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La cofundadora y directora de la Clínica Loyola de Justicia para Inmigrantes, de la Escuela de Leyes de la Universidad Loyola Marymount, dictó la conferencia inaugural de la segunda edición del Encuentro de Clínicas Jurídicas de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Asilo.

Aunque no se ve en los mapas ni en las imágenes satelitales, entre Jalisco y California hay un puente firme y sólido. Buena parte de las personas inmigrantes en Los Ángeles son de origen jalisciense, por lo que los habitantes de Jalisco tienen arraigados vínculos de ida y vuelta con aquella ciudad estadounidense. No sólo eso: Guadalajara se encuentra en un punto estratégico de la ruta migratoria que siguen las personas en situación de movilidad humana que buscan llegar a Estados Unidos, y también es punto de llegada para quienes son retornadas desde el vecino país del norte. Estas razones fueron determinantes para elegir al ITESO como sede del Binational Migrant Advocacy Proyect (BMAP), clínica jurídica que dará atención a personas en situación de movilidad y retornadas y que conjuntará los trabajos de la Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Universidad Loyola Marymount y de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Tijuana.

El anuncio de este proyecto binacional fue realizado durante la conferencia “La enseñanza clínica y el apoyo en la comunidad”, impartida por Marissa Montes durante la inauguración de la segunda edición del Encuentro de Clínicas Jurídicas de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Asilo.

Montes es académica de la Escuela de Leyes de la Universidad Loyola Marymount, además de cofundadora y directora de la Clínica Loyola de Justicia para Inmigrantes (LIJC, por sus siglas en inglés). Hace ya varios años recibió una invitación del ITESO para participar como profesora en el Verano Internacional y desde entonces la relación entre ambas instituciones se ha fortalecido.
Al hacer el anuncio, la académica señaló que el objetivo del BMAP es “atender a la comunidad migrante binacional. Buscamos dar respuesta a una necesidad de la comunidad migrante y la Universidad Loyola ya realizó una donación importante para establecer la clínica en el ITESO y replicar aquí el modelo que implementamos en Los Ángeles”.

Para explicar en qué consiste el modelo, Marissa Montes comenzó la conferencia compartiendo su experiencia personal. Nacida en Guadalajara, su familia tuvo que dejar la ciudad y el país por la violencia y por problemas económicos. Si bien se trasladaron de manera regular, no por eso la cosa fue más sencilla. Al llegar a Estados Unidos se encontraron un gran número de dificultades, que fueron solventando gracias a la solidaridad de la comunidad de migrantes que, sin importar la nacionalidad de sus integrantes, les brindó apoyo hasta que lograron estabilizarse. “Nos apoyó la comunidad, no un gobierno, no una autoridad. Todos teníamos algo en común: el sacrificio de haber dejado el lugar de origen. Elegí estudiar Derecho y dedicar mi ejercicio profesional para honorar a esa comunidad, que conocía los problemas que tenían que enfrentar y sabía las soluciones”.

Expuso que la clínica jurídica que encabeza se basa en la comunidad y que con ese mismo principio se busca formar a las y los estudiantes que colaboran en ella, con la idea de “cambiar la dinámica del poder en el ejercicio del Derecho. Es muy común que el abogado sea quien da las órdenes de qué hacer a la comunidad, sin tomar en cuenta sus necesidades. Nosotros queremos darle la vuelta y usar el privilegio que tenemos como abogados para atender las necesidades de la comunidad. La comunidad migrante tiene su propia agenda, nos toca a nosotros impulsarla”.

En esa línea, Marissa Montes dijo que la clínica busca generar alianzas con iglesias, comedores, albergues y otras organizaciones que trabajan con personas en situación de movilidad, para establecer contactos y generar confianza. También compartió que trabajan en tres líneas: la representación directa y pro se (o autorrepresentación) —en la que se llevan casos de solicitudes de asilo, residencia, ciudadanía, y también de violencia contras las mujeres, entre otros—; la educación comunitaria —para que las personas conozcan sus derechos y las leyes aplicables—, y los proyectos de incidencia —desarrollo de políticas públicas locales, campañas en medios, etcétera.

