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Más de uno de cada cinco asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente en el mundo, registrados en 2022, tuvo lugar en la Amazonia. En total, 177 personas perdieron la vida en todo el planeta, de las cuales 39 (22%) se encontraban en el bosque tropical continuo más grande del mundo, ubicado en América del Sur.

Así lo revela un informe de la organización no gubernamental Global Witness, que desde hace más de una década denuncia las amenazas y muertes de quienes se dedican a defender el medio ambiente y la tierra, incluidos indígenas, guardabosques, autoridades y periodistas. Por primera vez, la organización ha contabilizado los ataques a defensores que operan en este bioma.

Gabriella Bianchini, consultora senior de Global Witness, subraya que estas cifras sitúan a la Amazonia como uno de los lugares más peligrosos del mundo para los activistas, donde la violencia, la tortura y las amenazas son compartidas por las comunidades de toda la región. La Amazonia abarca casi 6,9 millones de kilómetros cuadrados y ocho países de América del Sur.

Según Bianchini, cuando los defensores luchan contra la presión agropecuaria, la deforestación y la minería ilegal, se vuelven blancos de intimidación y ataques.

“Esta alarmante cifra refleja la ausencia del Estado: la falta de políticas públicas orientadas a la protección de los defensores, defensoras, a la preservación de territorios tradicionales y del medio ambiente, a la demarcación de territorios tradicionales, así como la falta de responsabilidad de empresas y otros agentes involucrados en violaciones contra los derechos humanos de los defensores”, declaró a Agência Brasil.

Uno de los casos emblemáticos de esta violencia fue el del indigenista brasileño Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips. Defensores de la selva y de las poblaciones indígenas, ambos fueron asesinados el 5 de junio de 2022, víctimas de una emboscada mientras viajaban en barco por la región de Vale do Javari, en Amazonas.

Indígenas

Los indígenas se encuentran entre los más amenazados. En 2022, más del 36% de los activistas asesinados en el mundo eran de origen indígena. Les seguían los pequeños agricultores (22%) y los afrodescendientes (7%). En la Amazonia, 11 indígenas fueron asesinados.

“Todos los años, los defensores de este invaluable bioma pagan con sus vidas la protección de sus hogares, medios de subsistencia y la salud de nuestro planeta”, agregó la consultora.

La organización señala el esfuerzo por ampliar la protección de los defensores en América Latina, la región con mayor número de asesinatos, a través del Acuerdo Regional de Escazú (firmado en abril de 2022), aunque la mayoría de los países amazónicos aún no se han adherido.

Letalidad

Brasil es el segundo país más letal para los activistas ambientales. Junto con Colombia y México, representan más del 70% de los casos en todo el mundo, equivalente a 125 muertes.

En Brasil, hubo 34 asesinatos el año pasado, frente a los 26 de 2021. Desde 2012, año en que comenzó la serie histórica, 376 defensores han perdido la vida en suelo brasileño.

Colombia encabeza la lista mundial, con 60 asesinatos, casi el doble de las muertes registradas en el país en 2021.

Para Global Witness, la situación en Brasil es preocupante y se ha agravado debido a las políticas del gobierno anterior. “Los defensores de la tierra en Brasil se han enfrentado a la implacable hostilidad del gobierno de Jair Bolsonaro, cuyas políticas abrieron la Amazonia a la explotación y destrucción, desmantelaron los organismos ambientales y fomentaron invasiones ilegales de tierras indígenas”, señala Gabriella Bianchini.

En cuanto al gobierno actual, las organizaciones esperan que la creación de nuevos ministerios, como el de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, y la reestructuración de las agencias reguladoras puedan contribuir a la protección de los defensores.

Asimismo, Global Witness presenta una serie de recomendaciones para proporcionarles un entorno seguro, como el cumplimiento o la formulación de leyes que protejan sus derechos y la investigación y rendición de cuentas de empresas y gobiernos por ataques a individuos y daños al medio ambiente.