Mtro. Gonzalo Abad Frías

México enfrenta un desafío monumental: alinear su nivel educativo con su condición de país de ingreso medio. Las evaluaciones internacionales más recientes, como el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), revelan una realidad preocupante. En 2022, México ocupó el lugar 35 de los 37 países miembros de la OCDE, con un promedio de 407 puntos, muy por debajo del promedio general de 478.

La situación es más alarmante en el sureste mexicano. Décadas de políticas neoliberales, marcadas por corrupción y abandono, afectaron gravemente a millones de estudiantes, especialmente a indígenas y campesinos. Este periodo impulsó una privatización de facto de la educación y desvió a maestros capacitados hacia el sector privado mediante incentivos salariales, comprometiendo así la misión esencial de la escuela pública.

Actualmente, México enfrenta un doble reto: un sistema educativo debilitado, carente de mecanismos efectivos de supervisión y evaluación, y una infraestructura en condiciones deplorables. Entre el 70 % y el 90 % de las escuelas carecen de servicios básicos como agua potable, techos adecuados, electricidad suficiente, talleres funcionales, laboratorios certificados y, en casos extremos, sanitarios. En este contexto, los docentes se ven forzados a priorizar su supervivencia económica sobre su vocación educativa.

Es crucial replantear el papel de los maestros. No basta con garantizar salarios dignos o incentivos económicos; se requiere una política educativa integral que promueva su bienestar personal y profesional. Esto incluye acceso a vivienda, formación continua alineada con estándares internacionales, herramientas pedagógicas innovadoras diseñadas en México y oportunidades para expandir sus conocimientos a través de programas internacionales.

El objetivo debe ser claro: los docentes necesitan condiciones que les permitan alcanzar su felicidad y satisfacción personal, a la vez que contribuyen al desarrollo social. Los jóvenes maestros no deberían enfrentarse a un entorno de escasez, ni a que la batalla por la subsistencia sea su principal frente: Por el contrario, deben ser agentes transformadores, capaces de construir una cultura de paz y fomentar la participación comunitaria desde una perspectiva humanista.

La Cuarta Transformación ha planteado una visión de cambio, pero para que esta sea efectiva, debe priorizar la educación. Sin maestros comprometidos y apoyados, no hay futuro para la nación. Ante la grave crisis de valores y violencia que enfrenta el país, la educación emerge como el medio más poderoso para romper esta espiral.

Propongo las siguientes acciones, enmarcadas en un compromiso del Estado de invertir al menos el 8 % del PIB en educación, y al menos 15% del PIB local en la zona del sureste:

1. Implementar formación docente permanente con estándares internacionales, incluyendo atención a la educación especial.

2. Establecer evaluaciones reales y continuas para supervisores y jefes de sector.

3. Modernizar la infraestructura educativa de nivel básico y medio superior.

4. Crear un Consejo Nacional para la deliberación continua sobre el futuro educativo.

5. Promover la participación activa de las familias para exigir resultados de excelencia educativa.

México debe recuperar la riqueza estratégica de su sistema educativo: maestros formados para enseñar con respeto a los derechos humanos y con una visión humanista. Solo así será posible revalorizar la escuela pública como promotora de paz y de desarrollo social.

Estoy convencido de que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar el rumbo de nuestro país. Es indispensable elevar los resultados educativos, comenzando por quienes menos tienen y quienes han sido olvidados durante décadas. A ellos nos debemos como sociedad.