Por Rodolfo Herrera Charolet

Cuando los muertos por Covid-19 superan en México más de 20 mil víctimas y al menos 200 mil contagios, entre confirmados y sospechosos. El temor al contagio invade a millones pero su mayor temor es la muerte.

A menos de dos años de gestión del nuevo gobierno y de poco más de 100 días de aislamiento voluntario, llamado cuarentena, la popularidad del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha caído a más de la mitad de las preferencias. Según se confirma por encuestadoras prestigiadas. (Mitofsky, 2020)

Independientemente de la estrategia presidencial de mantener el control y mayoría del Congreso federal y estatales, una de las disyuntivas a la que se enfrenta el presidente López es la de seguir canalizando miles de millones de recursos públicos a programas sociales con rentabilidad electoral o en su caso financiar el sector público de la salud.

La pandemia por SARS-CoV2 llamada Covid-19 puso en evidencia las deficiencias que enfrenta el sector público de la salud en México y la falta de inversión que se requiere, además de que la corrupción imperante que ha vivido hacia su interior desde hace décadas, ha devastado su capacidad de respuesta.

En estos momentos el IMSS carece de los recursos públicos suficientes para atender la emergencia sanitaria, la cual amenaza a la población con posibles daños a la salud, en algunos de los casos causar la muerte; como lo aseguró en abril de 2020 el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que el Instituto no tendría la capacidad suficiente para enfrentar la pandemia. Inclusive, agregó que los estados no han recibido apoyo del Seguro Social para validar las pruebas que los laboratorios estatales de salud realizan diariamente. (Milenio, 2020).

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020 por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas. Con fundamento en el artículo 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, establece que está facultado para proporcionar servicios de carácter preventivo, individualmente o a través de procedimientos de alcance general, con el objeto de evitar la realización de riesgos de trabajo entre la población asegurada. Sin embargo en el momento de enfrentar la emergencia sanitaria, aún carece de los recursos suficientes e infraestructura, necesaria para atender una demanda mayor a los servicios que ya proporciona, con notorias deficiencias.

Si bien le corresponde al IMSS como institución del sector público de la salud, atender la contingencia sanitaria de la población, también lo es que no se le ha dotado de un incremento de la partida presupuestal para garantizar la infraestructura requerida, en su caso, abatir las carencias y en el mejor de los casos, proporcionar adecuadamente los servicios de salud de conformidad con el artículo 4° Constitucional.

Contrario al discurso presidencial de no recurrir al endeudamiento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador obtuvo un crédito por mil millones de dólares otorgado por el Banco Mundial (BM), con la finalidad de hacer frente a la catástrofe económica que dejará la pandemia de Covid-19. Sin embargo el enfoque presidencial, es emplear los recursos para incorporarlos al sistema financiero de dos sectores de mayor interés político: Los jóvenes y las mujeres, en donde espera tener mayor rentabilidad electoral. (PROCESO, 2020)

En el juicio de amparo 505/2020, interpuesto el 4 de junio por Rodolfo Herrera Charolet ante los tribunales federales, en contra del decreto del 29 de mayo y de la manipulación de la información pública referida al coronavirus. Pretende, además de que las autoridades demandadas corrijan dichas deficiencias y se canalicen recursos públicos suficientes, se evite el fraccionamiento y manipulación de la información que diariamente se difunde en las conferencias vespertinas que se ofrecen en Palacio Nacional. El objeto es el de dotar al IMSS, de la infraestructura necesaria para enfrentar la pandemia que a 115 días de haberse registrado el primer caso (27 de febrero de 2020) de Covid-19 ya había colocado a México en el primer lugar por muertes diarias en el mundo.

El 21 de junio México reportó 1044 muertos en un día, colocándose en el TOP de países con más decesos reportados, seguido por; Brasil con 601, India 426, Estados Unidos 266, Perú 184, Chile 184, Pakistán 119, Irán 116, Colombia 111 y Rusia 109. (End Coronavirus Org, 2020)

Aun cuando la demanda de amparo a juicio de juristas no logrará suspender la aplicación del decreto, los hechos y la argumentación jurídica de violaciones constitucionales ponen en evidencia la manipulación de la información y de una conducta que resulta poco clara, por no decir manipuladora, en el manejo de la estrategia de atención de la pandemia.

Esta manipulación y fraccionamiento de la información pública relacionado con el Covid-19 pretende en todo momento, hacer creer a la población que el comportamiento de la curva de contagios ha llegado a su meseta y aplanamiento, cuando en los hechos sigue en aumento y se desconoce cuándo dejará de crecer. Esta obsesión publicitara obedece a un mensaje presidencial de hacer creer a la población que las decisiones de gobierno han sido las adecuadas. Las encuestas realizadas, culpan en mayor proporción a los habitantes, por el crecimiento del contagio, en menor proporción al gobierno federal seguido del gobierno estatal.

Tan es cierto el problema que enfrenta el país por Covid-19 y con mayor impacto la ciudad de Puebla, que el decreto del gobierno Estatal publicado el 16 de junio, en su considerando tercero afirma; “el 9 de junio de 2020, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, dio a conocer el último Reporte epidemiológico del Estado, en el que se señaló que la curva de contagios por COVID-19 ha ido en aumento… el alto índice de casos y la continuidad de la emergencia sanitaria…” (POF, 2020)

Si bien la manipulación de la información que proporciona diariamente el vocero del gobierno federal (no estudiados, sospechosos y confirmados) puede crear de forma ficticia una “curva aplanada” de contagios, no será fácil el ocultamiento del guarismo de los muertos; quienes de alguna forma deberán de tener un diagnóstico por causa de muerte, aun cuando se anote que dicho motivo fue por otras enfermedades respiratorias. En tal caso la sospecha de la manipulación persistirá ante la creciente falta de credibilidad en cifras oficiales como lo sugieren las encuestas nacionales, en donde uno de cada dos mexicanos encuestados poca confianza tiene en dicho informe. (Mitofsky, 2020)