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Digamos que se llaman Omar, Mayra y su pequeña Karen. Llegaron al Perú como muchos de sus compatriotas, en busca de un futuro mejor, y recuerdan el camino inverso de tantos peruanos que alguna vez emigraron hacia otros países con la misma ilusión.

Poco a poco las cosas parecían mejorar para ellos. Con su esfuerzo y el apoyo de muchos peruanos, empezaron a salir adelante. El trabajo de Omar y Mayra era duro pero reconocido por su calidad. Entre tanto, la pequeña Karen empezó a estudiar con sus nuevos compañeros peruanos. “Lo podremos lograr”, pensaba Omar.

Esta es una crisis que llama a la solidaridad y la ONU continuará trabajando por las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Pero nadie contaba con el coronavirus COVID-19.

Al presentarse la pandemia, el Gobierno peruano organizó la respuesta de inmediato. A través de sus instituciones y registros oficiales, una gran cantidad de peruanos en situación de vulnerabilidad ha podido acceder a la asistencia del Estado, así como de distintas organizaciones y de la empresa privada.

Sin embargo, era necesario atender también a miles de familias como la de Omar y Mayra, conformadas por ciudadanos refugiados o migrantes que vivían ya en situación de vulnerabilidad, porque los derechos humanos son para todos en todas partes. El acceso a la salud, educación, alimentación, entre otros derechos, no depende de la ciudadanía ni de una condición migratoria, menos cuando se atraviesa por una emergencia sanitaria.

“Esta es una crisis que llama a la solidaridad y la ONU continuará trabajando por las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, señaló Igor Garafulic, representante de las Naciones Unidas en el Perú.

La ONU responde

Mientras continuaba con su trabajo de apoyo en el contexto del COVID-19 y en estrecha coordinación con el Gobierno, las Naciones Unidas organizaron la asistencia humanitaria para miles de familias refugiadas y migrantes.

Garafulic respondió a la solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros de distribuir alimentos donados por la empresa privada y administrados por el Instituto Nacional de Defensa Civil a 5000 familias refugiadas y migrantes vulnerables, en su mayoría de Venezuela.

La Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios organizaron la entrega de canastas de alimentos y agua para cubrir las necesidades mínimas en este periodo de emergencia sanitaria. También se integraron en el proceso de distribución el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas parda la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Mundial de la Salud.

Las canastas básicas provienen de donaciones del sector privado, organizadas y recolectadas por el frente empresarial Hombro a Hombro y se han entregado a la población vulnerable extranjera previamente identificada y en estrecha coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Trabajaron duro para llevar esa ayuda, y muchos apoyaron en el camino. Contaron con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil en la distribución de la ayuda. En las zonas de distribución, y en varios distritos la Policía Nacional del Perú los acompañó en la tarea, así como personal de Seguridad Ciudadana.

El virus no discrimina

“Este virus no discrimina y la lucha para vencerlo es de todas y todos. Para que las personas refugiadas y migrantes puedan sumarse y proteger al Perú, tenemos que ayudarles también a quedarse en casa. Por eso el apoyo en alimentación es primordial. Muchos llevan días sin comer. Estas canastas son una medida complementaria, en respuesta a la atenta llamada del Gobierno, y son destinadas a una población extremadamente vulnerable que no será beneficiada por el bono del Gobierno peruano”, Federico Agusti, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

La distribución se realizó de manera ordenada, manteniendo altos niveles de protección e higiene. Las organizaciones de base Illari Amanecer y Unión Venezolana, así como Cáritas Chosica han sido grandes aliados para localizar y contactar a las familias más vulnerables y hacer posible la entrega en estos momentos de movilización restringida.

Esta entrega de asistencia se realiza en el marco de las acciones de respuesta al COVID-19 para proteger a refugiados, migrantes y sus comunidades realizadas por el Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, liderado por Agencia de la ONU para los refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones y que incluye a 70 organizaciones internacionales y nacionales, y que cuenta con el apoyo financiero de la comunidad internacional.

Solidaridad frente al COVID-19

“Emprendimos el reto de asistir a 5000 familias de migrantes y refugiados venezolanos en situación de extrema vulnerabilidad, con el empeño de remediar en algo la difícil situación por la que atraviesan. Recordemos que más de 80% de la población venezolana en el Perú se desarrolla en el sector informal y su economía se basa en el ingreso diario que pueda obtener y luego de 25 días de aislamiento social obligatorio se encuentra muy necesitada de asistencia alimenticia urgente”, dijo Jorge Baca Vaughan, jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Perú.