Recurre PEMEX a la llamada “Ley del Garrote” para incumplir acuerdos y pagos por afectaciones ambientales

Rosi A. G 

● Existe pérdidas de cultivos y desaprovechamiento en terrenos de pastoreo por el impacto ambiental derivado de las actividades petroleras

● El 30 de mayo afectados de 12 ejidos del Municipio de Huimanguillo, Tabasco entregaron en mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, un documento donde se describen las problemáticas y demandas a PEMEX.

● Los pagos por las afectaciones ambientales no se han realizado, lo que ha derivado en protestas pacíficas de ejidatarios agrupados en la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, A.C.

Las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias (PEMEX) y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) se escudan en la llamada “Ley del Garrote” para incumplir acuerdos con pobladores de ejidos del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, inconformes por las pérdidas de cultivos y desaprovechamiento de terrenos de pastoreo derivadas del impacto ambiental por las actividades petroleras a su patrimonio, así como por las afectaciones por la retención de agua, ocasionadas con la instalación de infraestructura perteneciente a las empresas.

Pese a la existencia de acuerdos y minutas firmadas entre los ejidatarios agrupados en la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural A.C., mediante la directora Cecilia García Sánchez y representantes de dichas instituciones, los pagos por las afectaciones ambientales, sustentados jurídica y técnicamente, continúan sin realizarse, a lo que los pobladores han respondido con protestas pacíficas para exigir el pago de los adeudos y el respeto a su derecho a un medio ambiente sano.

Con las reformas y adiciones al Código Penal de Tabasco, conocida como la Ley del Garrote, se privilegian los intereses del gobierno, se criminaliza el derecho a la manifestación y limita aún más el acceso a la justicia, sostuvo Cecilia García Sánchez, directora de la Asociación Anauatlali quien desde 2018 lleva la representación legal de titulares de parcelas y propiedades privadas en el Municipio de Huimanguillo.

Existen suscritas diversas minutas de trabajo, agregó García Sánchez, entre personal de CENAGAS, PEMEX y el Presidente Municipal el Lic. Torruco, para atender las reclamaciones por pérdidas de cultivo y desaprovechamiento de terrenos de pastoreo, derivado de la retención de agua de los ciclos 2016, 2017, 2018 y 2019, minutas en las que se asumieron compromisos por las instituciones a las que se les reclaman compensaciones económicas.

El 30 de mayo, afectados de 12 ejidos pertenecientes al Municipio de Huimanguillo, Tabasco, ante la falta de respuesta, avances e incumplimiento de acuerdos firmados se trasladaron a la Ciudad de México, para entregar en propia mano al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un documento donde se describen las problemáticas, relató la directora de la Asociación.

Además, manifestó que personal de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se comprometió a dar seguimiento a las denuncias presentadas, sin embargo, a más de dos meses el apoyo de SEGOB consistió en girar dos oficios, de los cuales hoy no hay respuesta. Situación a la que se agrega la falta de respuesta de la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia de la República.

En el mes de mayo, continúa la directora de la Asociación, dos poblados ajenos a la representación de la Asociación, con las mismas afectaciones llevaron a cabo manifestaciones de protesta y bloqueando completamente el acceso a PEMEX y compañías a las instalaciones, atendiendo PEMEX de inmediato las reclamaciones retomaron negociaciones. En el mes de junio un poblado más realiza otro cierre total, impidiendo el acceso a PEMEX, a lo cual atienden de forma inmediata y mediante minuta de acuerdos entre los ejidatarios y personal de PEMEX se firmó el compromiso para realizar el pago a las afectaciones el 31 de julio.

Derivado de lo anterior, al constatar que PEMEX acudió a atender a los poblados que reclamaban y ante la falta de cumplimiento a los acuerdos y la nula respuesta por las diversas instituciones de gobierno, afectados de 13 ejidos unidos iniciaron una manifestación pacífica, en la cual a diferencia de los demás bloqueos, permitieron el ingreso de personal de PEMEX y compañías para realizar sus actividades, a pesar de esto el 16 de julio personal de la paraestatal solicitó apoyo de la policía municipal, seguridad física de PEMEX y la Secretaría de Marina, quienes se hacen presentes en los puntos donde se encuentran los manifestantes con personal fuertemente armado para intimidar a los manifestantes e ingresan a los poblados haciendo uso de la fuerza, para resguardar equipo y maquinaria de PEMEX y la compañía Schlumberger, hacia el Campo Ayocote, agregó.

“Nunca hubo un acercamiento previo por parte de personal de PEMEX para dialogar, solicitar permiso de paso o informar sobre las actividades que se realizarían, presentándose con un fuerte operativo en el que la policía municipal llegó con una postura de provocación, agrediendo físicamente a los manifestantes que se encontraban reunidos en la entrada al campo, ante las agresiones y al enterarse de los sucesos llegaron al lugar ejidatarios de diversos poblados”, destacó la directora de la Asociación Anauatlali.

El día 18 de julio, subraya, “nuevamente personal de Pemex ingresa a las comunidades con policías municipales y personal de seguridad física de PEMEX armados, solicita información a los manifestantes sobre la problemática y anuncia que la razón del operativo es porque se les había informado que la gente de la zona se encontraba con una postura de agresión, armada con machetes, palos y piedras, sin voluntad de diálogo o cooperación alguna, que no se dejaba salir maquinaria, ni realizar los cambios de guardias del personal que labora y que se tenía retenido a personal de la compañía Schlumberger, situación que personal de PEMEX confirmó que era falsa”, firmando compromisos en el lugar de los hechos.

Para el 22 de julio, relató la representante legal, nuevamente se incumplen los acuerdos firmados y Pemex se hace presente en la región afectada con otro fuerte operativo en el que participan helicópteros de la Marina con personal armado, sobrevolando a muy baja altura en los poblados, acompañado por personal con el distintivo de la Guardia Nacional, de seguridad física de Pemex y de la Policía Municipal, para custodiar maquinaria, vehículos y personal.

El 25 de julio se registra un incidente más, cuando pobladores ajenos a la manifestación pacífica, no permitieron la entrada hacia el campo Ayocote a personal de Pemex, a lo que la paraestatal responde el 27 de julio, con un operativo mayor encabezado por helicóptero de la Marina sobrevolando en más de 20 poblados, camionetas de Seguridad Física de Pemex, la Marina, Ejército, Guardia Nacional y Policía Municipal, bajo el argumento de una supuesta amenaza publicada en un diario de circulación local, criminalizando con ello la manifestación pacífica al no corroborar las acusaciones hacia los campesinos, días después a estos acontecimientos se realizan modificaciones a la llamada “ley del garrote”.

Las modificaciones al Código Penal de Tabasco no deberían ser necesarias si las acciones de gobierno fueran las adecuadas, si las empresas e instituciones atendieran la grave problemática de fondo, si los trabajos que se llevan a cabo en cada comunidad trajeran la inclusión real de los afectados, con respeto a su entorno, al medio ambiente, a la salud y sobre todo el respeto a la ley, finalizó Cecilia García Sánchez.

 

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