Carlos Ahumada: profesional de la estafa

Carlos Ahumada

Proceso

Carlos Ahumada, detenido este viernes en Argentina a petición de la Fiscalía General de la República, tuvo a su paso por México, hace más de 15 años, un largo historial de estafas que fueron documentadas por una investigación de la revista Proceso. El reportaje detalla cómo Ahumada, conocido por los turbios negocios que sostuvo con las autoridades capitalinas de ese entonces, engañó cuantas veces quiso al gobierno federal para cometer sus pillerías. Por su interés actual, presentamos íntegro el texto publicado en el número 1429 del 21 de marzo de 2004.

Acompañado de su madre, Mercedes Kurtz Salvatierra, y de su hermano Pablo, Carlos Ahumada ingresó a territorio mexicano el 6 de octubre de 1975 y se alojó en casa de una hermana que radicaba en el país desde hacía algunos años.

Según consta en las copias de sus documentos migratorios, la familia Kurtz ingresó con visa de turista por un término de 180 días, y no existe constancia en la Secretaría de Relaciones Exteriores de que hayan refrendado el permiso para permanecer más tiempo en México.

A pesar de estar ilegalmente en el país, cuatro años más tarde, el 23 de julio de 1979, Carlos obtuvo un certificado de nacimiento que lo acreditaba como mexicano, nacido en Saltillo, Coahuila. Dicha información obra en el libro I, tomo II, folio 242, foja 042 de la oficina del Registro Civil del municipio de La Aurora, Coahuila.

Un dato curioso: en el documento quedó asentado que Carlos nació en el Hospital Civil de Saltillo y que sus padres, Aníbal Ahumada Ferreira y Mercedes Leonor Sofía Kurtz Salvatierra, son mexicanos, igual que sus abuelos paternos y maternos Arturo Ahumada Anchorena (finado), Herminia Ferreira Salvatierra (finada), Roberto Kurtz (finado) y Mercedes Salvatierra de Kurtz (finada).

Firmaron como testigos César Salvatierra Velázquez, de 23 años, y Francisco Javier Escobedo Cantú, de 20.

Cumplidos los 18 años y amparado en el acta de nacimiento apócrifa, Carlos Ahumada tramitó y obtuvo, el 31 de agosto de 1982, su cartilla militar en la junta de reclutamiento número 16 del Distrito Federal. El documento quedó registrado en la Secretaría de la Defensa Nacional bajo la matrícula B-2403280

Más de tres meses después, el 17 de diciembre de ese mismo año, la Cancillería le expidió el pasaporte mexicano número 15920. En el documento, Ahumada se declaró mexicano e hijo de padres mexicanos por nacimiento.

Con el estatus de ciudadano mexicano, a los 19 años incursionó en los negocios con la fabricación de mesas multiusos. Por ese proyecto, el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, le entregó el Premio Nacional de la Juventud en la categoría de Capacitación y Productividad en la Fábrica

En los archivos del Instituto Mexicano de la Juventud (antes Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud) existe constancia del reconocimiento otorgado al empresario prófugo de la justicia, cuya ficha dice textualmente:

El joven Ahumada Kurtz, originario de La Aurora, Coahuila, a pesar de la crisis ha logrado crear y desarrollar una empresa que genera ingresos para 35 familias de una de las zonas menos favorecidas del área metropolitana enclavada en la colonia “Nopalera”, de la delegación Tláhuac de la Ciudad de México.

La tarea no fue fácil, ya que desde la edad de 13 años ha tenido que compartir estudios con el trabajo. En la actualidad, combina los estudios de la carrera de Actuario con sus actividades de Jefe de la Empresa de Maquila de Productos de Madera antes mencionada.

A base de esfuerzo propio, de voluntad y ahorro, logró comprar poco a poco la herramienta del taller que más tarde se convertiría en una pequeña empresa. Adicionalmente, diseñó y perfeccionó la mayoría de la maquinaria empleada, lo que le ha permitido abatir costos y crear un prestigio de precisión en los diferentes trabajos desempeñados.

El joven Ahumada no ha limitado su acción al problema del empleo que enfrenta la comunidad, y en su espíritu de lucha ha conseguido alejar a los trabajadores de prácticas nocivas encauzándolos al deporte, para lo cual ha formado un equipo de futbol entre sus empleados que, semanalmente, se enfrenta con los diferentes equipos de la colonia.

En “La Nopalera” ya se reconoce la figura y el nombre de Carlos Ahumada como una de las personas jóvenes que no sólo ha llevado una mejoría en el nivel de vida de un grupo de familias, sino que ha renovado la confianza y la convicción de que con trabajo y sano esparcimiento se puede salir de cualquier situación, por más difícil que ésta parezca.

Por todo ello, ha sido designado digno acreedor al Premio Nacional de la Juventud 1983 en la distinción de Capacitación y Productividad en la Fábrica.

