Abelardo Domínguez
Huauchinango, Pue. – Elementos de la Policía Ministerial detuvieron este jueves al rededor de las 9:00pm de la noche en el estacionamiento del Hospital General de Huauchinango al doctor Maximino León Baños, quien se desempeñó como director de este nosocomio hasta hace unos meses. Desde el año pasado, el profesional de la salud contaba con denuncias en su contra por presuntos hechos de acoso y hostigamiento laboral, y durante su gestión. La detención se concretó tras hechos ocurridos la noche del jueves, en un operativo que estuvo marcado por graves irregularidades y polémica.
Según relatos de testigos, agentes adscritos al área de Género de la Fiscalía llegaron inicialmente con el propósito de detener a un químico que labora en el hospital, persona que no tenía ninguna relación con la investigación ni contaba con orden de aprehensión en su contra. Ante esta acción injustificada, el personal médico y administrativo del lugar reaccionó con gritos y llamados de auxilio dirigidos a los elementos de la Policía Auxiliar que vigilan el inmueble, al considerar que estaban frente a una detención indebida y arbitraria.
Minutos después, los agentes regresaron al hospital, liberaron al trabajador afectado y reconocieron públicamente su error, ofreciendo disculpas por la confusión generada. Inmediatamente después, ingresaron nuevamente a las instalaciones para cumplir con la orden de aprehensión que sí estaba dirigida contra el doctor León Baños, quien fue trasladado y recluido en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango.
Ante estos hechos, trabajadores del sector salud y testigos exigieron de forma inmediata la intervención y supervisión de la Fiscalía General del Estado, advirtiendo que equivocaciones de esta magnitud ponen en riesgo el debido proceso y podrían facilitar que personas involucradas en delitos logren evadir la acción de la justicia.
Se ha informado que para esta mañana está programada una reunión con integrantes del sindicato del hospital, quienes acompañarán al trabajador que fue víctima de la confusión. Además, se evalúa la posibilidad de realizar el cierre de las instalaciones como medida de presión, para exigir que se haga justicia y se sancione a los servidores públicos de la Fiscalía responsables de esta actuación irregular.

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