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En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, dio a conocer que el Estado mexicano reabrirá la investigación del caso de Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años que murió tras sufrir una presunta violación tumultuaria por militares, el 25 de febrero de 2007.

En la conferencia matutina, precisó que luego de haber conversado con la Fiscalía General de Justicia de Veracruz y con la secretaria general de Gobierno de la entidad, se decidió que con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores se presentará un informe sobre estos hechos el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de establecer que la FGJ de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación para garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas.

“La Secretaría de Gobernación coordinará ante la CIDH estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia”, indicó.

El pasado 4 de diciembre, al comparecer ante la CIDH, el fiscal coordinador especializado de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, defendió la investigación que hizo en su momento la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), la cual dictaminó que la muerte de Ascencio no fue por una violación, sino como resultado de anemia aguda y úlceras.

Al respecto, Encinas Rodríguez sostuvo que dicha posición no representaba la postura del Estado mexicano, ni a las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos ni a las instrucciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado para atender estos asuntos.

El funcionario estatal no le movió una coma a la versión oficial que se ha dado desde el gobierno de Felipe Calderón, la cual refiere que Ernestina Ascencio murió por “alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica”.

“En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica, esta posición es inaceptable para el Gobierno de México”, expresó el subsecretario de la Segob.

El 25 de febrero de 2007, Ernestina habría sido atacada sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. La noche del 24 de febrero de ese año, los militares instalaron un campamento en la comunidad de Tetlatzingo, en el municipio de Soledad Atzompa. Aún no iniciaba el programa “México Seguro”, pero los militares ya patrullaban las zonas indígenas de Veracruz. Incluso, eran acusados de cometer abusos contra mujeres y niñas en la Huasteca.

Los familiares de Ernestina la encontraron gravemente herida, a unos 300 metros del campamento militar. Antes de perder el conocimiento, pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome”, “los vestidos de verde”, como les dicen en la sierra de Zongolica a los soldados. Esas fueron sus últimas palabras.

La mujer falleció en la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros”, confirmadas en la necropsia realizada en el hospital, en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV).

Los familiares de Ernestina y funcionarios del hospital denunciaron el ataque sexual y se abrió la investigación ministerial 140/2007/AE por violación y posterior homicidio.

Fidel Herrera, entonces gobernador de Veracruz, declaró en un principio que se haría justicia. Sin embargo, después, el 13 de marzo, se unió al pronunciamiento de Felipe Calderón, quien afirmó que Ernestina murió por “gastritis crónica”.