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Los menores de edad están más expuestos al abuso y la violencia durante el confinamiento por el COVID-19. Los Estados deben garantizar su seguridad, así como que padres, cuidadores, proveedores de servicios y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con el apoyo adicional para minimizar el aumento de los riesgos.

Dos expertas en derechos humanos de la ONU han pedido a los Estados que impulsen medidas de protección infantil para ayudar a salvaguardar el bienestar de millones de niños en todo el mundo que pueden estar más expuestos a la violencia, la venta, el tráfico, el abuso sexual y la explotación durante el confinamiento debido a la pandemia de coronavirus COVID-19.

“Globalmente, las medidas de confinamiento y la prestación interrumpida de servicios de protección infantil ya limitados exacerban la vulnerabilidad de los niños que viven en instituciones psiquiátricas y de asistencia social, orfanatos, campamentos de refugiados, centros de detención de inmigrantes y otras instalaciones cerradas. Es probable que casos de violencia, abuso sexual y explotación de los niños confinados en estas instalaciones no sean detectados,” dijo la relatora especial sobre la venta y explotación sexual de niños, Maud de Boer-Buquicchio.

La representante especial del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra los niños, Najat Maalla M’jid, coincidió con la relatora al observar que “en un momento de encierros y aislamiento en el hogar y en otros lugares, los niños corren un mayor riesgo de sufrir violencia y explotación, así como problemas de salud mental. Esto es especialmente cierto para aquellos que ya están en situaciones vulnerables, a los que no debe dejarse atrás.”

Ambas instaron a los Gobiernos a garantizar que todos los niños tengan acceso a los servicios de protección de la infancia y a personal adecuadamente equipados y preparado. Esto incluye líneas directas gratuitas las 24 horas, servicios de mensajes de texto gratuitos, servicios sociales y psicológicos remotos y refugios móviles para menores.

“Cuando faltan tales servicios vitales, las víctimas están obligadas a soportar el abuso y la violencia de sus propios cuidadores o los miembros del círculo interno de confianza. Tenemos que asegurarnos de que la protección infantil esté completamente integrada en la respuesta a COVID-19, con recursos adecuados asignados tanto durante como después de la pandemia,” dijeron en un comunicado conjunto.

A medida que los lazos comunitarios se debilitan debido a la crisis, todos debemos permanecer alerta e informar cualquier sospecha de abuso infantil. Las restricciones de viaje y el aumento en el número de usuarios en línea probablemente provocarán también un aumento significativo en los delitos cibernéticos, como el acoso sexual en línea, la transmisión en vivo de abuso sexual infantil y la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

“La sólida colaboración entre la industria privada y las fuerzas del orden público es clave para garantizar la detección temprana de casos cibernéticos y el bloqueo y la eliminación efectiva de material de explotación sexual infantil en línea”, señalaron la relatora y la representante especial.

Dichas operaciones implican fuerzas policiales dedicadas y capacitadas para monitorear las redes encriptadas de pedófilos; acceder legalmente a las direcciones IP para asegurar la evidencia, y notificar a las compañías y agencias extranjeras encargadas de hacer cumplir la ley, vigilando el estricto cumplimiento de las leyes internacionales de derechos humanos.

“La pérdida de ingresos del hogar afectará desproporcionadamente a los niños más vulnerables del mundo, lo que los convertirá en una presa fácil para el trabajo infantil, la servidumbre doméstica, la prostitución, la mendicidad forzada y otras situaciones de explotación, con un efecto probablemente duradero en estas víctimas”, advirtieron las expertas.

Ambas explicaron que todos deberíamos hacer esfuerzos significativos para apoyar a los operadores de primera línea en los servicios de protección infantil, los vigilantes de vecindarios y comunidades y también a la policía.

También se debe empoderar a los niños para que participen activamente en la respuesta a esta crisis, incluso a través de iniciativas entre pares. “De esa forma, podemos asegurarnos de que la dignidad y los derechos de los niños estén protegidos y que ningún niño sufra las consecuencias colaterales de esta pandemia sin precedentes”.

Los padres, cuidadores, proveedores de servicios y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley necesitan, además, apoyo adicional para minimizar el aumento de los riesgos para los niños.

El llamado de la relatora y la representante especial ha sido respaldado por Urmila Bhoola, relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; Catalina Devandas Aguilar, relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Dubravka Šimonović, relatora especial sobre la violencia contra la mujer; y Dainius Pūras, relator especial sobre el derecho a la salud física y mental.