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Mientras gran parte de la atención mundial se centraba en los incendios que han devastado la selva tropical de Sudamérica en las últimas semanas, una lucha a miles de kilómetros de distancia se está librando para salvar una zona protegida.

La Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala se encuentra en un punto crítico de deforestación, pero hay una gran franja donde la tasa se ha mantenido en casi 0 desde el año 2000.

Sin embargo, lo que ha sostenido esta historia de éxito está amenazado. La periodista Lucy Sherriff explica por qué.

“Es un tremendo ejemplo de cómo manejar un bosque”, dice Alejandro Santos sobre el esquema de gobierno pionero en su tipo que permite a las comunidades locales administrar partes de la Reserva de la Biosfera Maya.

Santos es un economista ambiental que trabaja con los habitantes del lugar.

Dice que proteger la biosfera, que cubre una quinta parte de Guatemala, es clave no solo porque alberga una gran variedad de vida silvestre, sino también por sus capacidades de captura de carbono.

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El esquema, puesto en marcha desde 1994, otorga concesiones a 12 comunidades para administrar el 20% de la biosfera, lo que equivale a unas 400.000 hectáreas.

En las áreas gestionadas por las comunidades, la tasa de deforestación ha caído al 0,4% en los últimos años, como indica un estudio de la ONG internacional Rainforest Alliance.

En contraste, algunas de las áreas circundantes tienen algunas de las tasas de deforestación más altas de las Américas.

El parque nacional Laguna del Tigre es una de esas áreas.

Protegido bajo la ley del gobierno pero no administrado por las comunidades locales, ha perdido el 30% de su cobertura arbórea entre 2001 y 2018, según datos satelitales.

Sin embargo, en Carmelita, que es parte del plan, a las personas se les permite vivir del bosque, siempre que lo hagan de manera sustentable.

El modelo funciona”, dice Carlos Crasborn, residente en Carmelita y líder de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, el organismo que supervisa las concesiones y los enlaces con el gobierno.

Explica que la diferencia entre la tasa de deforestación en Laguna del Tigre y su comunidad muestra que permitir que las comunidades locales manejen el bosque es el camino a seguir.

“Nuestra lucha siempre ha sido probarnos ante el gobierno, y lo hemos hecho”, señala.

Futuro incierto

A pesar de su éxito, el futuro del modelo está en peligro.

Las concesiones, cada una de las cuales tiene su propia fecha de vencimiento, deben renovarse en los próximos cinco años.

El más cercano expira en 2020 y no hay garantía de que el gobierno guatemalteco lo renueve.

Una serie de industrias, incluyendo las del comercio de cemento, de telecomunicaciones y de turismo, tienen sus ojos puestos en la reserva que cuenta con ricos recursos y tierras maduras para el desarrollo.

Si el gobierno guatemalteco decide no renovar la concesión de Carmelita, la comunidad tendrá que abandonar el bosque.

“Hemos estado aquí durante 120 años y no parece justo que tengamos que irnos”, apunta Crasborn.

El ingreso que su comunidad obtiene del bosque asciende al equivalente a US$675.000 anualmente.

Las comunidades pueden ganar dinero a través de contratos con agencias gubernamentales y las ONG que ayuden a conservar el bosque, incluida una asociación con el proyecto GuateCarbon de la ONU, que paga a la población local por los servicios forestales.

Las fuentes de ingresos incluyen patrullaje forestal, prevención de incendios, cosecha de madera y productos no maderables, como hojas de palmera de xate, chicle y nueces de ramón.

Más de 15.000 personas viven en las comunidades que administran la reserva.

Entre esta población, los niveles de desnutrición infantil son más bajos, las tasas de asistencia a la escuela son más altas, y menos personas migran a las ciudades.

Poca fe
“¿A dónde iríamos? No sé dónde viviríamos”, dice Crasborn. La gente en Carmelita tiene poca fe en el gobierno, señala.

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“Sería muy triste ver que este bosque se convierta en pastoreo de ganado después de tanto trabajo duro”, agrega, refiriéndose al interés que la industria agrícola ha expresado en el área.

El gobierno se beneficiará financieramente de la venta del bosque a corporaciones privadas, además de que la presencia de petróleo significa que la tierra es particularmente valiosa.

Pero las consecuencias de no renovar las concesiones comunitarias se extenderían más allá del desplazamiento de las comunidades.

El bosque es una herramienta vital de captura de carbono y sostiene un abanico de biodiversidad, incluida la última población restante de una subespecie de guacamaya roja.

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La reserva alberga más de 500 especies de aves, así como jaguares, el tapir de Baird en peligro de extinción, y muchos más tipos de fauna y flora.

“Es muy difícil decir qué sucederá”, sostiene Gabriela Cordón, quien trabaja para Rainforest Alliance, una ONG que hace campaña en Guatemala para renovar las concesiones.

La BBC contactó a la oficina gubernamental que autoriza y renueva las concesiones, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta.

“El gobierno podría decir ‘no te preocupes, estará bien’, pero pueden cambiar de opinión.Históricamente, así es como funciona nuestro gobierno,no hay certeza. Esa es nuestra principal preocupación”, expone Cordón.

“No podemos confiar en que el gobierno tenga en mente los mejores intereses de las comunidades y los bosques, especialmente cuando hay organizaciones influyentes que tienen otros planes”.