introdujeron introducidos en los sistemas de información de salud facilitaron respuestas estratégicas y localizadas en todo el país.

A finales de los años sesenta se ralentizaron los avances debido a que los mosquitos desarrollaron resistencia al DDT y también se atribuyó un aumento de los casos a la expansión de la industria algodonera.

A lo largo de los años setenta aumentó el número de trabajadores migrantes en las haciendas de algodón en las zonas costeras cerca de criaderos de mosquitos y se interrumpió el uso de DDT.

El punto álgido de la enfermedad se alcanzó en 1980 con 96.000 casos.

Gracias al apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense, El Salvador reorientó con éxito su campaña contra el paludismo, lo que llevó a una mejor asignación de los recursos y las intervenciones en función de la distribución geográfica de los casos.

En 1987, el Gobierno descentralizó su red de laboratorios de análisis clínicos permitiendo una mayor rapidez en la detección y el tratamiento de los casos. Este conjunto de factores, sumados al fracaso de la industria algodonera, llevaron a una disminución rápida de casos en los años ochenta.

El último eslabón de la cadena se produjo en 2009 mediante una reforma sanitaria que incluyó importantes mejoras en el presupuesto, en la cobertura de la atención primaria de salud y en el mantenimiento del programa de control de vectores como líder técnico en las intervenciones contra la malaria, contribuyendo al éxito de la eliminación de la enfermedad en El Salvador.

Liderazgo y financiamiento continuo

El Gobierno de El salvador reconoció desde un inicio la necesidad de contar con un financiamiento nacional suficiente y sostenido como herramienta crucial para lograr y mantener sus metas en materia de salud, entre ellas la lucha contra la malaria.

Aunque la última muerte por malaria se notificó el año 1984, la nación centroamericana ha seguido manteniendo la inversión nacional contra la enfermedad.

El Salvador continuaba contando el año pasado con 276 miembros del personal de control de vectores, 247 laboratorios, personal médico y de enfermería involucrado en la detección de casos, epidemiólogos, equipos y personal de gestión y más de 3000 agentes comunitarios de salud.

Como parte del compromiso salvadoreño de mantener a cero las tasas de casos, el país centroamericano sigue manteniendo el presupuesto nacional destinado a la lucha contra la malaria y lo preservará a lo largo de la pandemia de COVID-19.

La lucha continúa en la región

La malaria se contagia por la picadura de mosquitos Anofeles infectados y todavía representa una de las principales causas de muerte en el mundo, con más de 200 millones de casos y 400.000 muertes notificadas cada año. Aproximadamente dos terceras partes de estas muertes son de menores de 5 años.

Durante el año 2019 se confirmaron 723.000 casos de malaria en la región, un pronunciado descenso respecto a los cerca de 1,2 millones registrados el año 2000. El número total de fallecimientos en el mismo periodo disminuyó un 52% pasando de 410 a 197.

La región ha experimentado un aumento de 66% en los casos desde el año 2015 debido a una mayor transmisión de la enfermedad en algunos países

Pese a este aumento, en 2020, Belice cumplió dos años sin transmisión autóctona de la malaria y, a finales del mismo año, diez países y territorios informaron menos casos que en 2019.

Iniciativas mundiales y regionales contra la enfermedad

El Salvador forma parte de la iniciativa mundial E-2020 de la OMS, un grupo de 21 países a los que se identificó en 2016 por su potencial para poder eliminar la malaria a finales de 2020.

La Organización Panamericana de la Salud ha proporcionado apoyo técnico a lo largo de toda la campaña contra la malaria en El Salvador, desde el control hasta la eliminación y la prevención del restablecimiento de la enfermedad.

El éxito logrado por la nación centroamericana representa una destacada contribución a la Iniciativa de Eliminación de la OPS, un esfuerzo colaborativo entre los gobiernos, la sociedad civil, la comunidad académica, el sector privado y las comunidades para eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y otros padecimientos relacionados en la región de las Américas, entre ellos la malaria, para el año 2030.

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