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En Nicaragua, los opositores al Gobierno, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes sociales y los ex detenidos políticos sufren violaciones sistemáticas de sus garantías fundamentales, señaló este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet dio cuenta de despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales a las reuniones pacíficas de los críticos del Gobierno.

Detalló haber recibido 43 denuncias de allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, así como acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra individuos considerados opositores.

Bachelet destacó la impunidad persistente frente a estos atropellos. “Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía”, dijo.

“Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”, añadió.

La Alta Comisionada se refirió con preocupación a la muerte de cuatro indígenas y la lesión de dos en el territorio Tuahka, en la Costa Caribe Norte nicaragüense, debido a ataques con armas de fuego perpetrados el 26 y 27 de marzo pasados.

También reportó incidentes violentos el 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, donde se registraron al menos dos muertes de residentes de la comunidad y tres policías fueron heridos. Según las informaciones, varios residentes se enfrentaron a la policía por presuntas violaciones como el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas. Los residentes tomaron como rehén a un agente mientras exigían la liberación de los arrestados.

Por otra parte, Bachelet mencionó con beneplácito las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos, afirmando que la medida reduce el hacinamiento en los centros penitenciarios.

Añadió, no obstante, que ninguno de los 86 “presos políticos” registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020, fue beneficiado, por lo que reiteró su recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.

COVID-19

La Alta Comisionada indicó que la emergencia sanitaria impuesta por la pandemia del coronavirus ha dado lugar a mayores restricciones del espacio cívico y democrático.

“El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. La pandemia además ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos”, apuntó.

También destacó la poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos, además de subrayar que algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la comunidad médica nicaragüense, especialmente en cuanto al distanciamiento físico. Hasta la fecha, al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.

Bachelet advirtió que la pandemia podría agravar la crisis económica que Nicaragua sufría ya desde abril de 2018 y que afecta los derechos económicos, sociales y culturales de los nicaragüenses, sobre todo de los más vulnerables.

Para concluir, llamó al Gobierno de Nicaragua a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano con el fin de fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente.