Protocolo de la GN no falló en el caso del alcalde asesinado de Uruapan: Trevilla

EL VALLE

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que el protocolo de protección de la Guardia Nacional no falló en el caso del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento público con motivo del Día de Muertos.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el general señaló que la Guardia Nacional sí contaba con un esquema de resguardo para el alcalde, pero este no aceptó ser custodiado por elementos adscritos al Ejército mexicano, quienes cuentan con formación especializada en la protección de funcionarios públicos.

“El protocolo no falló, falló lo otro… el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional”, afirmó Trevilla.

“Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado al personal de la Guardia Nacional —quienes tienen cursos de protección a funcionarios y otro tipo de preparación— se hubiera incrementado su nivel de seguridad”, agregó.

Cuestionado sobre la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el caso, el general respondió que la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, instancia que determinará las circunstancias del homicidio. “La Fiscalía tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán”, dijo Trevilla Trejo.

El secretario adelantó que, ante hechos recientes de violencia contra funcionarios municipales y estatales, la SEDENA buscará reforzar la cultura de cooperación entre los servidores públicos que cuentan con protección federal.

“Vamos a tratar de concientizar más a las personas que se les va a resguardar para que cooperen con la implementación de este tipo de protocolos”, señaló.

Durante la conferencia, el general Trevilla hizo estas declaraciones en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien también se le ha recomendado fortalecer su seguridad personal tras los incidentes de agresión ocurridos recientemente en la Ciudad de México.

El alcalde Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado por un menor de edad mientras participaba en una conmemoración pública en Uruapan. Su muerte generó conmoción en Michoacán y reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan los funcionarios locales en contextos de violencia e inseguridad.

En otro tema, informó que un juez dictó prisión preventiva a seis elementos del Ejército mexicano involucrados en el homicidio de las niñas Leydi y Alexa, de 7 y 12 años, quienes murieron el pasado 6 de mayo cuando militares dispararon contra el vehículo en el que viajaban junto a su familia en la sierra de Badiraguato, Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEDENA confirmó que los seis soldados fueron ingresados a la prisión militar de Mazatlán, tras la resolución emitida por un juez de la Fiscalía General de Justicia Militar.

“El juez dictó prisión, se encuentran en la prisión de Mazatlán los seis elementos que están involucrados”, detalló Trevilla Trejo.

El general recordó que, en un principio, el caso fue presentado como un enfrentamiento o “fuego cruzado”, versión que fue desmentida por los familiares de las víctimas, quienes aseguraron que se trató de un ataque directo mientras la familia viajaba por la carretera federal 24, a la altura de la comunidad de La Cieneguilla, perteneciente a la sindicatura de Santiago de los Caballeros.

Las niñas, alumnas de la primaria Rafael Ramírez en Culiacán, se encontraban de paseo con sus padres y otros familiares cuando fueron alcanzadas por los disparos del Ejército, hecho que conmocionó a la sociedad sinaloense y provocó exigencias de justicia.

Aunque el Ejército inicialmente guardó silencio sobre el incidente, la presión social y los señalamientos públicos obligaron a las autoridades a judicializar el caso seis meses después del ataque.

En este contexto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó que los avances en la investigación civil sean escasos, al señalar que hasta ahora la única acción judicial ha provenido del fuero militar.

“Este caso no es aislado”, subrayó la organización, recordando otros hechos recientes atribuidos a personal del Ejército, como el asesinato de seis migrantes en Chiapas en octubre de 2024 y la ejecución de seis jornaleros en Tamaulipas en octubre pasado.

El Centro Prodh reiteró su llamado a que la investigación sea trasladada al fuero civil, con el fin de garantizar transparencia, justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias.