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El Gobierno de España debe hacer más, para proteger a los niños de la violencia doméstica y los abusos sexuales, garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y de género, dijeron hoy expertos de la ONU*.

Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos, dijeron los expertos. Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres.

Los expertos se mostraron especialmente preocupados por el caso de Diana García M., que recientemente perdió la custodia en primera instancia de su hija de 6 años tras ser acusada de obstaculizar la relación entre la niña y su padre. A pesar de los antecedentes de violencia doméstica y de las pruebas que apuntaban a que había cometido abusos sexuales contra su hija durante años, el padre obtuvo la custodia completa en el juzgado de Pozuelo de Alarcón.

“A pesar de las claras directrices en sentido contrario de la Convención sobre los Derechos del Niño, los tribunales siguen determinando que el interés superior del niño y de la niña es siempre mantener el contacto con uno de sus progenitores, incluso cuando éstos son violentos o abusivos”, afirman los expertos.

“Una de las causas fundamentales de este problema es la existencia de un sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres”, dijeron los expertos. “Las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos”.

Aunque han seguido de cerca la situación durante casi una década y han compartido sus preocupaciones con el Gobierno, los expertos siguen recibiendo información de nuevos casos en España de madres que pierden la custodia de sus hijos a manos de padres maltratadores. Acusadas de dificultar el contacto de los padres con sus hijos -fenómeno conocido como “alienación parental”-, estas mujeres han sido castigadas por los tribunales en lugar de conseguir la protección de su prole.

La teoría de la alienación parental, aunque carece de apoyo científico creíble, refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño. Aunque el concepto de alienación parental es teóricamente neutro en cuanto al género, las investigaciones realizadas en España y las opiniones de los expertos que siguen el tema han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la “alienación parental”, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia.

Aunque están prohibidas por la reciente legislación española, las teorías sobre la “alienación parental” parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales en España.

Tales teorías aprovechan las actitudes patriarcales arraigadas en el sistema legal, así como una creciente oleada de críticas contra la igualdad de género en varios países donde los grupos anti-derechos han retratado los derechos de las mujeres como “anti-familia.”

“Guiados por teorías pseudocientíficas y regresivas, como la alienación parental, los tribunales de España y otros países no están garantizando el derecho de los menores a estar libres de violencia ni el derecho de las mujeres a la no discriminación”, dijeron los expertos. Esta preocupante tendencia se ha detectado también en otros países de Europa, América Latina y otras regiones.

“España debe hacer más, para que su legislación sea operativa y para que todos los funcionarios del sistema de justicia apliquen un enfoque sensible al género y centrado en el niño en los casos de custodia de los hijos y de violencia doméstica, además de tomar medidas efectivas para prevenir estos actos de violencia que pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso tortura”, dijeron los expertos. “El Gobierno debe cumplir con su responsabilidad de garantizar que los niños, las niñas y las mujeres puedan vivir y prosperar libres de violencia”.