La aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica pone en riesgo la transición energética y la atención a la emergencia climática

Staff/Rossi

Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica obstaculizan la transición energética en México, perpetuando el modelo de consumo de combustibles fósiles causantes de la crisis climática.

De acuerdo al Índice de Finanzas Sostenibles, México tiene niveles de finanzas sostenibles bajas, que indican que el actual gobierno mexicano no está invirtiendo recursos en la transición energética, mientras que mantiene ingresos y egresos altamente intensivos en carbono.

Ciudad de México, Méx, 3 de marzo de 2021.- La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 23 de febrero y por el Senado de la República el 2 de marzo pone énfasis, entre otras medidas, en modificar el orden de prioridad en el despacho de los generadores de energía eléctrica. En la práctica, esta medida implica que, a partir de dicha reforma, las empresas productivas del Estado, en este caso la Comisión Federal de la Electricidad (CFE), tendrán prioridad para la provisión de energía a la red eléctrica. En este sentido, el orden de preferencia quedaría se la siguiente manera: 1) la energía generada en las centrales hidroeléctricas de la CFE; 2) la generada por otras centrales de la CFE, como nuclear, geotérmica, termoeléctrica y de ciclo combinado; 3) energía solar y eólica de particulares; y, 4) la energía de ciclo combinado generada por empresas privadas.

Actualmente, esta medida está lejos de ser una solución para atender la emergencia climática y cumplir con los compromisos y obligaciones que México tiene tanto a nivel nacional como internacional para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esto se debe a que la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con la capacidad para abastecer a la red eléctrica con energías limpias y renovables para alcanzar la transición energética, por lo que daría prioridad a plantas contaminantes a base de combustibles fósiles y otros con externalidades ambientales y sociales como las grandes hidroeléctricas.

Esta situación se refleja en el presupuesto del sector energético del país. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, 96% del presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) fue asignado a actividades de gas y petróleo; mientras que el gasto público asignado por esta secretaría a cambio climático representó únicamente 0.8% del total. Por su parte, la CFE, que a partir de ahora tendrá prioridad en el despacho de electricidad, solo asignó 0.12% de su presupuesto de 2021 a acciones relacionadas con la atención al cambio climático, mientras que de los recursos asignados a programas y proyectos de inversión tan solo 2.8% corresponde a proyectos de energía renovable, sin incluir hidroeléctricas.

Asimismo, como lo muestra el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2020 publicado el 4 de febrero por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), en términos de finanzas públicas, el país aún enfrenta grandes retos para llevar a cabo las acciones requeridas para atender el cambio climático. De los 21 países analizados, correspondientes a los más emisores de la región latinoamericana, México ocupa la posición 18 en el ranking de finanzas sostenibles, lo que lo sitúa en un nivel de desempeño bajo. Esto debido a que una proporción importante de sus ingresos, que en 2019 significó 23.5%, provino de actividades intensivas en carbono, como es la explotación de gas y petróleo, mientras que una proporción importante del presupuesto público, que en 2019 ascendió a 11.1% del presupuesto total, se dirige a la explotación de hidrocarburos. Por su parte, el presupuesto sostenible del país, que incluye inversiones en energías renovables, es aún muy limitado, representó tan solo 0.05% del presupuesto total ese año, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, el presupuesto intensivo en carbono representó 57.69% del total del presupuesto del sector energético y 11.07% del presupuesto total del país, 254 veces más que la suma del presupuesto conjunto destinado a energía renovable y eficiencia energética.

Los resultados del Índice muestran que el actual gobierno mexicano, no está invirtiendo en la transición energética, y con las modificaciones a la LIE garantiza que seguirá perpetuando el modelo basado primariamente en combustibles fósiles, sin dar oportunidad a que las energías renovables sigan evolucionando en el país. Es decir, el gobierno no está generando las condiciones para impulsar esta transición, la cual debe ser justa y sostenible, y debe ayudar a combatir la pobreza y desigualdad energéticas y garantizar los derechos humanos.

Es urgente que el Congreso de la Unión promueva reformas fiscales para lograr la descarbonización de las finanzas públicas y promueva un incremento de recursos presupuestales para alcanzar la transición energética, por las presentes y futuras generaciones.

 

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