Un dato: Las bases del concurso establecían -y establecen aún- un requisito fundamental, que, en el caso particular de Ahumada, se violentó: que los candidatos fueran mexicanos por nacimiento o por naturalización.

Con la documentación apócrifa, el 23 de marzo de 1984 Relaciones Exteriores le expidió un nuevo pasaporte, el número 11842.

En agosto de 1984, Carlos Ahumada se casó con Sonia Medrano Tinoco. En el acta de matrimonio número 02184, expedida por el juez 25 del Registro Civil, Romero Aramez Garza Garza, Ahumada aparece como mexicano, nacido en La Aurora, Coahuila.

Como testigos del contrayente firmaron su madre, Mercedes Kurtz Salvatierra, y su hermana Verónica Ahumada Kurtz.

Sujeto bajo el régimen de separación de bienes, el matrimonio se disolvió el 30 de agosto de 1990, de acuerdo con los datos registrales 090310 00047 1990 que obran en poder del Juzgado Décimo del Registro Civil. De la disolución del vínculo matrimonial, Ahumada nunca dio parte a la Secretaría de Gobernación.

El 1 de marzo último, tres días antes de que estallara el escándalo de los videos de la corrupción que salpicó de lodo al gobierno del Distrito Federal, a dirigentes perredistas y a medios de comunicación, Carlos Ahumada solicitó copia del acta de divorcio, la cual fue expedida por el juez 25, Alfredo de Jesús Medín Rodríguez.

En abril de 1987, Ahumada alquiló un rancho en Amecameca, Estado de México, a los señores Estela Cabrera Sanabria y Enrique Sanabria Bernal En entrevista, Sanabria Bernal cuenta que Ahumada le dijo que lo quería habilitar como granja para la cría y engorda de pavos.

Sin embargo, recuerda que inicialmente lo ocupó para hacer polvo que le vendía a la Secretaría de la Defensa Nacional. “Eran piedras que molía en una licuadora casera y llenaba tambos que luego vendía a la Defensa. No se veía que tuviera dinero”.

Enrique Sanabria dice que cuando Ahumada metió los pavos, casi inmediatamente quiso comprarles el rancho, con el dinero obtenido de la venta de los animales “No aceptamos porque quería pagarnos en abonos”, dice.

Cercana la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento, cuando los propietarios quisieron cobrarle, Ahumada se ocultó y luego los despojó del predio, sin haber pagado un solo centavo. Enrique Sanabria refiere que Carlos Ahumada les dijo que era muy amigo del gobernador del estado de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, y que no se atrevieran a hacer algo porque sufrirían las consecuencias.

La familia Sanabria demandó, pero la justicia se inclinó a favor de Ahumada. Actualmente, el dueño del diario El Independiente, del Grupo Quart y una empresa de aviones privados, entre otras compañías que ya fueron aseguradas por la Procuraduría General de la República, reclama el pago de las costas del juicio.

En febrero y marzo de 1991, la familia Sanabria pidió públicamente al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari su intervención para resarcir las injusticias cometidas en su contra, pero no pasó nada y el empresario se quedó con el rancho, que puso a nombre de su segunda esposa, Cecilia Gurza González.

Apadrinado por Ruiz Massieu y respaldado financieramente por su hermano Roberto, el 2 de junio de 1989 Ahumada incursionó en otro negocio y, con la documentación apócrifa, promovió un permiso para constituir la sociedad Consorcio Nacional La Suriana, SA de CV, con un capital de 300 millones de pesos de aquel entonces. El 7 de junio, la SRE le extendió el permiso número 036935, según consta en el expediente 09/25479/89 folio 49782.

Originalmente, los principales accionistas fueron José Guerrero Calvillo, Carlos Ahumada Kurtz, Miguel Ángel Cárdenas Cervantes, Aldo Gastón Medrano Castro y Efrén Cadena Hernández. En el acta constitutiva registrada ante el notario público número 57 del DF, David Figueroa Márquez, quedó registrado que Ahumada aportó un capital de 240 millones de pesos y que se ostentó como mexicano, nacido en La Aurora, Coahuila, el 11 de junio de 1964, casado, comerciante, con domicilio en Concepción Béistegui 1701 y cédula de contribuyentes AUKC-640611.

Un dato más: El acta incluía una cláusula de exclusión de extranjeros que la SRE pasó por alto.

En abril de 1990, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público intervino la empresa Grupo Director de Empresas Mexicanas, propiedad de Roberto Ahumada. Este consorcio estaba conformado por las siguientes compañías: Editorial Mexicana de Información y Cultura; Inmobiliarios y Comisionistas de Bienes Raíces; Sistemas de Servicios en Mercadotecnia; Automóviles, Camiones y Camionetas; Distribuidora y Engrasadora de Aceites y Lubricantes, y Consorcio Minero La Suriana.

