DEBATE
Por Roberto Desachy Severino
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Si presuntamente los postulados de la llamada 4ta transformación son “no mentir, no robar y no traicionar”, entonces la eventual desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) será un ATAQUE a dichos preceptos, porque implicará DEJAR INDEFENSOS a los ciudadanos ante los diferentes niveles de gobierno y sus permanentes negativas a transparentar acciones y su práctica de ocultar datos financieros, de contratos, licitaciones, etc.
Con su promesa de colocar el “segundo piso de la 4T”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que desaparecer el INAI no implicaría desaparecer la transparencia, porque la secretaría de la Función Pública –del gobierno federal – se convertirá en la de Anticorrupción y Buen Gobierno. Así que, básicamente, su planteamiento es que el sector público se vigile a sí mismo y se obligue- o no lo haga- a dar INFORMACIÓN sobre el destino del dinero de TODOS LOS MEXICANOS, como sucedía en el país durante los años 50s y 60s, etc: Sheinbaum afirma que desaparición del Inai no representa el fin de la transparencia
Con el pretexto de que, según él, no le sirven al pueblo y cuestan mucho, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ocultó su obsesión por desaparecer los organismos autónomos, incluida la ÚNICA herramienta CIUDADANA para tener acceso a la información pública, el INAI: AMLO: Sería muy bueno desaparecer organismos autónomos; se ahorrarían 100 mmdp anuales
Lo cierto es que el INAI emitió resolutivos que NO LE GUSTARON NADA a AMLO, como cuando una de sus dependencias, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y la misma secretaría de la Función Pública (SFP) intentaron OCULTAR información sobre anomalías financieras por 6 mil 500 millones de pesos en uno de los PEORES escándalos de CORRUPCIÓN del sexenio pasado: SEGALMEX debe dar a conocer denuncias ante FGR por faltante de casi 900 millones de pesos, detectado en auditorías: INAI
TREN MAYA Y DOS BOCAS, LAS ENTRAÑAS DEL LOPEZOBRADORISMO
Pero el organismo no solamente obligó a PROFUNDIZAR y exhibir investigaciones sobre el caso Segalmex, sino que también forzó al ex presidente a TRANSPARENTAR datos de sus MEGA PROYECTOS, como el Tren Mayo, que AMLO quiso siempre mantener reservados por las acusaciones de sobrecostos, daño ecológico, retrasos, falta de permisos, etc: SEMARNAT debe entregar autorización provisional para construcción de tramo 4 del tres maya: INAI
Otro asunto que probablemente enconó al ex titular del ejecutivo federal contra el INAI fue el de la refinería Dos Bocas, otro mega programa amlista, que –en octubre del año pasado –ordenó transparentar y del que se acusó un notorio incremento en el precio y atrasos en la concreción: PEMEX DEBE DAR A CONOCER EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LA REFINERÍA OLMECA EN DOS BOCAS, TABASCO
Pero el INAI no solamente obligó a López Obrador a TRANSPARENTAR el dinero PÚBLICO destinado a sus mega proyectos, sino que también intervino en casos emblemáticos que exhibieron la BRUTAL corrupción del ex presidente priísta, Enrique Peña Nieto, como la estafa maestra (desviación del dinero federal a través de distintas dependencias), la casa blanca (la relación del ex mandatario con el grupo Higa).
Incluso, el INAI intervino en el emblemático y multinacional asunto Odebrecht, durante el peñato, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 6 ejecutivos de la empresa de pagar 10.5 millones de dólares en sobornos en México: FGR acusa formalmente a Emilio Lozoya; pide 39 años de cárcel por caso Odebrecht
DESAPARECER EL INAI Y DISPARARSE EN EL PIE
Tampoco es cierto el argumento amlista de que el INAI cuesta mucho y/o no genera beneficios para el pueblo. Al contrario, desaparecerlo puede significar un disparo contra las arcas federales, porque el año pasado generó más de 46 millones de pesos en multas por violar la ley de Datos Personales: SCJN resolvió que el INAI cuenta con atribuciones para emitir normas en la protección de datos personales
De acuerdo con los registros del instituto, los sectores más sancionados fueron servicios financieros y de seguros con 21millones 415 mil 045 pesos; información en medios masivos, con 6 millones 765 mil 633 pesos; comercio al por menor, con 5 millones 487 mil 401 pesos.
Entre las conductas más frecuentes motivo de castigo: Tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, incumplir con el deber de confidencialidad, omitir en el Aviso de Privacidad alguno de los elementos que exige la ley.
En el primer semestre de 2024 se presentaron 11 mil 685 recursos de revisión, casi 9 por ciento más que el año pasado y los 10 organismos con más denuncias:
1. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 1,331 quejas.
2. Petróleos Mexicanos (Pemex), con 489 quejas.
3. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 465 quejas.
4. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con 398
quejas.
5. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con 357 quejas.
6. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 308 quejas.
7. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), con 304 quejas.
8. Secretaría de Educación Pública (SEP), con 269 quejas.
9. Secretaría de la Función Pública (SFP), con 227 quejas.
10.Tribunal Superior Agrario, con 221 quejas.
Llama la atención que entre las 10 dependencias y/o instituciones con más señalamientos ante el INAI se encuentre, precisamente, la secretaría de la Función Pública, instancia que, aunque con otro nombre, de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum se encargará de las funciones que en este momento realiza el organismo.
Vale la pena preguntarse ¿qué hará la SFP y/o la futura secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con las quejas o solicitudes de información de ciudadanos, ONGS y periodistas hacia ella misma; es decir, cómo hará el propio gobierno federal para resolver las inquietudes generadas por programas, recursos o decisiones de la misma SFP?.
¿El hecho de que el sector público se autovigile o se autoordene -o no- transparentar el destino de fondos nacionales no se convertirá en un claro conflicto de interés?.