Staff/Rossi

• Diez por ciento de las personas con mayor ingreso a escala mundial es responsable de 25 a 43 por ciento del impacto ambiental, mientras que quienes menos contaminan son quienes más resienten los daños, de acuerdo con un informe elaborado por el ITESO y Greenpeace México.

El consumo de combustibles y de carne, ambos productos intrínsecamente relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero, son junto con la compra de alimentos fuera del hogar tres de los rubros a los que más ingresos destinan los mexicanos. Estos patrones de compra, así como pasar de la obtención moderada de los bienes naturales al sobreconsumo, son causantes de 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global, según el Grupo de Liderazgo Climático, conocido como C40 (https://www.c40.org/).

De acuerdo con el reporte El consumismo en México y sus impactos en el cambio climático, elaborado por el ITESO y Greenpeace México, las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con el nivel de ingreso de las personas. Es decir, las personas con mayor nivel económico y estilos de vida basados en el consumismo son las responsables del mayor impacto ambiental.

“Cuando hablamos de sobreconsumo estamos hablando de sobreexplotación de recursos, de gasto energético, de quema de combustibles para transportar los productos y de generación de residuos. Es decir, el consumismo se presenta como una de las principales causas de la crisis climática que se vive actualmente, de pérdida de biodiversidad y de calentamiento global. Esta relación ya no puede ser ignorada por los gobiernos, ni por las empresas ni por los consumidores y es la razón de ser de este reporte”, señaló Ornela Garelli, especialista en consumo responsable y cambio climático de Greenpeace México.

Si bien todas las personas consumen, no todas lo hacen en la misma proporción. Diez por ciento de las personas con mayor ingreso a escala mundial es responsable de 25 a 43 por ciento del impacto ambiental. En contraste, diez por ciento de quienes tienen ingresos más bajos es responsable de tres a cinco por ciento del daño (Teixidó-Figueras, et al, 2016 citado en Wiedmann, 2020).

“Nos encontramos con un esquema de desigualdad y de injusticia, en el que quien menos contamina es quien más reciente los daños, ya que tanto los procesos de producción como los patrones de consumo generan impactos ambientales que se distribuyen de manera desigual, afectando más a las personas más vulnerables. La pandemia por Covid-19 es ilustrativa de esta situación. Por un lado, al no verse afectados por la crisis, hay quienes permanecen bajo esta lógica en la que la producción y el consumo desmedido no frena; por el otro, sucede lo contrario, con la población que ahora carece incluso de la posibilidad para satisfacer las condiciones de vida básicas”, advirtió Manuel Espinosa Sánchez, académico de la Coordinación de Programas de Incidencia Social (Coincide) del ITESO.

Este hecho adquiere mayor relevancia en una sociedad como la mexicana, caracterizada por tener altos niveles de desigualdad. Los hogares más pobres tienen un ingreso promedio mensual de 3 mil 038 pesos. En contraste, en los hogares más ricos el ingreso equivalente es de 55 mil 583 pesos, o sea, dieciocho veces más ingresos que los primeros.

Es una realidad que a mayor ingreso en los hogares se consume mayor proporción de transporte, mantenimiento vehicular y comunicaciones. Así por ejemplo, la población con más bajos ingresos del país participó con 11.29 por ciento del gasto total de electricidad, mientras que la población con ingresos altos y muy altos participó con 67.49 por ciento (Cámara de Diputados, 2000). La generación de energía eléctrica es uno de los rubros que más contribuye al cambio climático en México.

De acuerdo con los datos del reporte, en comparación con el año 2016, en 2018 el gasto promedio nacional en combustibles para vehículos se incrementó en más de 13 por ciento, siendo el crecimiento más significativo de los productos analizados para este reporte.

México es un país de 126 millones de habitantes, pero solo los no pobres pueden representar un mercado relativamente estable y abarcan 21.9 por ciento de la población (Coneval, 2018).

