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El Secretario General de las Naciones Unidas está muy preocupado por los recientes arrestos y detenciones de líderes políticos registrados en Nicaragua, al igual que por la invalidación de sus candidaturas a puestos de elección popular, dijo hoy el portavoz de António Guterres en su encuentro diario con la prensa.

“Estos acontecimientos pueden socavar gravemente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones generales de noviembre”, continuó Stephan Dujarric. Los comicios están programados para el día 7 de ese mes.

Guterres reiteró su llamado a un acuerdo amplio sobre medidas encaminadas a un proceso electoral creíble, participativo e inclusivo.

También instó a las autoridades a respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos y les pidió la liberación inmediata de los líderes opositores, así como la restitución de sus derechos políticos.

Condena categórica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumaron a la codena categórica a la persecución penal de líderes y lideresas de la oposición nicaragüense que hicieron públicas sus aspiraciones políticas.

Según las informaciones recibidas por esas entidades, las autoridades nicaragüenses investigan a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios desde el 19 de mayo por supuesto lavado de dinero valiéndose de la fundación que lleva su nombre.

La Fiscalía solicitó que no se le permitiera postularse a cargos públicos ni se le dejara salir del país. Tampoco puede asistir a “determinadas reuniones y lugares” ni comunicarse con personas implicadas en la investigación.

El 2 de junio, en el marco de esa indagación, agentes de la policía allanaron su morada y, desde entonces, se encuentra en arresto domiciliario, incomunicada y con vigilancia policial dentro de la casa.

Más detenciones arbitrarias

Días después, el 5 de junio, fue detenido el precandidato presidencial Arturo Cruz Sequeira cuando aterrizó en el aeropuerto de Managua. El aspirante a la presidencia es investigado por el delito de conspirar contra la integridad nacional y se le prohibió presentar su candidatura. Desde el 7 de junio está detenido sin acusación fiscal hasta por 90 días. Al igual que en el caso de Chamorro, se le allanó su vivienda sin orden judicial y sin elaborar un acta en la que consten los bienes confiscados.

Otro precandidato, Félix Madariaga Blandón, recibió una citación del Ministerio Público sin que se especificara la causa. Cuando acudió al día siguiente, el 8 de junio, se le interrogó y fue detenido de conformidad con la ley que defiende el derecho del pueblo nicaragüense a la soberanía y autodeterminación.

Bajo cargos similares se detuvo al precandidato Juan Sebastián Chamorro García, a la lideresa política Violeta Mercedes Granera Padilla y al líder gremial José Adán Aguerri Chamorro.

Disposiciones violatorias de los estándares internacionales

Las leyes supuestamente transgredidas por los detenidos fueron proclamadas a partir de que comenzó la crisis de derechos humanos en el país, en abril de 2018. Todas incluyen “disposiciones que violan normas y estándares regionales e internacionales en materia de derechos humanos, que el Estado de Nicaragua se ha comprometido a cumplir”, advirtieron la Comisión Interamericana y la Oficina de Derechos Humanos.

Las instituciones pidieron dejar sin efecto las normativas que limiten arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos de los nicaragüenses y alertaron del riesgo de que se utilicen para perseguir a cualquier opositor del gobierno.

Asimismo, reiteraron que estos hechos, al igual que el hostigamiento contra activistas de derechos humanos y periodistas, socavan la posibilidad de que haya unas elecciones libres, justas y transparentes, y van en detrimento de la confianza en las instituciones.

Al igual que el Secretario General, la Comisión Interamericana y la Oficina de la ONU conminaron a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato a todos los detenidos en el marco de estas investigaciones, a garantizar su integridad y seguridad personal, y a restablecerles el goce pleno de sus derechos civiles y políticos.