Hipólito Contreras

La pobreza económica y de desarrollo social de los mexicanos se acentúa cada vez más. De 126 millones de habitantes que tiene el país (datos del INEGI de 2020) 55.7 millones están ahora mismo en condiciones de pobreza, incluidos más de 10.8 millones que enfrentan una situación de pobreza extrema; esto equivale a un crecimiento del 24 por ciento, con relación a 2018.

Los incrementos sumados (pobreza y pobreza extrema) en los primeros dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador –los datos corresponden a 2019 y 2020—aumentaron en 3.8 millones de personas, con mayor afectación a la población rural y a los habitantes de las áreas periféricas urbanas de todo el país.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales (CONEVAL) del gobierno federal, en los primeros dos años de gestión, 2019 y 2020, el número de pobres señalado padece desnutrición por una alimentación incompleta y, además, carecen de esquemas apropiados de vivienda y la educación es deficiente.

La caída de los ingresos de la población económicamente activa se ha debido a varios factores, entre los que destacan la falta de planeación económica en todas las ramas productivas; a la ruptura de acuerdos entre el gobierno y el sector privado; en la baja promoción de inversiones extranjeras en México, y en la creencia del propio presidente de que todo lo puede hacer el gobierno.

En el caso particular de nuestro país, coincidió la pandemia con el inicio de un gobierno sin experiencia en administración pública. Se le ocurrió concentrar los recursos presupuestales en una gran bolsa y, de manera conjunta con la Cámara de Diputados, dominada por legisladores del partido político en el poder, distribuirlos a conveniencia.

Así, se dio preferencia al desarrollo de una serie de programas sociales y a la aplicación de grandes inversiones con cargo al presupuesto federal, sin considerar la opción de compartir inversiones con los demás sectores nacionales e incluso con financiamientos externos.

Los grandes proyectos de infraestructura hidráulica, por ejemplo, se financiaron en el pasado con recursos nacionales y de procedencia extranjera. De lo contrario, jamás hubiera llegado México a ser el sexto en el mundo, con superficies agrícolas incorporadas a sistemas de riego. En la actualidad no hay presupuesto para incorporar nuevas tierras con fines de irrigación.

Las remesas representan 40 mil millones de dólares anuales, lo que contribuye a controlar y reducir la pobreza

Los programas sociales del actual gobierno, no significan ser la contraparte de la pobreza; no la contrarrestan, sino al contrario, la acentúan. No hay empleos formales ni inversiones para ampliar la infraestructura nacional, salvo para los proyectos que son íconos de la política gubernamental: Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya.