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Un grupo de expertos de la ONU* en derechos humanos manifestaron este lunes su preocupación por el grave deterioro humanitario y de las condiciones de seguridad en los campos de desplazados y refugiados internos de Al Hol y Roj, que acogen a más de 64.000 personas en el noreste de Siria. Los especialistas instan a los 57 países** que tienen nacionales retenidos en esos enclaves a repatriarlos de inmediato.

Los expertos sostienen la necesidad de emprender “una acción colectiva, sostenida e inmediata para evitar daños irreparables a las personas en situación de vulnerabilidad allí retenidas”, ante el gran número de países implicados y las graves condiciones humanitarias en los campos.

“Miles de personas retenidas en los campos se ven expuestas a la violencia, la explotación, los abusos y a privaciones en unas condiciones y tratos que podrían equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes según el derecho internacional, y carecen de recursos efectivos. Un número indeterminado ya han muerto a causa de las condiciones de detención”, afirmaron.

Los especialistas ya han enviado cartas a los gobiernos de las 57 naciones que supuestamente tienen a nacionales en los campamentos.

Aumento de la violencia en los campamentos

En el campo de Al-Hol -el mayor campamento de refugiados y desplazados internos de Siria- más del 80% de las personas retenidas son mujeres y niños. A esta situación se le unen los informes sobre el aumento de la violencia desde principios de año que no hacen más que reforzar el llamado de los expertos a tomar medidas urgentes.

Los expertos recuerdan la urgencia de que se haga justicia, se busque la verdad y se repare a todas las víctimas de las gravísimas violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario que se han producido en la región.

En este sentido, aclaran que la detención permanente en los campamentos de mujeres y niños con argumentos poco claros, “es motivo de gran preocupación” y que además “perjudica el progreso de la rendición de cuentas, la verdad y la justicia”.

“Los Estados son los principales responsables de realizar las comprobaciones debidas y adoptar medidas concretas y efectivas para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad, en particular a las mujeres y los niños, que se encuentran fuera de su territorio donde corren el riesgo de sufrir graves violaciones o abusos de los derechos humanos, cuando las acciones u omisiones de los Estados pueden repercutir extremadamente en los derechos humanos de estas personas”, afirmaron.

Proceso de repatriación respetando los derechos humanos

Del mismo modo, recordaron a los Estados implicados que el proceso de repatriación se ha de efectuar de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y que deben evitar cualquier acción que exponga a las personas a nuevas violaciones de los derechos humanos al regresar a su país de origen, apoyando su reintegración mediante el apoyo social, psicológico y educativo adecuado.

Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación por el proceso de “recogida de datos” del pasado mes de julio ya que se recopilaron datos personales de mujeres y niños “en condiciones que no permitían obtener voluntariamente el consentimiento, ni en circunstancias en las que estaba claro quién tendría acceso a esos datos, y cómo podrían utilizarse”.

“Tememos que, de hecho, el objetivo de este ejercicio era identificar a los nacionales de terceros países que pudieran suponer un riesgo para la seguridad, una información que podría comunicarse y utilizarse posteriormente como base para decidir el curso de acción posterior para sus nacionales por parte de los Estados de origen”, explicaron.

Los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que el ejercicio, no respetara los principios básicos de garantías procesales y se centrara únicamente en las familias con presuntos vínculos con los combatientes extranjeros del ISIS, incluidas las mujeres y los niños, que ya sufren una mayor discriminación, marginación y abuso por su presunta afiliación al grupo.