Staff/Rossi

• México cuenta con un andamiaje jurídico importante, pero en la aplicación es donde residen los problemas
•  La ciudadanía padece un ‘efecto sandwich’, al quedar atrapada entre las autoridades y la delincuencia
• Mantener la memoria de los desaparecidos dignifica a la persona y permite exigir justicia

De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022 hay alrededor de 100 mil personas bajo estas dos condiciones en México. Tan sólo en el último año (1 de marzo de 2021 a 1 de marzo de 2022), se sumaron más de 7 mil 500 personas. A esta cifra le podríamos sumar los 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes del país, según registros del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos y que el gobierno mexicano citó hace apenas una semana.

De lo que se habla es de un fenómeno de personas desaparecidas, de una crisis a nivel forense y del sistema judicial, y los vínculos entre la delincuencia organizada y el poder político. A pesar de que el Estado mexicano tiene el andamiaje legal para actuar, la procuración de justicia se diluye ante el creciente número de casos que ocurren por todo el país.

El año pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizó una visita a nuestro país, y aunque reconoció la labor, los avances y la apertura del Estado mexicano, lamentó “constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde 2015, ‘imperan la impunidad y la revictimización’”.

Es tan grande el problema y la falta de capacidad práctica para dar identidad a las personas extraviadas, que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció que nuestro país tendrá “un Innsbruck mexicano”. Informó sobre la firma de un convenio de colaboración y entrenamiento del Instituto Nacional de Medicina Genómica con el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck, entidad que ha identificado los restos forenses de tres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, parece que todos estos esfuerzos quedarán en eso si no se atienden otros temas que confluyen, por ejemplo, los delitos de alto impacto, la lucha entre cárteles del narcotráfico, las relaciones de poder entre entidades del Estado y criminales, las multiejecuciones, así como el fenómeno de las fosas clandestinas y la protección a colectivos y personas que buscan a sus familiares.

El 27 de febrero de este año, un video recorrió las redes sociales: se trataba de un presunto fusilamiento en San José de Gracia, Michoacán. En las imágenes se observaba a un grupo de personas paradas frente a la pared de una casa que murieron en una especie de fusilamiento. De acuerdo con las autoridades, se trató de un pleito entre sicarios.

A pesar del video y los testimonio publicados en los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había evidencias del enfrentamiento, pero no se habían localizado víctimas. Después se supo, por voz del fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, que los criminales tuvieron el tiempo suficiente para llevarse los cadáveres y lavaron el suelo para borrar evidencia. A pesar de que las autoridades ya han señalado a los presuntos agresores y realizado algunas detenciones, los cuerpos siguen sin aparecer.

Es decir, se lleva a cabo la desaparición como acto criminal para impedir la actuación de la justicia. Ya en su momento, durante los sexenios pasados, los grupos de la delincuencia organizada tenían como modus operandi recuperar los cuerpos de sus víctimas para despistar a las autoridades y que, en caso de que no hubieran muerto, pudieran seguir actuando bajo el cobijo del anonimato. Eso pasó con Nazario Moreno González, el Chayo, líder de La Familia Michoacana, quien supuestamente había sido abatido en 2010, pero cuatro años después el gobierno lo volvió a liquidar.

Todos estos casos demuestran un problema de seguridad y justicia. Para el Dr. Gilberto Santa Rita, académico del Departamento de Derecho de la IBERO, tenemos un andamiaje jurídico importante y técnicamente eficiente sobre la desaparición, que incluye mecanismos de búsqueda y la participación de las y los involucrados, así como todas las leyes que protegen los derechos humanos, es decir, el sistema mexicano cuenta con las normas sobre este fenómeno.

“No tenemos, pues, un problema de falta de regulación; la cuestión está en que las autoridades están totalmente rebasadas porque el Estado mexicano comete un error muy frecuente que es no invertir recursos en la propia democracia, me refiero a la vigencia de derechos humanos y a vivir más o menos en un clima de paz”. Agrega que estas deficiencias presupuestales se unen a la falta de capacitación, equipamiento y de dignidad de los funcionarios de seguridad, así como para los aplicadores de la ley.

Afirma que la desaparición forzada es un problema de macrocriminalidad, ya que hay miles de personas en esta condición al año en el país. Desde otro ángulo, es necesario indicar que es un delito que no exige ni la presencia de cuerpos ni la comisión de un homicidio, por lo que es erróneo pensar que al no haber un cadáver no se puede perseguir a los perpetradores.

