Ricardo Homs 

EL caso de Nayelli, de Huauchinango, Puebla, enfermera, que el 8 junio de 2016 viajaba en transporte público y fue violada por sujetos que abordaron la unidad, es sintomático de las grandes incongruencias legales de nuestro sistema de procuración de justicia.

Según ella explicó en el noticiero de Denisse Maerker, acudió a la agencia del ministerio público a denunciar el caso, donde fue recibida con gran indiferencia por las autoridades, que no hicieron el mínimo intento por brindarle ni la atención que el caso ameritaba, pues llevaba golpes evidentes y menos aún le procuraron justicia. Simplemente esta pasividad sospechosa de estas autoridades ya puede considerarse constitutiva de delito.

Ella tiempo después descubrió a uno de sus agresores en una patrulla de policía, de lo que se desprende que era un agente perteneciente a esa corporación y volvió a denunciar su descubrimiento. Sin embargo, como consecuencia de este nuevo acercamiento con la autoridad, el 17 de noviembre de 2017, sus agresores fueron a su casa y nuevamente la violaron y golpearon frente a su hija de tan solo dos años de edad, a quien agredieron.

Mientras hacían tan deleznables actos, vociferaban amenazas y se jactaban de tenerla vigilada y con toda la información necesaria para volverla a lastimar si no retiraba la denuncia.

Aquí cabe hacer la pregunta: ¿No es muy grave es que la información personal de las víctimas, que consta en los expedientes, no esté protegida y resguardada con responsabilidad para evitar el riesgo de que sea canalizada directamente a los delincuentes por funcionarios de las mismas instituciones?. ´

Esto vulnera y pone a las víctimas en estado de indefensión frente a sus agresores por segunda vez. Permite que sean agredidas o amenazadas para frenar la acción de la justicia y esto con la ayuda de las mismas autoridades.

El INAI, como institución reguladora y protectora de la privacidad de nuestra información personal, debe intervenir y fincar responsabilidades a las autoridades que comparten información con la delincuencia organizada, pues esto es lo que explica la gravísima impunidad que prevalece en el país.

El INAI debiese proponer al Congreso endurecer las penas, al grado de pagar con cárcel la filtración de información de expedientes judiciales y datos privados de las víctimas, lo cual siempre sucede en complicidad dentro de las agencias del ministerio público.

La inseguridad nace de la misma gente que trabaja dentro del aparato de procuración de justicia.

De nada sirve tener la mejor Guardia Nacional, si hay una puerta giratoria que libera a los delincuentes y peor aún, si las víctimas, localizadas a partir de la información privada que dejan en las agencias del MP son amenazados para que retiren la denuncia o por lo menos, dejen de darle seguimiento para que se paralice.

El problema de la inseguridad nace dentro de la estructura de la misma autoridad. Mientras no se trabaje hacia adentro y se persigan los delitos dentro de las mismas corporaciones, pero con castigos ejemplares, nuestra justicia seguirá siendo una farsa.

Es necesario dar valor a la información privada que corre por nuestro sistema de justicia y para ello debe legislarse con la gravedad que el tema merece. Que tenga fuertes consecuencias hacer mal uso de la información bajo resguardo de las autoridades. La información manipulada en el ámbito de la justicia puede hacer mucho daño. Es un reto para el INAI.