La académica contó que cuando las Caravanas de Migrantes comenzaron a llegar a Tijuana y Mexicali fueron para dar información a las personas y se dieron cuenta de que ya era tarde: ya estaban en el cruce fronterizo. Ahí detectaron la importancia de encontrar un punto medio en la ruta, de ahí que se eligiera a Guadalajara como sede del proyecto binacional.

Clínicas jurídicas: poner el derecho al centro

La apertura del Encuentro de Clínicas Jurídicas de Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Asilo contó con la presencia y las palabras de Daniel MacGuire, oficial superior de Protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Ricardo Ortega, director de la Escuela de Derecho de la Ibero Ciudad de México; Catalina Morfín, titular de la Dirección General Académica del ITESO; Giovanni Lepri, representante de ACNUR México, y Alexander Zatyrka, SJ, rector del ITESO.

Al hablar de la actividad, Daniel MacGuire dijo que “es un encuentro clave para explorar las posibilidades que ofrecen las clínicas jurídicas”, y añadió que el trabajo legal que realizan estas instancias es muy importante para ACNUR y las personas solicitantes de refugio. La prueba, dijo, está en los casos que las clínicas llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la Suprema Corte, además del seguimiento que realizan para obtener protección legal para las personas. “Las clínicas son unos aliados fuertes y estratégicos”, expresó.

A su vez, Ricardo Ortega agradeció el apoyo que recibió de parte de ACNUR la Escuela de Derecho de la Ibero Ciudad de México, que permitió instalar una clínica jurídica para personas refugiadas. “Esto fue determinante, porque nos permitió crear la primera clínica, de donde surgió el sistema de clínicas jurídicas que hoy suma ocho”. Sobre este modelo, Ortega dijo que “en México no hay una cultura de la enseñanza clínica del derecho”, aun cuando este modelo es importante porque resulta benéfico “para las y los estudiantes, porque les permite complementar su visión [del derecho] y para las personas que acuden a las clínicas”.

Para el representante en México de ACNUR, otro aspecto valioso del encuentro es que “pone el derecho al centro”. Giovanni Lepri dijo que esto es relevante porque “el tema de la movilidad humana es un tema de derechos, no de solidaridad, no de empatía, sino de garantizar el acceso de las personas a sus derechos”, e hizo un llamado para que más universidades se sumen a los esfuerzos que se realizan para atender el tema de la movilidad humana y, sobre todo, para quitar la perspectiva negativa. “Las personas van a seguir llegando desde el sur, pero también desde el norte y México es un punto de recepción. Es necesario trabajar con una visión humanista, de derechos y de oportunidades”.

Catalina Morfín dijo que el encuentro es una oportunidad para incrementar la colaboración entre las clínicas jurídicas y trabajar en red con ACNUR para “analizar vías para alcanzar una justicia más rápida con cercanía, cuidado y respeto”. Compartió tres reflexiones: la primera, en torno a la importancia de dar voz a las personas en situación de movilidad; la segunda, sobre la necesidad de entender el mundo como una comunidad en la diversidad; finalmente, dijo que las universidades deben ser movidas por la esperanza y, en el caso de las universidades jesuitas, deben ejercer “el oficio de consolar, para construir una vida mejor mediante la amorosa compañía”.

Para cerrar, Alexander Zatyrka, SJ, enlazó el encuentro con el aniversario 50 de las Orientaciones Fundamentales del ITESO y describió el momento actual como “crítico para la región”. Dijo que el aumento de personas en situación de movilidad plantea “desafíos en términos de atención y acompañamiento”, por lo que el trabajo de las clínicas jurídicas “es fundamental para dar apoyo legal, defender los derechos humanos y promover la justicia social”. También mencionó que es indispensable “la compasión activa, a través de una acción concreta que transforme a la sociedad”, y finalizó diciendo que el encuentro es un momento “de aprendizaje y de acción, para reafirmar el compromiso con aquellos que más lo necesitan”.