“Legalmente no se necesita un cadáver ni que la persona haya fallecido; en segunda, se puede comprobar la desaparición forzada y el homicidio aún sin la presencia de los cuerpos. Si no fuera así, los pozoleros (personas que disuelven los cadáveres en organizaciones criminales) no cometerían delito porque al no haber cadáver no hay delito, pero sí hay manera: con videos, dictámenes periciales, testigos… la ley tiene todo un sistema de pruebas para poder demostrar delitos donde el cadáver puede que haya sido desaparecido”, refiere.

En enero de este año, el diario Noroeste publicó el reportaje Sin cuerpo no hay delito, en el que además de recorrer ampliamente este fenómeno delictivo, lanzaba una hipótesis: la desaparición era más redituable que los homicidios, tanto para las autoridades como para los criminales, pues los primeros podían presumir una baja en los asesinatos; mientras que los segundos podían seguir limpiando las calles de rivales.

Al respecto, el doctor Santa Rita señala que frente a un escenario donde las autoridades están rebasadas, para “la economía procesal es más fácil desaparecer que tener el cadáver de forma vistosa porque además de que son muchos más los desaparecidos que los asesinados, un desaparecido más se revuelve entre tantos miles de casos y se pierde; en cambio con un homicidio sí se tiene que investigar puntualmente. El Estado mexicano no tiene la capacidad para investigar todas las desapariciones forzadas”.

Para la académica Anne Huffschmid, de la Universidad Libre de Berlín, el trabajo de los colectivos de búsqueda y la labor forense son actos de resistencia frente a la desaparición forzada. Tras la presentación del webdocumental Forensic Landscape, realizado con ayuda del Laboratorio Iberoamericano de Documental de nuestra institución, refirió que representa un desafío para quienes desean obstruir el acceso a la justicia y la restauración de la identidad de las y los extraviados.

Durante su investigación, se dio cuenta de que a diferencia de Guatemala y Argentina, en México esta resistencia no era potestad sólo de especialistas, de científicos con plena capacidad metodológica, sino también de los otros actores inesperados: los familiares, que de manera experiencial y con herramientas rústicas, comenzaron a hacer la labor de las autoridades.

Incluso, en 2020, la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, abrió el primer curso de especialización en búsqueda de personas desaparecidas impartido por familiares buscadores, con la idea de conocer sus recursos, experiencias y estrategias para realizar esta labor.

Los expedientes no tienen familia… ni vida

Data Cívica es una organización feminista que usa datos y tecnología como herramientas para la defensa de los derechos humanos. En 2017, lanzó un portal para sacar del anonimato a más de 30 mil personas desaparecidas que se hallaban en el Registro de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación. El objetivo fue saber quiénes son, cómo son y cuáles son las historias de ellas y ellos, más allá de sólo conocer la cifra oficial.

“Este proyecto busca nombrar a las personas desaparecidas y ponerles rostro para que se puedan contar sus historias. Nombrar a las personas desaparecidas en el RNPED significa también la posibilidad de exigir justicia y verdad. Queremos acercarnos a un Registro que realmente sea útil para la búsqueda de personas, así como para la búsqueda de justicia y verdad”, se lee en la página de la asociación civil.

En pocas palabras, no sólo se trata de buscar a quienes han desaparecido, sino también buscar que se les restituya la identidad como personas. Por ejemplo, para la Dra. Anne Johnson, investigadora y académica del Doctorado en Antropología Social de la IBERO, el vivos(as) los queremos no es sólo un grito, sino un poderoso reclamo de justicia, “con el cual se mantiene abierto un proceso de demanda política”.

Hace unos años, durante una conferencia en el marco de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Dr. Rodolfo Gamiño, académico del Departamento de Historia de la IBERO, habló de cómo la desaparición forzada se había convertido en un mecanismo que poco a poco se institucionalizó en el Estado mexicano como una forma de callar a los disidentes. Pero no sólo ello, las investigaciones han tenido otro propósito: cosificar a los individuos al nombrarlos como expedientes o paquetes.

A esta actividad la denominó una burocratización de la desaparición forzada, donde los actores que están involucrados en el proceso son varios y prácticamente el expediente pasa de mano en mano hasta que se pierde en alguna oficina o archivo. A decir del investigador, es más fácil desaparecer una carpeta o un número de averiguación que a una persona.

En este sentido, el Dr. Gilberto explica que la ley establece que los desaparecidos deben ser buscados bajo la presunción de vida, es decir, “todas las autoridades deben desplegar el aparato de investigación suponiendo que están vivos, no investigando a ver si encuentran un cadáver, sino una persona que está viva. Esto implica que hay que investigar a muchas personas. Entonces, este tema de considerarlos con vida tiene que ver con buscar personas, no cuerpos”.

