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La Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) necesita con urgencia 93,6 millones de dólares para el plan de respuesta a los terremotos que azotaron a la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, provocando la muerte de 2000 personas y afectando gravemente a 66.000 más sólo en el norte de la capital provincial, de acuerdo con las evaluaciones preliminares.

Las imágenes de satélite indican que 289 aldeas sufrieron daños mayores y muchas de ellas quedaron destruidas. El terremoto más reciente del domingo pasado afectó a unas 30 nuevas aldeas, obligando a las familias a vivir en refugios improvisados o asentamientos informales en los que a menudo duermen a la intemperie con temperaturas que bajan cada vez más.

OCHA explicó que la gente puede permanecer varias semanas en tiendas de campaña, pero que luego precisará alguna forma más sostenible de refugio o refugio de transición que les ofrezca más protección.

No hay agua limpia

El coordinador residente de las Naciones Unidas en ese país, Daniel Endres, informó este martes en una rueda de prensa desde Kabul que en este momento lo más apremiante es resolver el suministro de agua potable para la población.

“No hay agua para la gente. Es necesario llenar las cisternas y reparar los sistemas de agua que fueron dañados y que están llenos de escombros. Ahora hay un riesgo de enfermedades porque el agua se va a contaminar”, advirtió Endres.

Explicó que la provincia de Herat sufrió tres terremotos de 6,3 grados de magnitud en la escala de Richter: el primero el 7 de octubre, el segundo el 11, y el tercero, el pasado domingo 15.

“Las estimaciones hasta ahora indican que hay unas 66.000 personas damnificadas, pero esta cifra aumenta a medida que continuamos evaluando la situación”, agregó.

El año siguiente al terremoto es crítico

Endres recordó que cuando se produce un desastre, la respuesta es, en su fase inicial salvar vidas. “Pero es muy importante que seamos plenamente conscientes de que la tarea más importante llega en los doce meses subsecuentes, con la necesidad de reconstruir las infraestructuras, en particular las que proveen agua, y luego, por supuesto, las casas destruidas”.

Durante el mismo encuentro con la prensa, la subdirectora de OCHA para Afganistán precisó que el plan específico para atender la contingencia de los terremotos tiene una duración de seis meses, y aclaró que será absorbido por el plan de respuesta humanitaria amplia para 2023 que ya existe en el país.

Kate Carey señaló que si bien no se están solicitando recursos adicionales, no cuentan con los fondos suficientes toda vez que el plan general “sólo ha recibido el 30% del dinero solicitado”.

Cooperación de las autoridades de facto

En cuanto a las facilidades para el trabajo de la ONU en el terreno, los funcionarios señalaron que las autoridades de facto de Afganistán han colaborado con el personal humanitario.

No nos han restringido el acercamiento a la gente, incluida la atención a las mujeres por parte de las trabajadoras de salud, que también han podido desempeñarse sin trabas, reportaron.

Expertos piden no deportar de Pakistán a 1,4 millones de afganos

Por otra parte, tres expertos en derechos humanos instaron al gobierno de Pakistán a detener la deportación masiva de afganos que ha anunciado, y que afectaría a 1,4 millones de nacionales de Afganistán.

El gobierno paquistaní dispuso recientemente que todos los extranjeros “indocumentados” deben abandonar el país antes del 1 de noviembre o serán deportados a sus países de origen.

En un comunicado conjunto, los relatores especiales sobre los derechos de los migrantes, sobre la situación de las garantías fundamentales en Afganistán y sobre la violencia contra las mujeres y niñas, destacaron que Pakistán ha acogido durante décadas a millones de afganos y manifestaron preocupación por las graves implicaciones de derechos humanos y humanitarias que tendría la medida.

Los expertos advirtieron que los afganos deportados correrían el riesgo de sufrir daños irreparables y abusos de derechos humanos en su país, por lo que exhortaron a Pakistán a “defender el principio absoluto e inderogable de no devolución y a impedir la expulsión colectiva y el retorno forzado”.

Los relatores enfatizaron que la falta de leyes y procedimientos nacionales de asilo no exime a los Estados de sus obligaciones de defender el principio de no devolución según los derechos humanos internacionales y el derecho consuetudinario.

Asimismo, dijeron que la prohibición de la devolución está incluida explícitamente en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Pakistán es Estado parte.