Cuando el consumo depredador lo lleva a cabo una pequeña fracción de la población, la que dispone de alto poder de compra, se da en detrimento del resto de la humanidad y la vida del planeta. Diversos elementos del medio ambiente se han concebido como una mercancía al considerarlo un recurso natural que está al servicio de la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, esto se ha tornado en un modelo insostenible, ya que la tierra ha tenido un doble papel, por un lado como proveedora de recursos y por el otro como receptora de residuos.

La huella ecológica es uno de los indicadores más utilizados para medir la presión que se ejerce en el medio ambiente. En México ese indicador ha crecido significativamente con el paso del tiempo: pasó de 1.86 hectáreas por persona en 1961 a 2.55 en 2014. Esto ha traído un descenso en la biocapacidad de 3.46 hectáreas por persona. Esto significa que en poco más de 50 años cada mexicano pasó de tener un crédito ecológico de alrededor de dos hectáreas globales a un déficit de 1.4 hectáreas globales.

“Este modelo es insostenible. Los ritmos de extracción y de generación de desperdicio han rebasado la capacidad de los ecosistemas para conservar la base de nuestra vida en la Tierra, por lo que este documento es un llamado urgente a la sociedad y a los tomadores de decisiones a cambiar el actual modelo de consumo e impulsar el consumo responsable como una medida básica para frenar el deterioro ambiental y como un acto de justicia social y climática”, resaltó Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y Cambio Climático de Greenpeace.

Este informe se elaboró a partir de un ejercicio de investigación documental, fundamentado en enfoques de las ciencias económicas, sociales y ambientales, a fin de provocar un diálogo sobre la relación entre el consumo y algunos elementos del cambio climático. El proceso de investigación estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de investigadores del ITESO que revisó fuentes de información cuantitativa y cualitativa accesibles para el público en general, confiables y actuales.

Comercio justo y consumo responsable: otro modelo es posible

América Latina y el Caribe representan 23 por ciento del total de productores a pequeña escala de comercio justo a nivel mundial, siendo México el tercer país con mayor número de productores (37 mil 947) solo por debajo de Perú (69 mil 231) y de Colombia (67 mil 462) en 2015 (Coscione y Mulder, 2017). El comercio justo tiene la fuerza para direccionar el consumo hacia uno que sea responsable con el potencial, incluso, de traducirse en un acto de justicia climática. El comercio justo se traduce en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, es decir, de reducción de gases de efecto invernadero y de ajustes para enfrentar los impactos esperados, respectivamente.

El consumo responsable y el comercio justo se presentan como una alternativa para relocalizar la economía, para poner al centro de la producción y el consumo la sostenibilidad de la vida. Se trata de una acción política local que exige modificar y reorientar las formas insostenibles de consumir, pero también de producir. Algunos de los ejemplos más evidentes de este estilo de producción y consumo frente al cambio climático los encontramos en la producción de los alimentos. La agroecología se presenta como una alternativa para transitar de este tipo de producción basado en el uso de combustibles fósiles y la producción de cultivos de agroexplotación, hacia un modelo alternativo que promueve las prácticas agrícolas sustentables y el desarrollo de agrosistemas sin dependencia de agroquímicos e insumos de energía altamente contaminante.

Las respuestas también han alcanzado el contexto urbano. Se trata de movimientos como Defensa de semilla nativa en Yucatán: Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj (KKMM) o Tianguis Solidario en Jalisco que, además de apostar por mejores prácticas de producción y consumo en las ciudades, buscan salvaguardar las áreas naturales en las zonas urbanas para generar cinturones o muros de amortiguamiento frente a la presión que ejerce el crecimiento de las ciudades en términos de cambio de uso de suelo.

Es evidente que un modelo de consumo alternativo no solo es urgente sino posible. Es necesario que los gobiernos locales fomenten y apoyen las iniciativas de comercio justo y responsable para que las personas puedan contar con alternativas reales a nuestro alcance.