Según Hacienda, Roberto Ahumada realizaba de manera regular operaciones de banca y crédito, sin tener el carácter de institución de crédito al captar dinero del público ahorrador mediante engaños y con el gancho de otorgarles altos rendimientos. La SHCP determinó que el grupo empresarial carecía de activos y de inversiones suficientes para garantizar el pago a los particulares.

El esquema utilizado por Roberto Ahumada lo siguió luego su hermano Carlos con Grupo Quart y Cascata, como quedó descubierto con el fraude detectado por la Contraloría General del Gobierno del DF en la delegación Gustavo A. Madero.

Por ese hecho, Hacienda embargó 19 cuentas y las propiedades de Roberto Ahumada, entre ellas el Consorcio Minero que administraba Carlos Además, fue encarcelado por el delito de fraude en perjuicio de 912 particulares.

En el juicio que se le siguió a su hermano en el Juzgado Décimo Octavo de lo Penal, con sede en el Reclusorio Oriente del DF -proceso penal 191/90-, Carlos Ahumada volvió a su identidad original y declaró que había nacido en Córdoba, Argentina; que ingresó a México en calidad de turista el 6 de octubre de 1975, en compañía de su madre; que su hermano los alcanzó en 1984, junto con su esposa y sus hijos, y que se habían quedado irregularmente en el país.

En esa ocasión, se identificó con el pasaporte número 9664329 expedido por el Ministerio del Interior de la República Argentina el 11 de septiembre de 1975. El documento incluía la visa 1270, con validez de 180 días.

No obstante, la autoridad judicial hizo caso omiso de esa irregularidad y lo dejó libre, en lugar de remitirlo a las autoridades migratorias para su deportación inmediata.

Pero tan pronto se repuso de ese sobresalto, el empresario volvió a las andadas: El 26 de abril de 1990, burló de nueva cuenta a la Secretaría de Gobernación al simular que había entrado como turista a la República Mexicana, y de esa forma obtuvo la Forma Migratoria de Turista número 3436291, con vigencia de 30 días.

Un par de días antes de vencerse el permiso, el 22 de mayo de ese mismo año, solicitó la extensión de su estancia en México por un plazo de 30 días más.

El 31 de mayo, pidió ante la Dirección de Servicios Migratorios un permiso para casarse con una mexicana y, de paso, para alargar su residencia en el país. Manifestó que era soltero cuando, en realidad, apenas seis días antes, había recibido el acta de nulidad de su primer matrimonio.

Cumplidas las formalidades de ley, el 18 de junio contrajo matrimonio con Cecilia Gurza González. Según consta en el acta número 01841 expedida por el juez vigésimo del Registro Civil de la Ciudad de México, Carlos Ahumada presentó documentación que lo acreditaba como argentino, y con la misma nacionalidad registró a sus padres, a diferencia de su primer matrimonio.

En los dos matrimonios, el empresario presentó certificados médicos otorgados por el doctor Isidro Hernández Contreras.

El 29 de enero de 1991, luego de haber burlado a las autoridades de la SRE al obtener tres pasaportes con documentación apócrifa, Carlos Ahumada consiguió la nacionalidad mexicana y juró respetar la leyes y a las autoridades mexicanas.

Unos días después, el 12 de febrero, Enrique Sanabria, una de sus víctimas, denunció las estafas cometidas por el empresario, pero en la dirección de Servicios Migratorios no tenían ningún registro de Ahumada.

El 28 de enero de 1992, tramitó una nueva cartilla militar como mexicano por naturalización. La Sedena corrió el trámite y le otorgó la número B-9617276.

Seis meses después, en julio, renovó su pasaporte -J 22260- y en éste declaró haber nacido en Córdoba, Argentina, aunque mintió en los datos de sus padres al registrar que era hijo de padre argentino y de madre mexicana.

En octubre de 1992, las autoridades de Migración abrieron una investigación para conocer su estatus migratorio y se toparon con otra sorpresa: En sus archivos no encontraron antecedentes de la forma FM número 177436 con la que Ahumada acreditó su residencia legal en el país y promovió su carta de naturalización.

Por ese hecho, la PGR abrió la averiguación previa 2175/FESPLE/93, pero la Secretaría de Gobernación, a cargo de Patrocinio González Garrido, no formuló cargos

En los antecedentes penales de Ahumada aparecen dos ingresos a prisión: El primero, el 5 de febrero de 1992, por el delito de ataques a las vías de comunicación y daño en propiedad ajena y lesiones, y el segundo, el 5 de julio de 1994, por el delito de fraude.

A pesar de las huellas de engaños, estafas y turbiedades dejadas en el camino, Carlos Ahumada siguió operando a sus anchas en los siguientes años. Gobiernos priistas, panistas y perredistas fueron seducidos por el encanto del dinero y cayeron en las redes del empresario.

Pero el fraude descubierto en la delegación Gustavo A Madero puso fin a la boyante carrera del estafador profesional que ahora enfrenta dos cargos: fraude y lavado de dinero.

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