Jorge Barrientos
Con penas que irán de 1 a 4 años de prisión y multas de 50 a 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA) serán castigados por igual espacios que funcionen como anexos y personal que preste servicios de atención de salud mental y contra las adicciones, sin estar dentro de la normativa de la ley Estatal de Salud.
Dicha determinación fue aprobada durante el desarrollo de las Comisiones Unidas de Salud y Procuración Administración de Justicia, se expuso reformar el artículo 258 BIS del Código Penal del estado, planteamiento estructurado y enviado al Congreso local por el gobernador Luis Miguel Barbosa.
Las multas económicas antes referidas y de acuerdo al valor del UMA 2022 irían de los 4 mil 811 pesos a los 24 mil pesos.
Con esta reforma quienes prestan los servicios de atención mental y adicciones estarán obligados a contar con el permiso de funcionamiento y el registro como instituciones especializadas ante la Comisión Nacional Contra las Adicciones.
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