Por: Víctor Hugo Pérez Hernández

Con la alta inflación que hemos experimentado en 2022, la medida representa apenas un incremento real de poco más de 5%
Se requeriría otro sexenio con aumentos reales de la misma magnitud para que el salario mínimo proveyera al menos los ingresos que requiere una familia para no ser considerada pobre

En su reciente discurso del 27 de noviembre de 2022 en el Zócalo, arropado por miles de sus seguidores y adeptos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que su gobierno buscaría que el salario mínimo en México se incremente en 20% para 2023. El anuncio causó en ese momento múltiples reacciones por parte de analistas y empresarios, que, en su mayoría, mostraban preocupación debido a que no ven un entorno económico propicio para un aumento de esa magnitud, y a que podría crear presiones inflacionarias adicionales a las que existen actualmente. La mañana de este jueves 1 de diciembre, el Jefe del Ejecutivo federal hizo oficial el nuevo aumento al salario mínimo, que será, conforme lo adelantó el domingo, de 20 por ciento.

¿El aumento de 20% al salario representa riesgos para el país, como postulan quienes se oponen al mismo? ¿Cuáles serían los posibles beneficios de este aumento? ¿Qué tan sencilla (o complicada) será su implementación?

Un primer elemento a considerar en el debate del salario mínimo es que durante décadas su valor se mantuvo estancado, perdiendo paulatinamente valor en términos reales, es decir, en términos de los productos y servicios que, efectivamente, se podían adquirir con el mismo. A inicios de 2018, el salario mínimo representaba poco más del 40% de los ingresos que una familia de 4 personas requería para no ser considerada pobre,[1] por lo que aún si dos de sus integrantes trabajaban, no podían escapar de la pobreza.

Los aumentos implementados en la presenta administración, aunque importantes, sólo aumentaron ese porcentaje a un 60%, por lo que aún hoy un salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas de una familia. ¿Cómo se espera que las familias consuman y fortalezcan el mercado interno si no existe una política activa que mejore sus ingresos?

El contraargumento a esta posición es que elevar el salario mínimo aumenta los costos laborales de las empresas, llevando a una menor demanda de trabajo, aumentando los precios y reduciendo los incentivos a invertir.

Al respecto, los cambios recientes en el salario mínimo han permitido realizar estudios sobre qué tanto sus aumentos han resultado en mayores precios o una reducción en la contratación de trabajadores.

Estudios como el de Calderón, et al. (2022) o Campos-Vázquez y Esquivel (2021) han encontrado efectos nulos o moderados tanto en precios, como en la demanda de trabajo. Aunque esto puede parecer contraintuitivo, se puede explicar por factores como los altos niveles de informalidad que persisten en México (pues en este sector no es posible vigilar que se cumpla la legislación sobre el salario mínimo), el bajo porcentaje de la población ocupada con este nivel salarial, a la existencia de efectos heterogéneos entre sectores económicos (siendo más sensibles aquellos con más trabajadores de baja remuneración, como el de servicios), así como al muy bajo nivel en que se situaba inicialmente el salario mínimo (lo cual permite que haya aumentos importantes sin efectos adversos relevantes).

Un aumento de 20% puede parecer elevado, pero la alta inflación que hemos experimentado en 2022 ha llevado a que los precios de los bienes y servicios consumidos por la población de menores recursos aumente en más de 14%,[2] por lo que el aumento propuesto al salario mínimo representaría apenas un aumento real de poco más del 5%. A ese ritmo, se requeriría otro sexenio con aumentos reales de la misma magnitud para que el salario mínimo proveyera al menos los ingresos que requiere una familia para no ser considerada pobre.

Cuando el actual gobierno renunció a realizar una reforma fiscal profunda, el abanico de instrumentos a su disposición para impulsar una agenda realmente redistributiva se redujo considerablemente. Además, México es una de las pocas naciones que aún no logra recuperar los niveles de actividad económica previos a la pandemia de COVID-19, por lo que el espacio fiscal para implementar otras medidas es muy limitado.

Aunque el salario mínimo no es la herramienta más adecuada para este fin, tiene el potencial de mejorar considerablemente los niveles de vida de un segmento de la población que ha sido históricamente relegada, promoviendo una mayor equidad e incentivando la actividad económica. Si el equipo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos logra transmitir este mensaje y aprovechan los lazos que ya ha forjado este gobierno para la contención de la inflación, quizás se logre que las cámaras patronales vean las ventajas de seguir con la política de recuperación del salario y se logre continuar en el camino hacia la dignificación del trabajo en México.

Referencias

Calderón, M., Cortés, J., Pérez, J. P., y Salcedo, A. (2022). Disentangling the Effects of Large Minimum Wage and VAT Changes on Prices: Evidence from Mexico. Labour Economics, 102294.

Campos-Vazquez, R. M., y Esquivel, G. (2021). The effect of doubling the minimum wage on employment and earnings in Mexico. Economics Letters, 209, 110124.

[1] Las cifras corresponden a áreas urbanas, es decir, localidades de 2,500 o más habitantes.

[2] Corresponde al aumento porcentual en el valor de la línea de pobreza por ingresos en localidades urbanas.

Víctor Hugo Pérez Hernández es Investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE)