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El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria urgió a las autoridades de El Salvador a adoptar reformas estructurales para acabar con ese tipo de privación de la libertad en contra de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

El llamado de los expertos en derechos humanos fue hecho después de la revisión del caso de tres mujeres que fueron detenidas, juzgadas y condenadas a largos periodos de prisión en el país centroamericano, después de haber sufrido emergencias obstétricas o abortos espontáneos.

El Grupo había emitido recientemente una opinión en la que explicó que no se trataba de casos aislados, sino que reflejaban problemas estructurales en el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de la mujer en El Salvador.

Las tres mujeres fueron privadas de su libertad en el hospital, cuando presentaban graves complicaciones de salud, luego de haber pasado por problemas obstétricos que terminaron sus embarazos. El personal hospitalario reportó los casos a autoridades policiales y judiciales, y éstas hicieron investigaciones y acusaron a las mujeres de homicidio agravado.

“Las autoridades salvadoreñas sometieron a las tres mujeres a prisión preventiva, sin considerar otras medidas alternativas a la detención y sin tomar en cuenta la emergencia médica sufrida, ni el daño físico y psicológico al que habían estado expuestas”, señalaron los expertos en un comunicado.

Asimismo, consideraron que “en los tres casos se asumió la culpabilidad de las acusadas, negándoles la presunción de inocencia y violando las garantías del debido proceso”.

Las jóvenes pobres están más expuestas

El Grupo afirmó que las mujeres jóvenes salvadoreñas pobres son especialmente vulnerables a sufrir este tipo de detenciones arbitrarias.

“La información recibida indica que, entre el 2000 y el 2011, 129 mujeres fueron condenadas por aborto u homicidio agravado en El Salvador, con penas que van de los 30 a 50 años de prisión. El 68% de las mujeres fueron sentenciadas cuando tenían entre 18 y 25 años y en su mayoría provienen de zonas rurales o urbanas marginales”, detalló.

Además, “el 57,36% de las denuncias registradas por sospechas de aborto fueron de profesionales de la salud pública. Este es un fenómeno generalizado en el país, que solo afecta a la población femenina y debe ser resuelto con prioridad”.

“El resultado son medidas privativas de libertad innecesarias, desproporcionadas, que no persiguen un fin legítimo y que parecen irrazonables en su implementación”, indicaron tras establecer que la legislación aplicada era discriminatoria, puesto que recae sólo sobre las mujeres.

En este sentido, el Grupo de Trabajo instó a las autoridades de El Salvador a que “revisen, reinterpretan, reformen, desapliquen o deroguen la legislación penal aplicada, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado asumió en materia de derechos humanos”.