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El martes (13), agentes de la Policía Federal de Brasil, en colaboración con fiscales italianos y la Guardia di Finanza de Italia, lanzaron la Operación Arancia.

En un comunicado, la policía brasileña informó que las investigaciones, que comenzaron en 2022, están dirigidas contra una organización criminal sospechosa de lavar dinero para la mafia italiana en el estado brasileño de Río Grande del Norte. Se cree que la mafia ha estado operando en la región durante casi una década.

“Las pruebas recopiladas hasta ahora indican que la mafia italiana utilizaba empresas ficticias y testaferros para facilitar la transferencia y ocultación de fondos ilícitos provenientes de actividades delictivas internacionales”, señala el comunicado.

Se estima que la organización ha invertido al menos R$ 300 millones (aproximadamente 55 millones de euros) en Brasil, utilizando estos fondos para adquirir propiedades e infiltrarse en los mercados inmobiliario y financiero del país. No obstante, el valor total de los activos invertidos podría superar los 500 millones de euros a precios actuales, según las autoridades italianas.

La operación ha resultado en una orden de detención contra un presunto mafioso y cinco órdenes de búsqueda y captura en tres estados brasileños: Río Grande del Norte, Río Grande del Sur y Piauí.

Esfuerzos combinados

La Dirección Antimafia del Distrito de Palermo, en Italia, coordinó simultáneamente 21 registros en diversas regiones de Italia y Suiza, movilizando a más de 100 agentes financieros italianos. Algunos de estos agentes están actualmente en Brasil para asistir en la ejecución de las órdenes judiciales en la ciudad de Natal, informó la policía brasileña.

Los delitos investigados incluyen asociación mafiosa, extorsión, blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de valores, con el agravante de apoyo a familias mafiosas.

Como parte de las medidas para desmantelar la operación y recuperar los activos financieros, los tribunales federales han autorizado la incautación de propiedades y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos y las empresas ficticias implicadas.

“Estos esfuerzos tienen como objetivo garantizar la reparación de los daños causados por las actividades ilícitas y evitar la continuación de las operaciones delictivas”, concluyó el comunicado de la policía.