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El contexto de sucesivas crisis internacionales, incluida la guerra en Ucrania, están poniendo en peligro el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos y a los insumos claves para la agricultura regional, según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

“Los impactos de la guerra en Ucrania sobre los sectores productivos deben entenderse en el contexto de las diversas crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera de 2008, las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China y, desde 2020, la pandemia de COVID-19”, afirma el estudio del organismo.

Del mismo modo, alerta que la prolongación de estas crisis, donde coinciden varias amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo ponen en peligro la seguridad alimentaria, sino que también podrían conducir a retrocesos regionales y mundiales en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible.

“Las alzas de los precios internacionales de los alimentos e insumos afectan tanto a los países exportadores como a los importadores netos de alimentos. Además, la región importa más de 80% de los fertilizantes utilizados en la agricultura. Una reducción en los rendimientos y las cosechas de productos claves para la seguridad alimentaria debido a una menor fertilización se sumaría a los efectos dañinos de la inflación de alimentos sobre la población más vulnerable”, señaló el secretario ejecutivo de la Comisión, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Los tres organismos llamaron a fortalecer la producción agrícola y los sistemas de protección social y extender su alcance al área rural en respuesta al triple desafío que supone el combate a la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza extrema, y el apoyo a la producción de alimentos en la región.

El documento añade que la inflación en el sector alimentario aumenta el riesgo de problemas de acceso a una dieta saludable, a la inseguridad alimentaria y al hambre ya que afecta de forma más pronunciada a los hogares con menores ingresos.

“Los precios de los alimentos han aumentado más que la inflación general en la región desde fines de 2018 y se han acelerado a partir de mayo de 2020. El índice de precios de los alimentos a nivel regional a 12 meses alcanzó un 11,7% en septiembre de 2022, frente a un 7,1% en el caso de la inflación general”, alerta el estudio

Más hambre durante el trienio 2019-2021

El subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, recordó que “el hambre aumentó en la región en un 30% entre 2019 y 2021. La alta dependencia de la importación de fertilizantes y la variación de los precios de los alimentos tiene un impacto negativo e inevitable en los medios de vida, principalmente de la población rural, y en el acceso a una dieta saludable”.

Mario Lubetkin añadió que, “si bien el índice de precios de los alimentos bajó en los últimos 7 meses, su nivel aún se mantiene 14% más alto en comparación al 2021. El fortalecimiento de los sistemas de protección social en las zonas rurales, particularmente orientados a agricultores familiares; y eliminar las restricciones al comercio internacional de alimentos y fertilizantes serán medidas clave en el proceso de respuesta a la actual crisis”.

A más protección social, menos vulnerabilidad

El informe también destaca la necesidad de reforzar el papel activo que tienen los sistemas de protección social, incluyendo los programas nacionales de alimentación escolar, para evitar que los segmentos más vulnerables de la población, como los niños y los ancianos, se vean irreversiblemente afectados por el alza de precios de los alimentos.

“En un escenario regional donde la pobreza multidimensional está cada vez más vinculada a la inseguridad alimentaria y nutricional y donde diferentes crisis se están sumando a inequidades estructurales profundas, los sistemas de protección social, incluyendo a la alimentación escolar, juegan un papel fundamental en mitigar la vulnerabilidad de las personas antes, durante y después de las crisis”, indicó Lola Castro, directora regional del PMA para América Latina y el Caribe.

Finalmente, el estudio destaca la necesidad de garantizar el acceso de los pequeños productores a los fertilizantes y biofertilizantes, con la condición de focalizarlo “en los productores que más lo necesitan y se condiciona a la mejora de la eficiencia en el uso de estos insumos y de la sostenibilidad de la actividad agropecuaria”.

La financiación de esas iniciativas no solo debe formar parte de los presupuestos públicos, sino también incluir a los bancos de desarrollo, la banca privada y otras alternativas de financiamiento internacional como los bonos verdes y sociales, agrega el análisis.