Ricardo Homs

La libertad de expresión es el alma de la democracia, pues estimula la participación ciudadana, el debate de ideas, la expresión de inconformidades y garantiza, además, el derecho a disentir, sobre todo en tiempos como los actuales, que son de efervescencia política.

Sin embargo, la libertad de expresión debemos protegerla de todos los riesgos, sobre todo de las actitudes autoritarias de grupos que ejercen poder y pretenden imponernos su visión propia a toda costa.

Antiguamente los riesgos para la libertad de expresión venían directamente del estado y sus instituciones. Desde ahí se trataba de silenciar las críticas de modo directo, bajo el impacto de la amenaza velada y sutil, o de la violencia directa.

Hoy las formas se han sofisticado, pues esta vieja práctica puede iniciar con la desacreditación de un medio de comunicación o de un periodista incómodo, pegándole en su línea de flotación como sucedía en las batallas navales, que en esta profesión equivale a desacreditarlo ante la sociedad, desde las altas esferas del poder, exhibiéndolo de modo tendencioso como corrupto, o de plano, acosándolo con bots desde las “redes sociales profundas”, utilizando presupuesto público para comprar servicios de inteligencia artificial, fabricando testimonios.

En esta sociedad inestable y sensible de hoy día, basta con poner en duda la reputación de un comunicador o un medio, para restarle credibilidad y dejarlo desarmado.

Además, hay grupos de poder como la delincuencia organizada que intenta en algunas zonas del país imponer la línea editorial de los medios de comunicación a su modo, con la amenaza de la violencia, lo cual es causa del alto riesgo que en esas zonas implica ejercer el periodismo. México es hoy uno de los países donde hay más riesgos para los periodistas.

Sin libertad de expresión, la democracia se convierte en un concepto abstracto y sin vida porque falta la interacción y el debate de ideas y propuestas.

Por tanto, la libertad de expresión es tanto un derecho humano fundamental, como un derecho colectivo.

Vivimos tiempos difíciles para la libertad de expresión y de alto riesgo, pues el abuso de este derecho, en estos tiempos de las redes sociales, puede impactar a terceros en su derecho a preservar un buen nombre y su reputación… por ello estos temas hoy se vuelven complejos.

Sin embargo, vivimos en un país de instituciones y leyes y este derecho, que está garantizado por la Constitución, debe ser protegido como parte del Estado de Derecho. Por ello, la Academia Mexicana de la Comunicación A.C. ha tomado este tema y el “derecho a la información” como un objetivo de estudio y análisis. Para ello ha realizado foros, como el que organizó en alianza con la CNDH, que es ese momento era presidida por Luís Raúl González Pérez, en septiembre del 2019, titulado “Reputación, verdad, redes sociales y derechos humanos”, el cual tuvo la participación activa de casi 50 especialistas que trabajaron a lo largo de dos días en 8 paneles.

El 04 de junio pasado la Academia Mexicana de la Comunicación convocó a casi 20 especialistas para participar en el foro virtual titulado “Redes Sociales, manipulación y libertad Periodística”.

Sin embargo, para generar propuestas a partir de un programa de trabajo continuo, sistemático y de largo plazo, la Academia Mexicana de la Comunicación AC convocó a 14 de los más respetados juristas a integrar el Consejo Asesor Juridico, que como parte de esta institución dedicada a la comunicación, evalúe y analice lo relativo a estos dos temas prioritarios que son: “Derecho a la libertad de expresión” y “Derecho a la información”.

A partir del trabajo profesional y altamente especializado de estos reconocidos juristas, conjuntamente se realizarán propuestas avaladas por la AMDC que serán entregadas a los responsables de llevarlas al ámbito legislativo.

La presidencia de este Consejo Asesor Jurídico de la AMDC, recayó en Luís Raúl González Pérez, extitular de la CNDH hasta noviembre del 2019 quien además, tiempo atrás fuera director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y también subprocurador general de la república, contando también con una larga trayectoria dentro de la UNAM, de la que fue abogado general.

Como secretario técnico de este consejo jurídico quedó Ernesto Villanueva Villanueva, abogado especializado en libertad de expresión y derecho a la información y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Villanueva ha sido perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos vinculados con libertad de expresión y es colaborador de la revista Proceso.

El secretario de acuerdos es Guillermo Silva Aguilar, quien en la CNDH fue asesor del presidente hasta noviembre del 2019, además de otros cargos previos en la CNDH, el IFE y otras instituciones.

Los consejeros son José Ramón Cossío Díaz, quien es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es profesor investigador asociado de El Colegio de México, y dirige el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, A.C. (IFED). Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal, así como colaborador regular de la revista Proceso.

Otro consejero es Clara Luz Álvarez, doctora en derecho, quien se ha especializado en telecomunicaciones. Ella recibió el Premio Nacional de Periodismo por divulgación de la cultura democrática, siendo conductora del programa Código Democracia, del Canal del Congreso. Es columnista del periódico Reforma.

Claudia De Buen Unna es primera vicepresidenta de la Barra de Abogados para el período 2019-2020 y por ende, será presidenta de ese organismo para el período 2021-2022. Es la primera mujer en alcanzar este nivel en casi cien años.

José Carreño Carlón fue uno de los fundadores del diario Unomásuno, así como de La Jornada, fue subdirector de El Universal y director general de El Nacional. Fue director de comunicación social de la presidencia de la república y vocero del gobierno del presidente Carlos Salinas. Ha sido diputado federal y embajador de México en Holanda, así como director general del Fondo de Cultura Económica. Además, académico de número de la AMDC por su trayectoria en el ámbito de la comunicación.

Hilda Nucci González forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrita al área de Derecho a la Información. Fue directora de la Fundación para la Libertad de Expresión y actualmente columnista del Heraldo de México.

Gerardo Laveaga Rendón es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tiene larga trayectoria en el sector público en ámbitos de derecho y de comunicación. Ha recibido distinciones como el Premio Nacional de la Juventud (1985,) la Presea al Mérito de la Administración Pública (1998) y la Presea al Mérito en la Difusión de la Cultura Jurídica (2002).

Raúl Contreras Bustamante en la actualidad se desempeña como director de la Facultad de Derecho de la UNAM por un segundo mandato. Ha sido reconocido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la Medalla al Mérito Docente “Jaime Torres Bodet 2018”. Columnista de Excélsior.

Mara Gómez Pérez encabezó recientemente la CEAV, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Gobernación. Ha ocupado cargos relevantes en el Senado, en el TEPJF, en la CNDH y la SCJN.

Guillermo Tenorio Cueto actualmente es director de la licenciatura en gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información, con presencia en 14 países de la región.

Karla Cantoral Domínguez Es especialista en protección de datos personales, responsabilidad civil, transparencia, rendición de cuentas y derecho de acceso a la información. Se ha dedicado a la docencia con especialización en estos temas.

Gisela Pérez Fuentes desde el 2002 ha desarrollado la teoría de los derechos de la personalidad y dignidad de la persona, así como las consecuencias de la violación a los derechos. Se ha especializado en derecho civil, derechos de la personalidad y daño moral en Cuba, España y México.

Podemos concluir que la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia, además de un derecho humano y colectivo y por ello debemos defenderla con la ley en la mano.

¿Usted cómo lo ve?