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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  condenó este martes el aumento de la violencia ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, e instó a las autoridades de país a tomar acciones concretas para proteger a la población de manera eficaz.

En lo que va de 2020, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país. Además, la Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va de año. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las FARC.

La comunidad Nasa ha sido uno de los grupos indígenas más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en la región del Norte del Cauca en 2020. El incidente más reciente ocurrió el 5 de diciembre, cuando cinco personas -incluido un ex combatiente de las FARC en proceso de reintegración- fueron reportadas como asesinadas en el Norte del Cauca en dos hechos diferentes. Además, el mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo Nasa recibieron amenazas de muerte.

“Los números que mencionamos son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores precisamente porque la pandemia de COVID-19 ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos y masacres”, informó Marta Hurtado, portavoz de Bachelet, ante periodistas en Ginebra.

Otro ataque reciente ocurrió el 3 de diciembre en el departamento del Chocó. El líder indígena Miguel Tapi Rito fue asesinado, y eso provocó que unas 900 personas de su comunidad –la mayoría mujeres, niños y niñas- huyeran a un pueblo cercano, donde han estado pidiendo a las autoridades del Estado que les brinde protección.

Violencia persistente

“Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos”, expresó la Alta Comisionada en un comunicado.

Hurtado explicó que la peor situación se vive en las áreas difíciles de acceder donde hay una clara falta de presencia del Estado “en todo el sentido de la palabra”.

“No hay seguridad, no hay policías, no hay servicios públicos, escuelas, salud, etc. Esa es una de las razones por las que pedimos al Gobierno que llegue a esas áreas. En esos lugares hay grupos criminales y armados, y otros como narcotraficantes que controlan el territorio, cuando debería ser el Estado el que lo tenga”, dijo.

“Hago un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia.Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población”, recalca la Alta Comisionada..

Bachelet resaltó la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, tal y como se solicitó específicamente en el Acuerdo de Paz de 2016.

No se puede normalizar la situación

La Alta Comisionada también pidió a las autoridades que lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales, independientes y transparentes sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, y a que defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación. Para tal fin, dijo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha estado haciendo un buen trabajo, pero podría fortalecerse aún más para desmantelar las redes criminales.

Michelle Bachelet también instó a las autoridades colombianas a brindar un entorno seguro para las personas de todos los sectores de la sociedad para que puedan participar en los asuntos públicos y culturales, libres de temor, intimidación o estigmatización.

“Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”, dijo Bachelet.