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El 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar tomó el poder, declaró el estado de emergencia y detuvo a todos los niveles del gobierno civil democráticamente electo. Poco después, el Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población anunció que 16 sindicatos y organizaciones de la sociedad civil no registrados estaban operando como “organizaciones laborales ilegales”.

Desde entonces, los sindicatos y las organizaciones civiles que sirven a los trabajadores y a los migrantes en ese país son objeto de arrestos arbitrarios, detenciones, violencia, allanamientos de morada y oficinas, incautación de equipo, amenazas, interrogatorios y acoso, alertó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe divulgado este miércoles.

El abuso y la persecución limitan sustantivamente la capacidad de operación de esos grupos que, no obstante, perseveran en su labor con ajustes a su forma de trabajar en un intento por mejorar la seguridad de sus integrantes.

El estudio cita como ejemplo el relato de un líder que da fe de redadas y destrucción de bienes en los domicilios de los dirigentes de su sindicato y que explica que actualmente desempeñan sus tareas escondidos en zonas controladas por organizaciones armadas de minorías étnicas para evitar que se les arreste.

Según el estudio de la OIT, los sindicatos y las organizaciones civiles han tenido un papel determinante en la protección y el avance de los derechos laborales en Myanmar durante los últimos diez años y ahora enfrentan el riesgo de desaparecer.

Aceptar los abusos, la única opción para conservar el trabajo

El informe señala que, a raíz del golpe militar, el ambiente de trabajo se ha tornado en uno en el que los trabajadores tienen que aceptar cualquier abuso si quieren mantener sus empleos sin ninguna posibilidad de negociación ni de formar nuevas organizaciones laborales.

Para contrarrestar la amenaza existencial al espacio cívico y la organización de los trabajadores en Myanmar, la OIT llamó a la comunidad internacional a aumentar su flexibilidad y capacidad de respuesta, otorgando un financiamiento amplio e irrestricto a los organismos perseguidos.

“La comunidad internacional debe apoyar a estas organizaciones para ayudarlas a sobrevivir y continuar con su trabajo vital”, puntualizó Panudda Boonpala, directora regional adjunta de la OIT para Asia y el Pacífico.

Un lustro del inicio de un genocidio

Por otra parte, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar* recordó que en un día como hoy hace cinco años fuerzas de Myanmar empezaron un ataque genocida contra hombres, mujeres y niños rohingya en el estado de Rakhine.

En un comunicado, Thomas Andrews instó al mundo a esforzarse más para obligar a los perpetradores de esas atrocidades a rendir cuentas y hacer justicia a los rohingya que se encuentran dentro y fuera de Myanmar.

El experto rememoró que la noche del 24 de agosto de 2017, dio inicio una serie de ataques que se prolongaron semanas y que resultaron en el asesinato generalizado y selectivo de civiles rohingya, cometiendo actos de violencia sexual sistemática y saqueo, y quema y destrucción de aldeas enteras.

Las fuerzas de Myanmar mataron a miles de rohinyás y obligaron a más de 700.000 a huir a Bangladesh para salvar sus vidas.

Andrews consideró que ya es hora de que la comunidad internacional en su conjunto reconozca esos ataques como un genocidio. “Llegó el momento de llamarlo por su nombre”, dijo, lamentando que el ejército birmano aún no haya rendido cuentas por tan atroz crimen.

Agregó que los ataques a la minoría rohingya han durado años y que el ejército ha ido más allá de los abusos contra ese colectivo, encarcelando y ejecutando a los defensores de la democracia y los derechos humanos y a los líderes electos “mientras comete aún más crímenes atroces contra el pueblo de Myanmar”.