LA JORNADA

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 54 meses e impuso una multa de 2 millones 419 mil 500 pesos a la empresa Servicios Integrales Carregin, señalada de participar en la trama de corrupción que se investiga en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y sus empresas Diconsa y Liconsa.

En una circular publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación, el Órgano Interno de Control en Diconsa -que representa a la SFP dentro de la paraestatal- consigna que la empresa no podrá celebrar contrataciones con el gobierno federal por el periodo mencionado.

Servicios Integrales Carregin está presuntamente implicada en operaciones simuladas relacionadas con un contrato de suministro de 7 mil 800 toneladas de azúcar a Diconsa en 2020.

Segalmex-Diconsa firmó en su momento con la empresa sancionado un convenio para la compra de azúcar por de 142.4 millones de pesos, que fueron pagados a la empresa, pero esta entregó solo un tercio de lo contratado.

Las autoridades han informado en meses recientes que por este desfalco se emitieron 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos y personas ligadas a la empresa, y que al menos nueve personas han sido detenidas: seis exfuncionarios y tres más vinculados a Servicios Integrales Carregin.

Continúa investigación por irregularidades en Segalmex

Asimismo, la dependencia federal afirmó viernes que las investigaciones para sancionar las irregularidades detectadas en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa, siguen en curso.

Lo anterior, luego de haber difundido lo relativo a la multa e inhabilitación impuesta a Servicios Integrales Carregin.

En un comunicado, la SFP puntualizó que en 2020, la paraestatal adjudicó un contrato al proveedor para adquirir azúcar, la cual no fue entregada en las condiciones establecidas y condujo a la suscripción de un convenio modificatorio y de finiquito; sin embargo, el proveedor no cumplió con las cláusulas para resarcir el daño causado.

Tales conductas constituyen violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que fueron el motivo de la sanción.

Agregó que los proveedores sancionados pueden interponer los medios de impugnación que les reconoce la ley para salvaguardar sus derechos