Staff/RG

• La propuesta busca evitar gastos innecesarios en caso de que la SCJN rechace la pregunta del ejercicio.
•  Indispensable revisar el proceso normativo para contribuir a la democracia y austeridad.

El diputado federal Mario Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Consulta Popular con la intención de hacer más eficiente este ejercicio ciudadano y evitar gastos innecesarios en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide la pregunta a realizar.

El legislador, perteneciente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, explicó que es necesario ajustar el procedimiento de la Consulta Popular en el caso de que sea solicitada por los ciudadanos para que las preguntas se turnen primero a la Corte, determine su constitucionalidad y trascendencia y posteriormente intervenga el Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar el conteo de firmas.

Riestra Piña comentó que de acuerdo a la legislación vigente las consultas populares pueden solicitarlas el Presidente de la República; las Cámaras en un equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de éstas, y los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 2% de la Lista Nominal de electores.

En los dos primeros casos la petición debe ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, pero cuando es solicitada por los ciudadanos será el INE quien verifique los requisitos, además de estar encargado de la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El legislador poblano refirió que en 2014 se presentaron diversas solicitudes de consulta popular, entre ellas, varias propuestas por partidos políticos, pero ninguna prosperó porque la SCJN determinó la no viabilidad y constitucionalidad de las mismas.

No obstante, dijo, en las solicitudes de consulta presentadas por los ciudadanos, el INE verificó que éstas cumplieran con la normatividad y presentó al Congreso de la Unión el informe que corroboró la autenticidad de firmas.

Según el Cuaderno de Investigación sobre la Consulta Popular en México publicado por el Senado en 2015, esta labor, comentó el diputado, implicó la contratación de más de mil 700 personas, la adaptación de espacios y adquisición de infraestructura, lo que significó un gasto de 30 millones de pesos.

“En total”, citó Riestra Piña el informe, “se recibieron más de 623 cajas con más de un millón de formatos, se capturaron y compulsaron manualmente contra la Lista Nominal 16 millones 141 mil 738 registros ciudadanos, y se entrevistó a más de dos mil 500 ciudadanos para corroborar que en realidad apoyaron a las consultas. Además, se realizaron visitaron domiciliarias que, evidentemente conllevaron salidas de recursos”.

Los informes que el INE generó, expresó el legislador, fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria y a su vez la petición se envió a la Suprema Corte para que resolviera sobre la constitucionalidad de la consulta, y la rechazó.

El gasto efectuado por el Instituto y las acciones de verificación fueron en vano y por ello es necesario reformar la Ley Federal de Consulta Popular a fin de abonar a la democracia y la austeridad, concluyó el legislador.