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México y la región enfrentan un incremento significativo en el número de personas que abandonan sus países. Según datos facilitados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 2023, más de 400.000 personas han atravesado la selva del Darién en Panamá y se estima que, desde el mes de agosto, entre 3000 y 6000 personas llegan todos los días al sur de México.
El volumen de migrantes y refugiados es tal que en varias ciudades del país los albergues y otros espacios de recepción están saturados.
ACNUR han evidenciado que una alta proporción de las personas en movilidad en la región huyen de sus países por motivo de la violencia, la inseguridad o la persecución, por lo que pueden necesitar protección internacional como refugiados.
“ACNUR reconoce los grandes desafíos que esta situación conlleva en las dos fronteras de México”, afirma la agencia de la ONU en un comunicado difundido este lunes.
Recomendaciones antes de las deportaciones
Sin embargo, ante la reanudación de las deportaciones de México a varios países, y para prevenir el riesgo de casos de devolución de personas con necesidades de protección internacional, ACNUR recomienda que antes de aprobar esa medida “se asegure que la persona no requiere protección internacional, es decir, que su vida o su seguridad no estén en riesgo si son retornadas”.
“La diversidad de perfiles y necesidades requiere de respuestas variadas, el acceso a procesos de determinación de la condición de refugiado que sean justos, rápidos y eficientes, rutas legales y seguras, pero también retornos para aquellas personas que no requieren protección internacional”, explica ACNUR.
Con el fin de asegurar que estos procesos se implementen en pleno respeto al Derecho Internacional de los Refugiados y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular el principio de no devolución, ACNUR hace un llamado a incorporar estas recomendaciones en los nuevos procesos de retorno y deportación, y ofrece su disposición a colaborar con el Gobierno de México para garantizar que las personas con necesidades de protección no sean devueltas a sus países de origen.