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La violencia persistente, incluida la violencia de género, los conflictos por la tierra y la impunidad, son algunos de los desafíos de derechos humanos más graves de Honduras, ha asegurado este viernes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos al presentar su último informe sobre el país.

“Si bien observo una reducción de los homicidios, la violencia y la inseguridad siguen estando profundamente arraigadas y son comunes, afectando particularmente a las mujeres y a las personas LGBTQ+”, dijo Volker Türk.

El año pasado se registraron 380 muertes violentas de mujeres, así como 47 asesinatos de personas LGBTQ+. Mientras siguen faltando protocolos especializados para que las instituciones de justicia penal puedan abordar las altas tasas de violencia contra las mujeres, según el informe.

Para que el Estado pueda asegurar un entorno seguro y libre de crimen organizado, necesita los recursos y políticas necesarios para abordar las enormes desigualdades en el país, los flujos financieros ilícitos, impuestos y corrupción, recomienda Türk.

“También es importante desarrollar una política de seguridad nacional coherente basada en los derechos humanos que incorpore medidas de prevención”, asegura.

El Alto Comisionado se dice preocupado por el incremento de la militarización de la seguridad pública y el sistema penitenciario.

“Por dar un ejemplo, tras el trágico ataque ocurrido en junio en la prisión de mujeres de Támara, en el que murieron 46 mujeres privadas de libertad, el Gobierno devolvió la administración del sistema penitenciario a la policía militar. Desde entonces hemos recibido información de que algunas de las acciones de la policía militar pueden llegar a constituir malos tratos”, indicó Türk.

Además, se mostró especialmente preocupado por el actual estado de emergencia, que ha estado vigente desde hace más de 15 meses, y que otorga a la policía nacional y a la policía militar poderes para implementar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales.

Discriminación de pueblos indígenas y afrodescendientes

En todo Honduras persisten los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y los recursos naturales, siendo los pueblos indígenas, los pueblos afrohondureños y los campesinos los más afectados por la violencia, la apropiación de tierras y los desalojos.

“Me preocupa mucho el hecho de que Honduras siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dijo Türk.

Los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron el año pasado, con unas 561 personas víctimas de agresión. Al menos 15 personas defensoras de los derechos humanos y dos periodistas fueron asesinadas.

“Mi Oficina alienta firmemente a las autoridades a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y a implementar todas las medidas institucionales necesarias para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”. agregó.

Por otro lado, Türk saludó la derogación y reforma de Decretos del llamado “Pacto de Impunidad” por parte del Congreso Nacional, así como la voluntad del Gobierno de abordar la corrupción.

La corrupción drena el país

Sin embargo, los altos niveles de corrupción e impunidad continúan agotando los recursos disponibles para el país, así como erosionando la confianza en las instituciones públicas.

“Insto a Honduras a que adopte medidas para garantizar transparencia y rendición de cuentas, incluidas aquellas para fortalecer el poder judicial, el Ministerio Público y otras instituciones nacionales claves contra la corrupción, y garantizar su independencia”, añadió.

También saludó el nuevo proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, y el énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la paridad de género: “Esto representa una oportunidad concreta para que Honduras fortalezca el estado de derecho y el acceso a la justicia”.

Al mismo tiempo, dijo que su Oficina continúa instando a realizar progresos en las investigaciones de las graves violaciones cometidas en la década de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis postelectoral de 2017.

“También doy la bienvenida al histórico proyecto de ley recientemente aprobado que protege los recursos naturales y las áreas protegidas en favor de los derechos de las comunidades afectadas. Esta ley, junto con el decreto ejecutivo para garantizar los derechos ancestrales y de propiedad del pueblo garífuna, son cruciales para avanzar en el disfrute de los derechos de los más vulnerables”, aseguró.