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En su último informe, la Comisión de Investigación sobre Siria destacó la campaña militar iniciada por las fuerzas progubernamentales a finales del año pasado en la provincia de Idlib con el objetivo de retomar las últimas zonas restantes bajo el control de grupos armados.

Las tropas del Gobierno sirio junto con las fuerzas aéreas rusas “lanzaron ataques aéreos y terrestres que diezmaron la infraestructura civil y despoblaron ciudades y pueblos”, matando a cientos de mujeres, hombres y niños, dijeron los comisionados, que informan al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

A partir de la segunda mitad de diciembre y de mediados de febrero, los bombardeos “generalizados e indiscriminados” por parte de las fuerzas progubernamentales provocaron desplazamientos masivos en Ma’arrat al-Nu’man y Ariha, en la provincia de Idlib, así como sobre Atarib y Darat Azza, en el oeste de Alepo.

Los civiles no tuvieron más remedio que huir, dijeron los expertos quienes añadieron que esta situación puede equivaler a una serie de crímenes contra la humanidad como los de traslado forzoso, asesinato y otros actos inhumanos.

Nueve años bajo el terror de las bombas

Los miembros de la Comisión también alegaron que el grupo terrorista también Hayat Tahrir al-Sham bombardeó indiscriminadamente zonas civiles densamente pobladas, “sembrando el terror” en las zonas controladas por el Gobierno.

“Es absolutamente abominable que, después de más de nueve años, los civiles sigan siendo atacados indiscriminadamente, o incluso siendo blanco de ataques, mientras continúan con su vida cotidiana”, dijo el presidente de la Comisión, Paulo Pinheiro.

“Los niños sufrieron bombardeos en la escuela, los padres fueron bombardeados en los mercados, los pacientes fueron bombardeados en los hospitales… familias enteras fueron bombardeadas mientras huían”, continuó.

“Lo que se desprende claramente de la campaña militar es que las fuerzas progubernamentales y los grupos calificados como terroristas por las Naciones Unidas violaron flagrantemente las leyes de la guerra y los derechos de los civiles sirios”.

Múltiples ataques a lugares protegidos por el derecho internacional

Según el informe, numerosos lugares protegidos por el derecho internacional en el noroeste del país fueron destruidos en ataques aéreos y terrestres, algunos de ellos con municiones de racimo.

Además, detalla cómo desde noviembre de 2019 hasta junio de este año, 52 ataques provenientes de todas las partes envueltas en el conflicto tuvieron como blanco 17 hospitales e instalaciones médicas, 14 escuelas, 12 hogares y 9 mercados.

Los investigadores sostuvieron que, de demostrarse en tribunales, esos actos equivaldrían a crímenes de guerra consistentes en el lanzamiento de ataques indiscriminados y asaltos deliberados contra objetivos protegidos.

Detenidos, torturados, ejecutados

Tras la huida de la población, los miembros de Hayat Tahrir al-Sham saquearon sus casas, continuaron los investigadores, y “mientras se libraban batallas, detuvieron, torturaron y ejecutaron a civiles que expresaban opiniones disidentes, entre ellos periodistas”.

Las mujeres que trabajan en los medios de comunicación fueron víctimas por partida doble.

“Las mujeres, hombres y niños que entrevistamos se enfrentaron a la espantosa decisión de ser bombardeados o de huir hacia las zonas controladas por Hayat Tahrir al-Sham, donde se producen abusos generalizados de los derechos humanos y la asistencia humanitaria es extremadamente limitada”, dijo la Comisionada Karen Koning AbuZayd. “Los actos de los miembros del HTS constituyen crímenes de guerra”.

En un llamamiento en favor del casi millón de civiles altamente vulnerables desplazados por el conflicto en la gobernación de Idlib que ahora se enfrentan a la amenaza añadida de la COVID-19, el Comisionado Hanny Megally instó a todas las partes en el conflicto a cesar los ataques contra civiles y objetivos civiles.

“Ahora más que nunca, los civiles necesitan un acceso continuo y sin restricciones a la asistencia humanitaria, que no debe ser politizada por los Estados miembros ni instrumentalizada por las partes en conflicto. Las pandemias no conocen fronteras, ni tampoco la ayuda para salvar vidas”, dijo Megally, al tiempo que instó a los Estados miembros a pedir la rendición de cuentas por los delitos expuestos en el documento.

Si no hay ninguna variación, el informe de la Comisión se presentará el próximo 14 de julio al Consejo de Derechos Humanos durante su actual 44º período de sesiones.