DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

En 2006, en el contexto del supuesto fraude electoral cometido por Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Luis Carlos Ugalde, Elba Esther Gordillo y gobernadores priístas, como Mario Marín (Puebla) y Ulises Ruiz (Oaxaca) contra Andrés Manuel López Obrador, éste afirmó “al diablo las instituciones”.

Lo que fue utilizado por sus detractores para insistir en que era un “peligro para México” y tratar de legitimar como “patriótica” la jornada electoral muy probablemente fraudulenta de ese año, con el endeble argumento de que el país no podía permitir que llegara a la presidencia de México alguien que pusiera en peligro a las “instituciones”.

Pero desde luego que – en ese entonces y hoy- instancias formadas y deformadas por hombres y mujeres corruptos y sucios claro que deberían irse al diablo. Como acaba de ocurrir muy recientemente, 17 años después, con las liberaciones del ex diputado local del PRI –Oaxaca (fallida) que ordenó el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos y de Santiago B, uno de los presuntos involucrados en el feminicidio de la abogada y política Cecilia Monzón: Cecilia Monzón, la mujer cazada y ejecutada este sábado en Camino Real

¿Y qué decir del vergonzoso caso de Yasmín Esquivel, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), propuesta y protegida por la 4T, que, según la UNAM, plagió su tesis de licenciatura, pero que –al parecer- mantendrá su cargo, pese a llenar de oprobio y vergüenza al poder judicial y al país mismo?: La hoguera encendida

MORENA Y LA 4T, ¿MÁS DE LO MISMO?

No es novedad que el poder judicial del país esté podrido. Tampoco se puede acusar a AMLO y Morena de haberlo pervertido o corrompido, porque lo cierto es que desde el príato y luego en el panato la SCJN, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) del país y sus derivados se comportan no solamente como solapadores y cómplices de los abusos de los gobiernos en turno, sino –también- como abusadores y beneficiarios de un sistema corrupto y corruptor.

Pero la realidad es que el presidente, su grupo político y la corriente ideológica que enarbola y gobierna el país desde diciembre del 2018 poco o nada han hecho –realmente – para depurar o limpiar el poder judicial, como lo demuestra el hecho de haber convertido en magistrada a Yasmín Esquivel, pese a que todo apunta a que su título de licenciatura es “fake”.

Es contradictorio, decepcionante y preocupante que, antes de diciembre del 2018, es decir; cuando todavía no era presidente de México, AMLO reconocía y denunciaba los excesos y abusos del poder judicial. Incluso, también lo hizo desde Palacio Nacional, ya convertido en titular del jefe del ejecutivo nacional: AMLO acusa a la SCJN de recurrir a un fraude para anular la prisión preventiva oficiosa

Por ende, resulta demoledor que el mismo López Obrador haya contribuido a la pudrición de la SCJN cuando, en marzo de 2019, propuso como magistrada a la multimencionada Yasmín Esquivel, cuyas votaciones –casualmente – tienden a ser siempre a favor de lo que desea el poder ejecutivo: CEMexicano pedirá juicio político contra ministros de la SCJN por respaldo a Ley Eléctrica

LYDIA CACHO, MARÍA ELENA RÍOS Y CECILIA MONZÓN, REVICTIMIZADAS POR EL PODER JUDICIAL

Contradictorio, al contentillo y caprichoso ha demostrado ser el poder judicial en los tiempos de la 4T, como lo comprueba el hecho de que, al fin, haya castigado al “Góber Precioso”, Mario Marín Torres, por haber ordenado el encarcelamiento y ataque a la activista social Lydia Cacho:“Góber precioso”, Mario Marín, es detenido por el caso Lydia Cacho en Acapulco después de años de impunidad

Están próximos a cumplirse dos años de la detención de Marín Torres, quien permaneció impune más de 15 años gracias, incluso, a la propia SCJN, que –en su momento- exoneró al entonces gobernador de Puebla, pese a los audios en que ordenaba “darle un coscorrón a esa vieja”, como él mismo se refirió de manera indigna y despectiva a Lydia Cacho: Seis ministros, entre ellos Sánchez Cordero, votaron que no quedó demostrada la violación grave a derechos de Lydia Cacho; aquí sus argumentos

Muchos años después, al fin el poder judicial castigó al “Góber Precioso”, pero, ya con la 4T en los gobiernos de México y Oaxaca, pretende dejar impune el intento de asesinato contra la artista María Elena Ríos, a quien el ex diputado local priísta oaxaqueño, Juan Antonio Vera, ordenó atacar con ácido.

Pese a que se ha probado que el político de PRI agredió a su ex pareja, porque ella misma siempre lo ha señalado como el autor intelectual del atentado, el juez de Oaxaca, Teodullo Pacheco López y el propio Tribunal Superior de Justicia de dicho estado, con Eduardo Pinacho Suárez, quisieron liberar a Antonio Vera: Diana González, abogada de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, denunció tortura durante la audiencia

EL TUFO DE LA IMPUNIDAD AMENAZA CON IMPREGNAR EL CASO MONZÓN

Al momento de escribir estas líneas, un sujeto presumiblemente peligroso y acusado de intento de feminicidio, Antonio Vera, no ha sido liberado por la protesta social e inconformidad ante la determinación aberrante y sospechosa de Teódulo Pacheco López y el titular del TSJ oaxaqueño, Eduardo Pinacho, que -tampoco – han dejado sus cargos ni explicado el por qué tratan de defender al ex diputado local priísta.

¿Y para qué ir tan lejos?, cuando en Puebla también se dan casos en que el poder judicial revictimiza a mujeres, como lo demuestra el caso Cecilia Monzón, la abogada ejecutada –presuntamente- por órdenes del padre de su hijo y ex candidato del PRI-marinista al gobierno de Puebla, Javier LZ: Video desde Puebla: De la antesala de la gubernatura…a la cárcel acusado de homicidio: Javier López Zavala

En un principio, todo apuntaba a que –ahora sí- se aplicaría estrictamente la justicia contra los autores intelectuales y materiales del feminicidio, sobre todo después de la detención de políticos que, en el pasado reciente, habían ocupado importantes cargos públicos: López Zavala, de vicegobernador al más estrepitoso y vergonzoso derrumbe

Pero el reciente amparo del poder judicial para Santiago B – uno de los denunciados por el caso Monzón, a quien antes se había vinculado a delito- provoca sospechas, temores de que el tufo de la impunidad invada este caso, principalmente porque no sería, ni con mucho, la primera vez que un juez tuerce la ley a conveniencia de intereses particulares, económicos y/o políticos,