Agrega que mantener viva la memoria de quienes están ausentes es importante porque “simbólicamente dignifica a la víctima y a los familiares (víctimas indirectas) que se le denomine con un nombre en lugar de solamente sea un expediente más. Esto tiene que ver con el principio de dignidad, porque el nombre es un atributo de la personalidad y tiene que ver con los valores esenciales de los derechos humanos. Me parece, entonces, que hay que tratar de buscar personas en lugar de resolver expedientes”.

La Dra. Johnson afirma que “pareciera que el gobierno piensa que no puede haber un enjuiciado o culpado si no hay evidencias materiales. La desaparición es más complicada de ser comprobada a diferencia de un asesinato. La muerte pone un fin. En el caso del asesinato comprobado se puede exigir la responsabilidad, el castigo, pero la desaparición desencadena un proceso de reclamo permanente. Y por ende, la memoria también se puede mantener, mientras se sigue exigiendo justicia”.

Ya en otros escenarios, la experta en memoria histórica ha dicho que lo importante es no dejar en el olvido a las víctimas. “La memoria del conflicto posibilita la lucha en la actualidad. Nos da aliento para seguir luchando. El pasado como fuente de acción del futuro. En el caso de los movimientos sociales alrededor de desaparecidos, más bien la idea es no dejar de pensar en los desaparecidos para alcanzar la justicia”.

El ‘efecto sandwich’

El Dr. Gilberto Santa Rita, experto en derecho penal y procesal, considera que hay un ‘efecto sandwich’ en el que la ciudadanía queda en medio de las autoridades y de los grupos de la delincuencia organizada. “Pero además hay un problema más grave: se confunde el Estado con los criminales, es decir, como ciudadano fuera de las grandes ciudades, ya no se sabe dónde termina el Estado y donde empieza la mafia”.

Respecto a qué gana el crimen desapareciendo personas, el académico explica que, al aliarse con el aparato gubernamental, obtiene impunidad. “Recordemos que con que la autoridad sea omisa al momento de no ejercer su rol, ya colabora de manera indirecta con el crimen organizado. Yo no creo que los policías o los ministerios públicos corruptos se sienten en una mesa como en El Padrino, sino que la propia dinámica corrupta y sucia de muchas autoridades, no todas, implícitamente genera beneficios para las mafias”.

Pero también parece que juega un papel importante la incapacidad de quienes deben impartir justicia. A inicios de marzo, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dio a conocer que algunos jueces piden algo tan extraordinario como que sean los propios desaparecidos quienes acudan a ratificar la denuncia para que los puedan seguir buscando.

Entonces, los delincuentes ganan porque hay una eliminación de los enemigos, de testigos, de periodistas, de personas vinculadas a la resistencia civil, de defensores de derechos humanos, de líderes campesinos, y un largo etcétera. “El enramado de corrupción es espeluznante”. ¿Y las autoridades? Bueno, como deja ver el reportaje del Noroeste, éstas pueden presumir una baja en los homicidios y dar una falsa idea sobre la criminalidad. Pactado o no, gobierno y criminales sacan provecho.

Sobre qué hacer, el investigador del Departamento de Derecho expresa que puede sonar sencillo porque se trata de aplicar el marco normativo, pero que en el papel puede tardar unos 20 o 30 años para que esto se dé con eficacia; “luego, no sólo debemos ir capacitando a los ministerios públicos, sino que se debe redignificar la posición de los combatientes frente al crimen, terminar con la apología y encumbramiento del criminal sobre la humillación del funcionario público, y pagarles bien”.

También se debe hablar de un proceso pedagógico, pues “tienen que mejorar los centros de estudios donde se imparte el derecho, el problema es que tenemos miles de escuelas en el país donde se enseña derecho; entonces, salen abogados poco preparados, con pocos valores éticos, muy poco dignificados y que rápidamente se corrompen. Entonces, desde ahí también hay que meterle mano”.

A decir del especialista de la Iberoamericana, la solución debe ser integral y multifactorial, “hay que atacar el problema por las vertientes familiar, educativa, cultural, legal, administrativa, económica, entre otras. Ese es el gran reto que tiene no sólo México, sino prácticamente toda América Latina”, lo que denota una verdadera falta de voluntad política porque las autoridades no quieren hacer una inversión, por ejemplo, en un sistema penitenciario que “da poco y quita mucho”.